La Amazonía de Perú, que ocupa más de la mitad del territorio nacional, ha comenzado a despertar el interés de empresas trasnacionales. Estas grandes compañías adquieren Bonos de Carbono correspondientes a enormes extensiones de tierras. Sin embargo, algunas comunidades indígenas denuncian que han sido engañadas.
Diferentes empresas británicas han llegado hasta allí para adquirir los derechos sobre sus bosques o Bonos de Carbono, que son un mecanismo para reducir la emisión de CO2. Con la iniciativa, esperan obtener los créditos que podrían otorgarse por haber reducido las emisiones excesivas causadas por la deforestación desmedida. Pero muchos denuncian posibles violaciones a los derechos de los pueblos originarios durante este proceso.
“Ya hemos tenido estos primeros intentos de actos de mala fe, donde algunas personas extranjeras están viniendo a querer hacer un convenio y, es más, un convenio en inglés, en un idioma que no es de los pueblos originarios, y sin la debida lectura ni comprensión, quieren firmar contratos para este negocio de carbono por 40 años”, manifiesta Alberto Pizango, presidente de Aidesep, organización que reúne a diferentes organizaciones sociales de la Amazonía peruana.
Se abrió el camino para esta negociación después de una reunión que hubo en la ONU, donde se creó un programa llamado REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) el cual tenía, en principio, la intención de pagarle a los países pobres, o en desarrollo, que demostraran haber disminuido la contaminación de la atmósfera y de esta manera evitar consecuentemente la tala desmedida de sus bosques.
El problema surgió cuando se redactó un informe donde se decía que las naciones subdesarrolladas no podrían comprobar la reducción de carbono por falta de tecnología. Por lo tanto, los que sí cuentan con esas herramientas quieren adquirir las concesiones de esas tierras.
“Lamentablemente el estado peruano es un estado muy debilitado y no le permite tener una posición de fuerza frente a las grandes empresas, entonces ahí está el problema; por eso es que se producen también los conflictos”, señala Juan Vaccari, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente peruano.
En primera instancia, las compañías están obligadas a presentar un plan de manejo donde diga cuánto carbono van a capturar en una cantidad de espacio determinado que puede ser de hasta 40 mil hectáreas. Teóricamente, los nativos recibirían una compensación económica por dejar que otros “cuiden” sus tierras, pero muchos están seguros de que ese pago será insignificante. Además, una vez que las empresas se instalen en esos bosques, van a poder generar otros réditos económicos para sus arcas pudiendo explotar de diferentes maneras el espacio cedido.
“Las empresas tienen luego una serie de beneficios, concesiones que van desde 15, 20, 25 años y van manejando, de esta manera, el bosque porque ya el REDD te permite incluso explotar “racionalmente” el bosque, les permite explotar madera también, entonces ahí hay un juego de algunos cientos de miles y millones de dólares para las grandes empresas”, explicó Vaccari.
Este programa incluye finalmente la obligación para los concesionarios de reforestar la zona, pero en caso que no se cumpla quienes van a pagar las consecuencias serían los que consideran a esas tierras como su casa.
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