Con ocasión del cumplimiento del segundo año de administración del presidente Sebastián Piñera, Amnistía Internacional le envió ayer una carta abierta presentándole las principales preocupaciones y recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en Chile, en especial las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en el último año en el contexto de las marchas y la protesta social.
Amnistía Internacional reconoce que durante los dos primeros años del mandato del Presidente Piñera se han dado pasos positivos hacia el respeto y protección de los derechos humanos en Chile. Algunos ejemplos de esto -y sin perjuicio de las críticas recibidas- es la entrada en funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la publicación del informe de la Comisión Valech II.
Sin embargo, Amnistía Internacional ve con mucha preocupación las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en el último año en el contexto de las marchas y la protesta social. Las denuncias hechas por las personas manifestantes aducen al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía; uso inadecuado de gases lacrimógenos y cañones de agua; detenciones arbitrarias e informes de tortura y maltrato, incluyendo golpes y amenazas de violencia sexual.
Por ejemplo, durante las manifestaciones por la educación, organizaciones de estudiantes han denunciado que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no hacían distinción entre aquellas personas que ejercían pacíficamente su derecho de expresión y aquellas que confrontaban violentamente a la policía.
Amnistía Internacional reconoce el difícil contexto en que el cuerpo de carabineros debe actuar y también reconoce que los Estados están obligadosa mantener el orden público. Sin embargo, el Estado chileno tiene la obligación de cumplir con esta responsabilidad de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos, las cuales regulan el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
En este contexto, Amnistía Internacional manifiesta su particular inquietud ante la posibilidad de que se apruebe en el corto plazo la Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público, conocida como la “Ley Antitomas”. A juicio de la organización, este Proyecto de Ley en su actual redacción queda abierto a interpretaciones que podrían significar una vulneración a los derechos humanos, tales como la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación.
De especial preocupación es la redacción del artículo 269 del Código Penal, pues no contempla una definición de “desórdenes”, lo cual implicaría que la misma pena resultaría aplicable a conductas muy disímiles. Por ejemplo, se aplicaría la misma pena a quien mediante una marcha pacífica altera la libre circulación y a quien lo hace mediante el uso de la violencia o la fuerza. Si bien es cierto que podría argumentarse que el objetivo de este Proyecto de Ley es detener “desórdenes” de carácter violento, el texto es lo suficientemente amplio como para permitir también interpretar que se podría estar limitando la libertad de expresión, reunión, asociación y circulación.
Por otra parte, Amnistía Internacional reitera su inquietud por la situación de los pueblos indígenas, pues no se han percibido los avances esperados durante los dos primeros años de la administración del gobierno de Piñera.
Amnistía Internacional reconoce como positiva la votación de Chile a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la ratificación del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, el compromiso de Chile con los derechos de los pueblos indígenas sólo cobrará efecto si se ve acompañado por acciones concretas para implementar a nivel nacional los principios contenidos en estos dos instrumentos internacionales.
La organización destaca el anuncio de derogar el Decreto Supremo 124 que fue duramente criticado por violar las disposiciones del Convenio 169 en materia de consulta a los pueblos indígenas. De esta manera, el gobierno debe dar consistentes pasos hacia adelante en este tema, dando señales claras de implementación de procedimientos de consultas, consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos originarios. Amnistía Internacional señala que es sabido que el incumplimiento de esta obligación por parte de los Estados conlleva, en muchos casos, a violaciones de derechos humanos y a conflictos sociales que podrían evitarse.
Por otra parte, comunidades indígenas mapuche han denunciado frecuentemente el uso excesivo de la fuerza y uso inapropiado de gases lacrimógenos y balines por parte de la policía, esto principalmente durante las reivindicaciones territoriales.
Amnistía Internacional insiste en que si no se resuelven las exigencias sobre las tierras de una manera justa y con el consentimiento previo, libre e informado de los propios pueblos indígenas, las tensiones no desaparecerán.
Otro punto que Amnistía Internacional han señalado como alarmante lo constituye las denuncias recibidas sobre una aparente aplicación discriminatoria de la “Ley Antiterrorista” para juzgar a personas mapuche; esto a pesar de la modificación que tuvo esta ley en el año 2010. De especial preocupación es el aparente desconocimiento por parte de las autoridades de la modificación que excluía a los menores de 18 años. Es totalmente deplorable que al día de hoy cuatro menores estarían siendo procesados bajo esta ley.
Otro tema importante que Amnistía Internacional planteó al presidente Piñera tiene relación con un elemento clave que se requiere para fortalecer la institucionalidad de los derechos humanos en el país. Chile necesita una legislación integral que sancione conductas discriminatorias de la que son objeto algunas personas en razón de su origen étnico, nacionalidad, sexo, identidad sexual o creencias religiosas.
La organización valora la reacción del gobierno de dar urgencia al trámite legislativo de esta ley como consecuencia del grave ataque sufrido por Daniel Zamudio.Sin embargo, sigue preocupando la redacción de este proyecto, el cual ha sufrido diversas modificaciones, por lo que Amnistía Internacional reitera la importancia de que el texto incluya necesariamente categorías protegidas como el sexo, la orientación sexual y la identidad de género.
En conclusión, Amnistía Internacional señala que es imprescindible que el gobierno del presidente Piñera, durante el periodo que le queda de mandato, dé señales claras del cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos y, sobre todo, que vele porque haya consistencia entre estas normas y la aplicación de leyes al interior del país.