Informe de la Fundación Sol indica el peligro de pretender que los empleos precarios son solución permanente. Manipular las cifras es un acto de engaño y una violación de derechos fundamentales de todo un pueblo.
Chile, en el campo del empleo, nuevamente demuestra que en la OECD, al igual que en el campo de la educación, está en el último lugar. La salud no está mejor tampoco. La pretendida “fuerza y solvencia” del sistema económico chileno, se vuelve a desplomar. Cuando desarrollo se confunde con el aumento de fortunas y no de trabajo permanente, de educación con equidad, calidad y gratuidad para todos, se intenta vender la idea de un país solvente, seguro y que puede resistir las crisis mejor que la misma Europa. Espejismos falsos nuevamente manipulados por el gobierno.
Desde el golpe de Estado en Chile se ha perdido la capacidad de empleo y el derecho real, objetivo, de los trabajadores de negociar y asegurar la calidad y seguridad de sus propias vidas. La productividad a nivel nacional está centrada en sectores primarios y de explotación minera que es la mayor fuente de ingresos y de pérdidas potenciales para el país. Y esto es por el simple hecho de que las mineras pagan impuestos risibles y se llevan materiales sin participación laboral, sin ni siquiera percibir el beneficio de su elaboración o de poder incluir un valor agregado a los diversos metales que salen en las producciones de minas como Los Pelambres. Minas como esta van dejando un verdadero “Peladero” y, como lo he visto yo mismo, destruyen la calidad de vida de quienes viven en dicho sector: el agua intoxicada con compuestos químicos y metales pesados y la hacen imbebible para humanos o animales (reciben agua con camiones aljibes). ¡La simple sobrevivencia es amenazada por tranques de relave ilegales e inseguros que cualquier día se rompen y hacen desaparecer la aldea de Caimanes! O, en minas de compañías extranjeras, como La Escondida (o la mina canadiense a punto de entrar en producción como Pascua Lama) que destruyen y dejan otro peladero y daños ecológicos enormes.
La experiencia en La Rioja, Argentina, en la Mina Famatina, se ha establecido el Derecho a una Licencia Social (derecho de los pueblos de la vecindad de las minas a determinar y autorizar, si les parece, con la información objetiva que se debe producir –y no con las “coimas locales al estilo Pelambres” de tirar unas cuantas plazas o comprar personas) Esta ley en Chile no existe pero debería existir si fuésemos el país transparente y democrático que se pretende (El Clarin, Buenos Aires, Miércoles 1 de febrero 2012, páginas 3-4-5 en Sección: Política y medio ambiente)
Los salarios chilenos -también demostrado por la Fundación Sol- están muy por debajo de lo que debería ser un salario ético o digno y siguen deteriorándose. La calidad de la empleabilidad se desploma. No alcanza para la educación que estudiantes, familias y país reclaman. Sin embargo, en todos esos sectores, el país, mediante su gobierno y el Estado, refuerzan la represión como respuesta única a estas demandas legítimas y urgentes. Ni siquiera duplicando los salarios mínimos se consigue proveer a todos los jóvenes y menores de Chile con una educación de calidad, accesible y gratuita como la OECD y el pueblo de Chile exigen. Cuando los empleos generados son inestables y solo son subempleos, el estado se desliga de su responsabilidad de generar empleos estables, durables y con las regalías sociales que un país basado en democracia debería promover. Chile es un país rico cuyas riquezas, lo observamos a diario, son obtenidas por unos pocos y la equidad se sigue esfumando.
Los derechos humanos fundamentales continúan deteriorándose y el derecho a la protesta y a la negociación por su dignidad son criminalizados y sus líderes son juzgados, atacados con detenciones arbitrarias, y bajo amenazas de ser terrorista. Los abogados, incluso, de la comunidad Los Caimanes, que han denunciado las acciones de la Mina Los Pelambres están siendo querellados… Es decir, quienes polutan y destruyen la región, evaden impuestos e infractores de las leyes, además, persiguen a las víctimas. La pérdida de acceso al agua en los pueblos del norte o en las comunidades mapuche, que son los sectores más pobres del país, gracias al despojo al que son sometidos, es un acto de piratería legalizada de los clanes más ricos y cuyas ganancias son disfrazadas como mejoría en desarrollo del país. Tener unas pocas e inmensas fortunas, (Luksic, Angelini, Piñera, Paulmann y otras pocas) no significa aumento ni del PBI ni del desarrollo. El que estas fortunas puedan aumentar sus capitales en forma desmedida, incluso duplicarse anualmente y subir en las Revistas Fortune o Forbes, es muestra de inequidad, de leyes abusivas y de ganancias posibles solo en un país centrado ilegalmente en el lucro de unos pocos. Persiste la pretensión de presentar al país como país moderno, transparente y democrático… pero la realidad sólo muestra regresión, encubierta por falta de información y protegida por una represión que consolida las ganancias gracias a un gobierno de empresarios para empresarios sin ética social.
Dr. José Venturelli, Vocero CECT-Secretariado Europeo