Entre 2002 y 2008 se produjeron en Colombia 3.345 ejecuciones extrajudiciales. La mayoria de las víctimas eran hombres jóvenes, algunos sin trabajo, otros campesinos o habitantes de zonas rurales y todos de familia con escasos recursos económicos. Gran parte de los casos seguían un patrón parecido: a los meses de abandonar sus casas, convencidos de que un trabajo les aguardaba en algún lugar lejano, aparecían muertos vestidos de guerrileros o con armas en las manos.
Son los llamados “falsos positivos”, los asesinatos de civiles que se han usado para inflar las cifras y presentar los buenos resultados falsamente obtenidos en la guerra del Ejército colombiano contra las guerrillas, en especial en la lucha principal contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En un informe presentado en La Haya, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha denunciado los casos que de manera “sistemática y generalizada” ocurrieron bajo la presidencia de Álvaro Uribe. La ONG pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación por crímenes de lesa humanidad contra los altos cargos militares que han quedado impunes.
Parcialidad en los juicios
El texto, de más de 50 páginas, y elaborado en conjunto con la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) documenta cómo “se reclutaba a las víctimas con información falsa para que después el Ejército se encargara de la ejecución de los civiles y de simular la baja en combate”. “Estos actos estaban apoyados por los más altos mandos del Ejército, quienes no solo no ejercieron el necesario deber de control sino que promovieron estos hechos”, añade el informe La guerra se mide en litros de sangre (pincha aquí para ver el documento en PDF).