Los diputados de la Comisión Investigadora por los errores tras el terremoto y tsunami del 2010 establecieron las responsabilidades de las autoridades en aquel entonces.
Los parlamentarios concluyeron responsabilidades gravísimas de la ex presidenta Bachelet; del ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma; del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA); y de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi).
A Michelle Bachelet se le acusa de asumir un rol de mando que no le correspondía, ocultar información y no resguardar el orden público.
A Pérez Yoma se le atribuye el desconocimiento de los protocolos de emergencia, el incumplimiento de su rol por estar en vacaciones, el haber ocultado información, por una deficiente actuación de sus subordinados y el mal funcionamiento de los sistemas de comunicación.
En cuanto al SHOA, se le atribuyen responsabilidades gravísimas por hacer caso omiso de información oficial internacional que alertaba de un tsunami y por no informar a la comunidad.
A la Onemi se le acusa de descoordinación y desconocimiento de la conformación del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia y por respuestas tardías y toma de decisiones erróneas.
De la misma forma, se determinaron responsabilidades graves del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, por mentir a la opinión pública y por ocultar información a la ex presidenta Bachelet.
También tuvo responsabilidad grave María Angélica Álvarez, ex asesora de la mandataria, por incumplir ese rol.
El informe concluye además responsabilidades menores de Rodrigo Peñailillo, ex jefe de Gabinete de la Presidenta, acusado de ignorar las peticiones de la Onemi; de Carmen Fernández, por baja preparación para ejercer como directora de la Onemi; y del ex ministro de Defensa, Francisco Vidal, por ausencia en la toma de decisiones.
Las conclusiones fueron tomadas por la comisión investigadora conformada sólo por diputados del oficialismo, luego que los miembros de la Concertación se retiraran hace unas semanas de la instancia, acusando una operación política contra Michelle Bachelet.
Así fue como el informe de 83 páginas fue aprobado por unanimidad y deberá ser votado en sesión de la Sala de la Cámara Baja en los próximos días, donde sería rechazado, puesto que los parlamentarios independientes se cuadraron con la oposición.