Las milicias armadas que actúan en todo Libia cometen impunemente abusos generalizados contra los derechos humanos, que aumentan la inseguridad y dificultan la reconstrucción de las instituciones del Estado. Así lo ha advertido Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy, un año después del inicio del levantamiento de febrero de 2011.
El informe, titulado Las milicias amenazan las esperanzas de una nueva Libia, documenta los abusos graves y generalizados, incluidos crímenes de guerra, cometidos por una multitud de milicias contra presuntos partidarios de Gadafi, e incluye casos de personas que han sido detenidas ilegalmente y torturadas, en ocasiones hasta morir.
Las personas migrantes y refugiadas africanas también han sido blanco de abusos, y se han lanzado ataques de represalia que han obligado a desplazarse a comunidades enteras. Las autoridades, mientras tanto, no han hecho nada por investigar los abusos y hacer rendir cuentas a los responsables.
“Las milicias de Libia están básicamente fuera de control, y la impunidad generalizada de que disfrutan alienta nuevos abusos y perpetúa la inestabilidad y la inseguridad”, ha manifestado Donatella Rovera, asesora general de Respuesta a la Crisis de Amnistía Internacional.
“Hace un año, la ciudadanía de Libia arriesgó su vida para reclamar justicia. Hoy, sus esperanzas peligran por las milicias armadas sin ley que pisotean impunemente los derechos humanos. La única manera de romper con las arraigadas prácticas de abusos del régimen autoritario del coronel Gadafi es garantizar que nadie está por encima de la ley y que los abusos se investigan.”
En enero y principios de febrero de 2012, una delegación de Amnistía Internacional visitó 11 centros de detención utilizados por diversas milicias en el centro y el oeste de Libia. En 10 de esos centros, los detenidos afirmaron ser sometidos a tortura o malos tratos, y mostraron a Amnistía Internacional lesiones causadas por abusos recientes. Varios detenidos dijeron que se habían confesado culpables de violación, homicidio y otros delitos que no habían cometido sólo para que terminara la tortura.
Al menos 12 detenidos han muerto desde septiembre a consecuencia de torturas bajo custodia de las milicias. Sus cadáveres estaban cubiertos de hematomas, cortes y contusiones, y a algunos les habían arrancado las uñas.
Algunos detenidos recluidos en Trípoli, Gharyan, Misrata, Sirte y Zawiya y las zonas circundantes dijeron a Amnistía Internacional que los habían colgado en posturas contorsionadas, los habían golpeado durante horas con látigos, cables, mangueras de plástico, cadenas, barras metálicas y palos de madera, y les habían aplicado descargas eléctricas con cables pelados y armas de electrochoque parecidas a las Taser.
En un centro de detención de Misrata, un miembro de la delegación vio cómo unos milicianos golpeaban y amenazaban a unos detenidos cuya liberación se había ordenado. Un detenido de Tawargha, de edad más avanzada, estaba encogido, acuclillado contra la pared, y lloraba mientras recibía patadas y amenazas de un miliciano que dijo a Amnistía Internacional: “los de Tawargha no van a ser liberados; antes los mataremos”.
En un centro de interrogatorio de Misrata y Trípoli, Amnistía Internacional encontró detenidos a los que los encargados de los interrogatorios habían tratado de ocultar y que habían sido brutalmente torturados, uno de ellos hasta tal punto que apenas podía moverse o hablar.
No se tiene constancia de que se haya llevado a cabo ni una sola investigación efectiva sobre los casos de tortura, ni siquiera sobre los casos de detenidos que han muerto tras ser torturados en los centros de mando de las milicias o en centros de interrogatorio reconocidos formal o informalmente o vinculados de manera formal o informal a las autoridades centrales.
“A las milicias que tengan un historial de abusos a detenidos sencillamente no debe permitírseles tener a nadie bajo custodia, y todos los detenidos deben ser trasladados de inmediato a centros autorizados de detención bajo el control del Consejo Nacional de Transición.”
Tampoco se han llevado a cabo investigaciones sobre otros abusos graves, como la ejecución extrajudicial de detenidos y otros crímenes de guerra, incluido el homicidio de unas 65 personas cuyos cadáveres se encontraron el 23 de octubre en un hotel de Sirte que servía como base para los combatientes de oposición procedentes de Misrata.
En unas grabaciones de vídeo obtenidas por Amnistía Internacional se ve a milicianos golpeando y amenazando de muerte a un grupo de 29 hombres que están bajo su custodia. Se oye a un miliciano decir: “llévenselos a todos y mátenlos”. Los cadáveres de estos hombres se encontraban entre los que se encontraron tres días más tarde en el hotel. Muchos tenían las manos atadas a la espalda y disparos en la cabeza.
Hasta el momento, las autoridades libias no han emprendido ninguna acción contra las milicias que han desplazado forzosamente a comunidades enteras: un desplazamiento que constituye delito de derecho internacional. Las milicias de Misrata expulsaron a toda la población de Tawargha, unas 30.000 personas, y saquearon y quemaron sus casas como venganza por los crímenes de los que se acusa a algunas personas de Tawargha de haber cometido durante el conflicto. De igual modo, miles de miembros de la tribu mashashya fueron expulsados de su pueblo por milicias de Zintan, en los montes de Nafusa. Estas y otras comunidades permanecen desplazadas en campamentos improvisados por todo el país, y no se ha tomado ninguna medida para que los responsables rindan cuentas o para que las comunidades desplazadas puedan regresar a sus hogares.
“La impunidad generalizada de que gozan las milicias transmite el mensaje de que esos abusos se toleran, y está contribuyendo a convertir esas prácticas en algo aceptado. Los responsables de abusos deben rendir cuentas de sus actos, y deben ser apartados de los cargos que les permitan repetir esos abusos”, ha manifestado Donatella Rovera.
“Es imperativo que las autoridades libias demuestren firmemente su compromiso de poner fin a décadas de abusos sistemáticos, y para ello deben poner freno a las milicias, investigar todos los abusos tanto actuales como cometidos en el pasado y enjuiciar a los responsables –sean del bando que sean- de conformidad con el derecho internacional.”