La actual situación de Chile se puede comprender en el contexto de dos variables fundamentales: la Ideología de la Seguridad Nacional y la economía de mercado. Esta última no se habría podido implementar sin la aniquilación previa del “enemigo interno”, lo cual ha sido garantizado por las FFAA, garantía que ha continuado a través de la policía militarizada de Carabineros.
Una vez realizado el plebiscito de 1980, sin registros electorales ni derechos civiles, y que impuso la Constitución que aún rige al país, las organizaciones sociales opositoras a la dictadura se vieron enfrentadas a dos posibilidades para retornar al sistema democrático: a) derrotar a la tiranía mediante un amplio movimiento de unidad de todas las fuerzas opositoras; y b) buscar la transición a la democracia a través del entendimiento con las FFAA y los grandes empresarios, asegurándoles que, si Pinochet perdía el plebiscito de 1988 y las elecciones a realizarse dos años más tarde, ellas mantendrían cuotas de poder, el esquema socioeconómico y la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos.
Primó la transición pactada a la democracia, lo que se expresó a través de las negociaciones entre Patricio Aylwin (representando a los opositores a la dictadura), Carlos Cáceres y Sergio Onofre Jarpa (ambos ministros de Pinochet y empresarios) y las FFAA. Los acuerdos a que llegaron se hicieron públicos en junio de 1989 y se aprobaron en un referéndum del 30 de julio del mismo año, derogándose el artículo 8º de la Constitución (que prohibía la difusión de ideas y de opiniones y restableciéndose el pluralismo político). Sí se mantuvo incólume la inamovilidad de los comandantes en jefe de la FFAA y del general director de Carabineros; el Consejo de Seguridad Nacional constituido por igual número de miembros civiles y uniformados; senadores designados y vitalicios. (Estos puntos se han modificado progresivamente, pues han dejado de ser favorables a la derecha). Aún se mantienen el sistema binominal de elecciones y los tribunales militares juzgando a civiles, para así garantizar la impunidad de los violadores de derechos humanos.
Patricio Aylwin ganó las elecciones del 11 de diciembre de 1989, asumiendo la Presidencia de la República el 11 de marzo de 1990.
En el intertanto, Pinochet dictó las “leyes de amarre”, tales como, entre otras medidas, la ley orgánica aprobada por la Junta Militar estableciendo que el poder legislativo no tendría facultad de fiscalizar las actuaciones de las autoridades anteriores al 11 de marzo de 1990; mantuvo el Decreto Ley de Amnistía (Nº 2191) de 1978, que deja en la impunidad los crímenes políticos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1978; estableció “leyes secretas” relacionadas con la impunidad de Pinochet y otros miembros de las FFAA; el día 10 de marzo de 1990 se promulgó la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), sustrato de la crisis de la educación y del movimiento estudiantil de 1911.
En consecuencia, el marco establecido para el período democrático quedó “atado de manos” en base a la impunidad de los violadores de derechos humanos y, al mismo tiempo, las destrucción del tejido social que se había rearticulado en el proceso popular de desestabilización de Pinochet. Todo esto con el acuerdo de la Concertación de Partidos por la Democracia, que asumió el liderazgo sin considerar a los dirigentes sociales ni a las organizaciones que habían luchado contra el dictador.
El efecto de lo anterior fue la “domesticación” de los sectores populares, orientándose hacia el mercado, la competencia y el sometimiento a la explotación laboral, lo que ha tenido como corolario el individualismo, la inequidad y la falta de solidaridad. Esto ha repercutido en el movimiento de derechos humanos, cuya lucha se ha pretendido reducir a la búsqueda de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos. Dicha situación satisfizo al gobierno, a las FFAA y a los empresarios, que no pudieron obviar el problema bajo la presión internacional y aceptaron avanzar en verdad, pero no en justicia. De allí los planteamientos eufemísticos de “justicia en la medida de lo posible”, “justicia con clemencia”, “justicia para casos símbolos”. Es así como el eje de la política gubernamental de derechos humanos ha tendido a equiparar a víctimas y victimarios.
En 1984, para reprimir la protesta social en su contra, Pinochet promulgó la ley 18.314, Ley de Conductas Terroristas, conocida como Ley Antiterrorista y que continúa vigente, siendo aplicada desde el 2001 en forma casi exclusiva al pueblo mapuche. Esta ley establece tipos penales muy amplios, que posibilitan su aplicación a hechos que nada tienen que ver con terrorismo. Tampoco garantiza el debido proceso al permitir la mantención del secreto de la investigación por largos períodos; la existencia de “testigos sin rostro”; e impedir la aplicación de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva. Además, aplica elevada penalidad y duplica en varios casos lo establecido en la legislación ordinaria.
Los mapuche reclaman por ser discriminados y usurpadas sus tierras, fundamento de su identidad cultural, lo que les permitiría la autodeterminación en sus propios asuntos. Junto a lo anterior, piden respeto a sus derechos civiles y políticos amenazados por transnacionales, empresarios nacionales y agentes del Estado; exigen la no aplicación de la ley antiterrorista por ser antidemocrática, así como también la desmilitarización territorial de sus comunidades.
En Chile siguen existiendo presos políticos de origen mapuche, a lo que se suman quienes padecen pena de extrañamiento y los que son acusados como terroristas, como ha ocurrido con el denominado “Caso Bombas”. Todo esto, pese a las obligaciones respecto del Convenio 169 de la OIT y de las recomendaciones de relatores especiales de la ONU, la Federación Internacional de DDHH (FIDH) y de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).
Respecto de procesos a violadores de DDHH durante la dictadura, hasta mayo del 2011 estaban vigentes 1.446 causas por delitos de desapariciones, ejecuciones, torturas, inhumación ilegal y asociación ilícita, cometidos entre 1973 y 1990. Al respecto, 773 ex agentes de servicios de seguridad han sido procesados por crímenes de lesa humanidad. De ellos, 245 han recibido sentencias definitivas en la Corte Suprema, pero sólo 66 se encuentran en prisión.
La impunidad es una de las causas del malestar subjetivo de la población.
En marzo de 1990 se instituyó la Comisión de Verdad y Reconciliación. El posterior Informe Rettig de allí emanado, estableció el número de detenidos-desaparecidos y de ejecutados políticos. También permitió la apertura de procesos, pudiéndose aplicar el Decreto Ley de Amnistía o trasladando la competencia a los tribunales militares.
Hubo una velada tendencia a olvidar las violaciones de derechos humanos y la mantención de la impunidad hasta la detención de Pinochet en Londres, con 500 días de arresto, desde el 16 de octubre de 1998. Este hecho permitió la organización de los ex presos políticos, reivindicándose la lucha contra la dictadura y la necesidad de justicia frente al delito de tortura.
Entre las múltiples gestiones para mantener la impunidad de Pinochet, se estableció la denominada Mesa de Diálogo, bajo el título “Hacia el reencuentro de todos los chilenos”. Esta instancia obligó a las FFAA a reconocer que un listado de detenidos-desaparecidos fueron arrojados al mar y a los ríos. Se nombraron jueces especiales para investigar jurídicamente bajo la figura del secuestro calificado. Se hizo pública la Operación “Traslado de Televisores”, consistente en el desmantelamiento de los entierros clandestinos que derivaron en exhumaciones e inhumaciones ilegales. Se reconstituyeron algunos de los crímenes, lo que significó el proceso a varios cientos de oficiales. Por último, aunque “a regañadientes”, las FFAA reconocieron su responsabilidad institucional en el genocidio. Sin embargo, altos oficiales participantes de la Mesa de Diálogo encargados de recopilar información, aparecieron vinculados a los crímenes.
En marzo de 2001, surgió la Comisión Etica contra la Tortura (CECT), generando la presentación de acciones jurídicas por el delito de tortura. La presión de diversos organismos nacionales e internacionales obligaron al gobierno de Ricardo Lagos a formular la propuesta “No hay mañana sin ayer”, en el marco de los 30 años del golpe de Estado (2003). Se instituyó la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, de la que emanó el Informa Valech. Este Informe acogió el testimonio de 35.868 personas, calificando 27.255. El 67,4% estuvo en prisión en 1973. Se utilizaron 1.132 recintos de reclusión. No quedaron dudas sobre la responsabilidad institucional de las FFAA. Se individualizaron las víctimas a través de sus propios testimonios; se caracterizaron los mecanismos de represión aplicados en todo el país; y se propusieron medidas de reparación.
Ricardo Lagos, como Presidente de la República, asumió la tortura y la prisión política como responsabilidades del Estado. Además, propuso la creación de un Instituto de Derechos Humanos, recientemente implementado, para promover el respeto de los derechos humanos y para resguardar la información recopilada desde los Archivos de la Vicaría de la Solidaridad. Propuso medidas simbólicas y colectivas, así como el restablecimiento de los derechos ciudadanos de las víctimas, compensación económica, nivelación gratuita de estudios, atención sin costo en instituciones públicas de salud y tratamiento preferencial para acceder a beneficios de vivienda.
La Comisión Valech ha efectuado un escaso trabajo de difusión a nivel nacional en los medios de comunicación más relevantes. El tiempo de funcionamiento reducido sólo a seis meses, ha sido muy breve. Por tanto, se hace necesaria una entidad permanente. Entre las víctimas de violaciones de derechos humanos deben considerarse también a quienes han sido detenidos en manifestaciones públicas; quienes padecieron tortura fuera de los recintos oficiales de detención; las víctimas que ya han fallecido; los niños que fueron detenidos con sus padres o nacieron durante el cautiverio; los extranjeros; las víctimas de la Operación Cóndor; los detenidos por menos de cinco días; la pensión mensual debe compensar el daño físico y psicológico inferido, acorde al artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura; se debe abrir indefinidamente la posibilidad de todas las víctimas puedan acreditar su condición de tales; se debe anular el Decreto Ley de Amnistía; y, lo más relevante, se debe eliminar legislativamente la cláusula que impide el acceso del Poder Judicial a las denuncias de tortura efectuadas por las víctimas o sus familiares, lo que se implica con la consagración de impunidad que significa la cláusula que impide a los tribunales tener acceso a las imputaciones de delitos denunciados por la Comisión Valech.
Alguna vez dijo Balzac que “tras toda fortuna se esconde un crimen”. Esta aseveración significa que las violaciones a los derechos humanos han tenido motivaciones económicas. El golpe de Estado y los años de dictadura se efectuaron para retrotraer la nacionalización del cobre, la reforma agraria, la nacionalización de la Banca, el Area Social de la Economía, las mejores condiciones de vida de los trabajadores.
El movimiento de derechos humanos centrado sólo en los crímenes de carácter penal, ha permitido a la Escuela de Chicago y a los grupos económicos escapar de sus responsabilidades de su sangriento laboratorio. Incluso el Informe Church del Senado de USA señala que “en una serie de decisiones, desde 1971 hasta 1973, el Comité de los 40 autorizó casi cuatro millones de dólares para la oposición chilena. La mayor parte de este dinero fue para el Partido Demócrata Cristiano, pero una parte sustancial fue destinada al Partido Nacional y a “El Mercurio”.
Todo lo anterior puede explicar los acontecimientos del 2011: la explosión del malestar subjetivo por fuentes objetivas, como la desigualdad y el abuso. Dicho malestar se había mantenido en el ámbito privado. No obstante, las manifestaciones de malestar se expresaban el elevado número de suicidios, duplicado en el 2008 en relación a 1990. Entre 1990 y 2004, el consumo de antidepresivos creció en un 470,2%. Es así como las manifestaciones públicas significan una reacción frente al abuso empresarial y a la incapacidad de las instituciones de proporcionar estabilidad y control a las demandas sociales, debido al desmantelamiento del Estado.
El 2011 ha mostrado el derrumbe de las instituciones, lo que quedó en evidencia tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. La irrupción pública del malestar subjetivo ha permitido la repolitización de la sociedad, poniéndose el fin del miedo a la dictadura militar y el cuestionamiento del modelo económico que ha dejado de ser percibido como exitoso y eficiente. En otros términos, ha quedado en evidencia que el modelo económico ha sido impuesto por la violencia armada, generándose así una sociedad esencialmente injusta.
Los detentadores del sistema habían desarrollado la idea de focalización del gasto público desde el sector privado, en el sentido de que el mercado asumiera los requerimientos sociales y, al fallar éste, el Estado salvaría la situación. Es la forma en que se ha implementado el financiamiento de la educación: financiamiento compartido en el ámbito escolar y créditos con aval del Estado en la educación superior. El sistema de salud privado es bueno para quienes no se enferman. El sistema provisional significa que sobre el 50% de las pensiones son menores a la pensión mínima y, por tanto, el Estado deberá suplir lo que falta. Las carreteras están concesionadas a empresas privadas. Las grandes transnacionales de la minería depredan los campos de cultivo, contaminan el aire, agotan el agua y no pagan impuestos. Las empresas forestales terminan con los bosques milenarios para plantar pinos y eucaliptos para la fabricación de papel, contaminando los ríos, los lagos y el mar. El mar ha sido privatizado, con exterminio de especies y el fin de la pesca artesanal. Las salmoneras han contaminado zonas marítimas y también han exterminado la fauna y la flora. Las inmobiliarias arrasan con terrenos agrícolas para extender las urbes sin planificación. El comercio ha sido concentrado en pocas manos que se coluden entre sí y, dados los bajos salarios y la intensidad de la propaganda televisiva, se mantiene endeudada a gran parte de la población. En síntesis, se descubre que los efectos del neoliberalismo tienden a desestructurar la sociedad y que la Concertación había frenado los derechos ciudadanos bajo el argumento del temor al retorno de la dictadura.
Es así como el modelo económico ha conducido a Chile a estar entre los doce países con peor distribución del ingreso del mundo, con la secuela de mercantilización del sentido de la vida, lo que deshumaniza a las personas y sus relaciones, vaciándolas de valores éticos y remitiéndolas por completo a lo que significan monetariamente, siendo la cantidad de dinero acumulado la medida del éxito en la vida. Los medios de comunicación de masas, el sistema educativo y las autoridades se encargan de remarcar que se vive en un mundo de competidores y que los triunfadores son aquellos que, merced a su espíritu emprendedor, vencen en el mercado. Los grandes empresarios son presentados como “modelos de conducta” a ser imitados por toda la sociedad. Las empresas internalizan en la conciencia de los trabajadores que el camino correcto pasa por el esfuerzo individual, el distanciamiento respecto de los compañeros y la subordinación a los empleadores. Las personas se endeudan progresivamente, hasta padecer de “endeudamiento crónico”, tornándose en personas tensas, agresivas, violentas, sumergiéndose en el estrés, la depresión, el alcohol y la droga. Chile exhibe una de las jornadas de trabajo más largas en el mundo, al mismo tiempo que se ubica en el tercer lugar de maltrato infantil, y lidera la región en alteraciones mentales, accidentes de tránsito, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción juvenil.
En el marco descrito, pareciera inevitable que el 2011 se haya constituido en el nuevo amanecer de la historia, debido a la irrupción popular: se ha terminado el temor a la dictadura y se ha tomado conciencia del significado de las leyes laborales, así como del monopolio informativo. Hubo estallidos sociales en Magallanes, en Arica y en Calama, a lo que se sumaron los pobladores de Dichato damnificados por el terremoto, así como también los grupos de diversidad sexual, los ecologistas y los defensores del pueblo mapuche. Ello ha significado una crisis del gobierno que representa al empresariado y, por tanto, también es una crisis del empresariado.
La crisis del gobierno se expresa en el desgobierno, porque ofreció prosperidad y eficiencia y sólo ha mostrado ineficiencia, lo que ha llegado al máximo en relación a la reconstrucción post terremoto.
El gobierno ha jugado a la autodestrucción que vive la Concertación de Partidos por la Democracia y al agotamiento del movimiento estudiantil. En otros términos, busca un Chile sin política, pues no reconoce el malestar social, la desconfianza y la pérdida de legitimidad de las instituciones. En el período próximo, tenderá a satanizar la educación pública, a visibilizar las contradicciones de sus opositores y a desgastar los movimientos sociales.
No obstante, es un hecho que hoy Chile ha ampliado sus vías hacia una democracia plena, porque la caída de las instituciones más simbólicas exige que los ciudadanos asuman sus responsabilidades sociales y políticas.
Las instituciones más simbólicas y que se han desplomado Ens. Legitimidad son las FFAA y las Iglesia Católica, dejando a la sociedad sin el marco referencial al que la Concertación de Partidos por la Democracia acudía en los conflictos sociales que era incapaz de resolver por sí sola. En 1995, el 80% de la población depositaba su confianza en la Iglesia Católica. En 2011, sólo el 38%.
En cuanto a las FFAA, además de represión policial irracional, se ha visto al descubierto en casos de corrupción, autonomía económica y legal, carrera armamentista amenazando la paz de la región, muertes masivas de conscriptos, aprovechamiento personal de recursos públicos, además de la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura.
En consecuencia, para el pueblo de Chile queda pendiente la construcción de un nuevo marco de referencia desde la soberanía popular. Esta transformación de fondo implica cambiar la Constitución de 1980, lo que desemboca en el llamado a Asamblea Constituyente, reforma tributaria, nacionalizaciones del cobre, de la Banca, del agua y de los servicios básicos, así como la ruptura del monopolio de la información, acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a las pensiones y a la organización y movilización sociales.
Se ha puesto en tela de juicio la “política de los acuerdos” entre la derecha y la Concertación de Partidos por la Democracia, cuestionándose así la legitimidad del modelo de 2democracia de baja intensidad” Es necesario que la movilización por la educación pública busque puntos comunes con el movimiento del pueblo mapuche, los defensores de la ecología, los defensores de los derechos humanos, los pequeños agricultores y pequeños y medianos industriales y los pescadores artesanales, que son los sectores más representativos de la oposición al neoliberalismo y que tiene como corolario la lucha por la democracia.
En consecuencia, la columna vertebral debería tender a la creación de nuevos referente políticos, sobre la base de que la soberanía radica en el pueblo.
Descripción de la situación socio-política de Chile.
Exposición del Seminario Internacional ERA FORASTERO Y ME ACOGISTE EN TU CASA. (Un análisis cristiano para la comprensión y acompañamiento de la persona migrante en el contexto de la globalización).
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL).
Ciudad de México, 8 – 14 de febrero de 2012.
HERVI LARA B.
Comité Oscar Romero-SICSAL Chile.
Santiago de Chile, 25 de enero de 2012.