La fiscal a cargo de establecer las responsabilidades por la alerta fallida de maremoto el 27 de febrero de 2010, Solange Huerta, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago formalizar por cuasi delito de homicidio a ocho personas, entre los que se cuentan el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y a la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, además del ex director del SHOA comandante Mariano Rojas, informa la Radio Universidad de Chile.
“Este requerimiento se encuentra fundado en el estudio de un conjunto de antecedentes que en esta etapa procesal permiten presumir la existencia de delitos culposos en el desempeño de un grupo de personas por su participación en la toma de decisiones en los organismos técnicos mandatados para emitir y difundir la alerta de maremoto a la población”, señaló el Ministerio Público a través de un comunicado.
Los otros acusados son Johaziel Jamett, quien era jefe del Centro de Alerta Temprana; Osvaldo Malfanti, quien estaba de turno en el CAT al momento del maremoto y fue el encargado de asesorar técnicamente a las autoridades; y el sismólogo de la Universidad de Chile Carlos Aranda.
Además del comandante Rojas, los miembros de la Armada que serán formalizados son el teniente 1° Mario Andina, quien estaba de turno en el SHOA, y el capitán de corberta Andrés Enríquez, como asesor técnico de este organismo.
Las personas a formalizar ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago son:
– El ex subsecretario del Interior de Bachelet, Patricio Rosende Lych;
– La ex directora de la Onemi, Carmen Fernández Gibbs;
– El ex jefe de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett Paz;
– El ex jefe de turno de la Onemi, Osvaldo Malfanti Torres;
– El ex director del SHOA, capitán de Navío Mariano Rojas Bustos;
– El ex jefe de Oceanografía del SHOA, Andrés Enríquez Olavarría;
– El ex jefe de turno del SHOA, Mario Andina Medina;
– El ex jefe de Sismología de la Universidad de Chile, Carlos Aranda Zapata, organismo que prestaba servicios a la Onemi.
Todos serán imputados de cuasi delito de homicidio, por su presunta responsabilidad en las muertes registradas producto de errores en el actuar de las autoridades ante la catástrofe.
La decisión fue adoptada por la Fiscal Jefe Occidente, Solange Huerta, quien está a cargo de investigar las circunstancias en que murieron 156 personas y otras 25 permanecen desaparecidas tras el maremoto.