Madrid.- El juez más famoso de España, el ahora suspendido Baltasar Garzón, enfrenta desde este martes 24 un nuevo proceso, por haber intentado investigar crímenes de la dictadura franquista, en la segunda y más trascendente estación del viacrucis jurídico en su contra.
Garzón vuelve a comparecer ante el Tribunal Supremo (TS) cinco días después de que quedó listo para sentencia el caso por las escuchas de las conversaciones entre abogados defensores y detenidos por el caso Gürtel, una de las mayores tramas de corrupción de la democracia española.
La nueva causa tiene especial relevancia a nivel mundial porque la actuación de Garzón se fundamentó en la aplicación del derecho internacional, en cuyo uso fue pionero, a los crímenes de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).
Francisca Sauquillo, “Paquita”, destacada luchadora antifranquista dijo este lunes 23 a IPS que “Garzón debe ser absuelto porque no cometió ningún delito y porque es una referencia de la aplicación correcta de las leyes en España”.
Tanto en las demandas por el caso Gürtel como el conocido como “de la Memoria Histórica”, se ha dado la extraordinaria circunstancia de que el TS lo ha enjuiciado contra la posición de la fiscalía, que en ambos pidió el archivo de las causas penales por falta de hechos constitutivos de delito.
Pero el TS, que es el que tiene la facultad para procesar a jueces activos, siguió sustanciándolas con base en demandas de acusaciones particulares por prevaricación, consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta.
En la causa por el caso de la Memoria Histórica, los querellantes son dos organizaciones de carácter franquista que piden 20 años de inhabilitación para el juez que proceso al dictador chileno Augusto Pinochet (1915-2006).
En el caso Gürtel se cerró el jueves 19 y los acusadores fueron abogados del jefe de la trama, Francisco Correa, y otros imputados de sobornar a altos dirigentes del gobernante y conservador Partido Popular y que, paradójicamente, aún no fueron juzgados.
Joan Garcés, un reconocido jurista y secretario personal del presidente socialista chileno Salvador Allende (1970-1973), señaló a IPS que el juicio sobre los crímenes del franquismo es “incorrecto”.
Planteó, además, que en él “se deberá admitir el testimonio de juristas reconocidos internacionalmente, porque Garzón ha sido uno de los más firmes impulsores del derecho internacional”, algo ya negado.
La acusación de prevaricación se basa en que el juez abrió una causa de competencia sobre la desaparición forzada de 114.266 personas entre julio de 1936, cuando se produjo un golpe militar contra el gobierno legal que dio origen a la Guerra Civil, y diciembre de 1951.
La acusación contra Garzón se funda en que no aplicó la Ley de Amnistía de 1977, pese a que dado su cargo tenía que conocerla y acatarla.
Además se añade que otra prevaricación suya es haberse declarado competente para investigar las desapariciones de personas durante la Guerra Civil y el franquismo, en un país donde decenas de miles de muertos permanecen enterrados “en cunetas”, sin que sus familiares hayan podido recuperar sus cuerpos.
Juan Ignacio Cortés, portavoz del capítulo español de la organización Amnistía Internacional, dijo a IPS que es “escandaloso que un juez sea juzgado por defender la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y familiares de una violación masiva de los derechos humanos”.
Antes, Amnistía manifestó en un comunicado que no tiene importancia que Garzón infrinja o no la legislación nacional, pues es la Ley de Amnistía de 1977 la que impide iniciar procesos por delitos contemplados en el derecho internacional.
Denuncia, además, que el mantenimiento de la ley de 1977 “supone un incumplimiento de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional”.
Por eso, Amnistía considera que “jamás puede considerarse como delito la investigación de violaciones de los derechos humanos, aún si para ello es necesario dejar de lado una ley de amnistía u otras normas relativas a la prescripción de los delitos”.
En el fondo de las acciones contra Garzón está su decisión, hace cinco años, de autorizar la apertura de 19 fosas, entre ellas unas en la que se supone que se encontraba el poeta Federico García Lorca (1898-1936), imputando como responsables de esos hechos a 35 altos cargos del régimen franquista.
La Sala de lo Penal del TS declaró en noviembre de 2008 que Garzón no tenía competencia para tratar el tema. En mayo de 2009 el TS admitió una querella en su contra de un grupo franquista y un año después se decidió un juicio oral por el caso.
Ello supuso su suspensión como integrante de la Audiencia Nacional, donde se instruyen los grandes casos en España.
Enrique Borcel, presidente del Observatorio Hispano-Argentino de Madrid, dijo a IPS que el juicio a Garzón promueve que todo quede en la oscuridad, que no se sepa toda la verdad sobre los crímenes de las dictaduras, sean españolas o de cualquier otra parte, “porque el accionar y el ejemplo de este juez se nota en todo el mundo”.
Borcel fue secuestrado y torturado en 1967 por militares de la dictadura argentina de la época y logró la libertad vendiendo su propiedad y sus oficinas para poder pagar “un rescate”, después de lo cual emigró a España, donde reside desde entonces.
El activista de derechos humanos insistió en el gran papel “jugado a nivel mundial” por Garzón para que se cumpla con la Ley de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Como ejemplos, citó que gracias a Garzón se comenzó a investigar en España lo ocurrido con los miles de fusilados y enterrados sin identificar por el franquismo, o se logró que en Argentina se encausaran 43 militares y un civil, acusados de represores durante la dictadura, después que libró una orden internacional de extradición.
Cortés, por su parte, insistió que lo correcto es lo contrario a lo que el TS está haciendo: apoyar y promover la búsqueda de justicia y de respaldo a las víctimas por defender los Derechos Humanos. Es una obligación que está consignada en el Derecho Internacional, “que el Estado español debe cumplir”, subrayó.
Amnistía, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica se pronunciaron conjuntamente este lunes 23 a favor del juez y recordaron la frase “¡Garzón es inocente, diga lo que diga el supremo!”, pronunciada por Carlos Jiménez Villarejo en 2010, cuando era fiscal Anticorrupción.
Reed Brody, consejero jurídico de Human Rights Watch, afirmó que “resulta paradójico que Garzón esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional”.
Pero lo que sucede ahora es que “al cabo de 36 años desde la muerte de Franco, España finalmente va a juzgar a alguien en relación con los crímenes cometidos durante su dictadura, y esta persona es nada menos que el juez que intentó investigar tales delitos”.
Tras estos dos primeros juicios, Garzón deberá enfrentar una tercera causa en el TS, sobre si recibió en forma ilegal fondos del Banco Santander para realizar unos seminarios en una universidad de Estados Unidos y si ello influyó en una posterior decisión suya a favor del presidente de la entidad, Emilio Botín.
Más allá de los apoyos dentro y fuera de España, los enemigos de Garzón parecieran haber conseguido su propósito porque parece muy complicado que el juez, de 56 años, pueda volver a ejercer el cargo desde el que abrió puertas al derecho internacional humanitario