El Coordinador de Derechos Humanos de los Colegios Profesionales de Chile desea respaldar la lucha de los estudiantes en defensa de uno de los derechos humanos más importantes: el derecho a la educación. La crisis de la educación es parte de la crisis integral de la herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, modelo exhibido sin caretas ni pudores.
Signos de ello son hechos como la autorización oficial del homenaje a un dictador culpable de delitos de lesa humanidad; la violencia ejercida contra comunidades mapuche allanadas por fuerzas especiales que balean a niños y ancianos; la condonación de intereses en impuestos a grandes empresarios; los intentos de rebaja de salarios encubiertos bajo el proyecto de flexibilización laboral; Y la ruina de familias con sus bienes embargados por no poder pagar el crédito CORFO. Esta es la “educación”, el mensaje dirigido desde el Estado a la sociedad, para disciplinarla en tiempos de movilización social y crisis global del capitalismo. Una pancarta estudiantil proclamaba el año pasado “somos los que perdimos el miedo”, y ya no hay vuelta atrás en la toma de conciencia de las nuevas generaciones y de cada vez más importantes sectores ciudadanos conscientes de sus derechos. El fraude de la Universidad del Mar es el ejemplo perfecto del lucro como motor académico y pone de relieve los conflictos de interés en la acreditación, que se extienden a todas las universidades.
Nuevamente la calle es el espacio en que se expresa la lucha por educación pública gratuita y de calidad, y los estudiantes secundarios y universitarios marchan para recordarnos a los chilenos y chilenas que aunque el tema ha ingresado a la agenda ciudadana, no hay respuestas de fondo. El gobierno sólo ofrece propuestas que continúan perpetuando el concepto educación = mercancía ofrecida a los consumidores a precios variables, ahora con nuevos sistemas de créditos. El modelo educativo perpetúa la desigualdad social que caracteriza a Chile. El acceso a cada nivel de la educación seguirá marcado por el origen social y por consiguiente, quienes provienen de la educación municipalizada o subvencionada tendrán escasas posibilidades de acceder a la educación superior, pues la PSU se mantiene como filtro para ellos. Una verdadera reforma tributaria que financie y garantice una educación de calidad desde los estudios básicos a los superiores, asegurando que quienes ganan más paguen más impuestos, es la forma de avanzar hacia la gratuidad en lugar de continuar con el financiamiento compartido y el lucro para privados con dinero del Estado a nivel de la educación escolar y superior. El porcentaje del presupuesto nacional destinado a educación debe ser al menos 5 veces superior al actual, el más bajo de los países miembros de OCDE.
Saludamos la lucha estudiantil, y desde los Colegios Profesionales expresamos nuestra voluntad de acompañar las propuestas de CONFECH, y de las organizaciones de los estudiantes secundarios, desde nuestros propios ámbitos de influencia y acción, para colaborar a engarzar sus demandas rupturistas con otras demandas ciudadanas y sociales en curso. Es necesario impulsar ahora una nueva constitución que cambie las bases de este modelo y una ley de educación elaborada con la participación de todos los actores sociales y expertos de la comunidad educativa chilena. Esperamos y necesitamos escuelas, liceos y universidades, que aporten al desarrollo social del país y a su conciencia crítica, que sean equitativas en cuanto a la composición social de sus estudiantes, pero también aseguren un aporte sustantivo al desarrollo de la ciencia y tecnología ahora al servicio de los intereses y necesidades del pueblo chileno…
Coordinador de Derechos Humanos Colegios Profesionales de Chile
Luis Astorga J.
Contador Público
Capitulo de Derechos Humanos Colegio de Asistentes Sociales, Comisión de Derechos Humanos
Colegio de Contadores de Chile R.M., Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas, Colegio de Matronas de Chile, Colegio de Médicos Veterinarios.
Santiago, 15 junio 2012