El Partido Comunista Chino, que tiene el monopolio del gobierno y del Estado, está preparando su 18 congreso en medio de una sorda lucha interna y de ajustes económicos y políticos graduales, que se producen cuando comienzan a entrar en escena los obreros y los campesinos.
Por ejemplo, acaba de resolver limitar el crecimiento económico de este año a 7.5, por debajo del 8 por ciento de crecimiento anual que es el piso necesario para absorber la desocupación. Al mismo tiempo, reducirá la inflación a 3.2 por ciento. En esa cifra sobre el crecimiento económico se refleja, sin duda, la caída de casi 18 por ciento de las exportaciones chinas hacia la Unión Europea, hundida en una profunda crisis que ha repercutido en las industrias exportadoras chinas, porque también trataron de reducir sus importaciones los llamados países emergentes, en los que el comercio chino sigue creciendo, pero lentamente. Pero igualmente influye la conciencia de las autoridades de que es necesario reforzar el mercado interno chino, aumentando y consolidando los ingresos de sus ciudadanos para que el país no esté demasiado expuesto a los vaivenes del mercado mundial. En efecto, en el producto interno bruto (PIB) chino el consumo interno representa ahora sólo entre 30 y 40 por ciento, a diferencia de Estados Unidos, donde llega a 70 por ciento.
Los dirigentes chinos saben que la política de un solo hijo y el crecimiento económico y de la educación están minando la disponibilidad de mano de obra joven y barata, dispuesta a aceptar cualquier condición de trabajo y salario, la cual parecía ilimitada. El crecimiento de 9.5 por ciento, en promedio, en la década reciente, trajo aparejados una escasez relativa, el encarecimiento de la mano de obra y la fuga de muchas trasnacionales a países más baratos, como Vietnam o Tailandia y, al mismo tiempo, dio rienda libre a la especulación inmobiliaria, la corrupción y las arbitrariedades de las autoridades locales.
De este modo, en el país supuestamente socialista
surgieron conflictos sociales. No sólo los que Pekín podía tratar de atribuir a provocadores nacionales o extranjeros, como los choques étnicos en el caso de los uigures, que son musulmanes y de origen turco, o los tibetanos que protestan por lo que consideran una colonización, sino también huelgas por los accidentes de trabajo resultantes de la despreocupación por los trabajadores y por el ambiente, o huelgas de localidades enteras contra el cierre de fábricas o los despidos.
Una de estas luchas –la protesta política en la pequeña ciudad de Wukan, contra la soberbia y la corrupción de los funcionarios del partido– ofreció el pretexto a las autoridades centrales para hacer un experimento que parece preanunciar un viraje.
El caso fue el siguiente: el dirigente local del partido desde hacía 42 años imponía su voluntad a los campesinos y pescadores lugareños, e incluso pretendía quitarles sus tierras, que revendía a especuladores. Estalló una rebelión generalizada en la ciudad y uno de los dirigentes fue muerto por la policía. Los rebeldes se reorganizaron eligiendo consejeros en asambleas y recurriendo a la orientación de un viejo comunista muy respetado, que estaba jubilado. Tras una fuerte represión inicial y ante el agravamiento del conflicto, las autoridades centrales les dieron la razón: condenaron y encarcelaron a los antiguos dirigentes corruptos y organizaron elecciones en las que ganaron –y se legalizaron– los miembros del consejo que había dirigido la lucha, los cuales recibieron el espaldarazo de los dirigentes máximos del partido que así canalizó y cooptó esa rebelión.
El primer ministro Wen Jiabao declaró incluso que si no se hacen urgentemente reformas políticas (sobre el funcionamiento del partido-Estado) podría reproducirse una tragedia histórica como la Revolución Cultural
(o sea una rebelión salvaje y sin control contra la burocracia del Estado y del partido). El mismo Jiabao agregó que, como lo demuestra la rebelión de los países árabes, la lucha por la democracia es legítima e imparable. Estas declaraciones arrojan luz sobre la eliminación del Comité Central del PCCh de Bo Xilai, boss de Chongqing, ciudad de 33 millones de habitantes que hacía resonantes declaraciones maoístas, pero que también, según sus adversarios, en nombre del combate a la mafia torturaba y extorsionaba en su ciudad a empresarios para quedarse con parte de sus fortunas.
La política exterior forma parte también de las grandes maniobras preparatorias del congreso partidario. Según Le Monde, que sigue atentamente la política de la principal potencia asiática, China dedicará este año para el reforzamiento de sus fuerzas armadas –que, recuerda el diario, tienen entre 20 y 30 años de retraso respecto de las de Estados Unidos– el 11.5 por ciento de su PIB (o sea, cuatro puntos más que su crecimiento estimado), mientras Washington, en clara clave antichina, resolvió potenciar sus bases en Australia, Singapur, Filipinas y Tailandia.
La misma orientación hacia el crecimiento interno tiene la reducción de la exportación de minerales y, sobre todo, la decisión de limitar la de los 17 minerales llamados tierras raras
, de los que China produce 95 por ciento y son indispensables para las industrias bélicas y para tecnologías de punta (teléfonos portátiles, lámparas de bajo consumo, producción de energía eólica). En efecto, la extracción de esas tierras raras
libera radioactividad y ácidos, es extremadamente contaminante y requiere mucha mano de obra barata. O sea, no es compatible con la nueva necesidad de defender el ambiente ante la presión de los ciudadanos y con la tendencia a la elevación del costo de la mano de obra y de los derechos de los trabajadores, así como con la tendencia a desarrollar en China misma las industrias de punta. Pero Estados Unidos y la Unión Europea sospechan que China está tratando de construir un monopolio proteccionista (con trasfondo militar) a la Colbert. Esperemos el próximo capítulo para ver más claro.