En este artículo, Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos La Ciudad, revela la respuesta que recibieron, primero de la OCDE y luego del gobierno de Chile, las organizaciones que denunciaron la intromisión de Estados Unidos en las resoluciones que permitieron la instalación de la termoeléctrica Campiche.
Ese episodio quedó al descubierto por un reportaje de CIPER, publicado en mayo de este año, que difundió los cables filtrados por WikiLeaks que indicaban que el gobierno de Bachelet se comprometió a favorecer ese proyecto de AES Gener, a pesar de que enfrentaba resoluciones contrarias de la Contraloría y la Corte Suprema.
En el cuerpo Reportajes de El Mercurio del domingo 27 de noviembre de 2011 se publica una extensa crónica titulada “El impacto de WikiLeaks en América Latina” con epígrafe “casi veinte mil cables fueron enviados desde las embajadas de países latinoamericanos”, en donde se dan a conocer los más graves referidos a Chile, de acuerdo a la particular apreciación de ese diario de circulación nacional.
Para bajarle el perfil a los contenidos de los cables filtrados referidos a nuestro país, El Mercurio asevera que ellos tuvieron sólo un carácter anecdótico y que los mismos no revelaron grandes escándalos, con lo cual se buscó tranquilizar, mejor dicho adormecer, a sus leales lectores, uno de los cuales, en calidad de suscriptor, es el autor de esta columna de opinión.
Allí se dio cuenta del episodio de la Presidenta Bachelet, quien habría expresado palabras impropias respecto de su colega Cristina Fernández, según el lenguaraz funcionario norteamericano Arturo Valenzuela. Este diplomático, de manera sibilina, transmitió a sus jefes en EE UU que la primera mandataria chilena consideraba que la presidenta argentina era “inestable” (sic).
También se recordó el cable enviado el 09/10/09 por la segunda funcionaria de esa embajada, dando cuenta que Sebastián Piñera manejaba la política y sus negocios al límite de la ética y la ley. Y se consignó asimismo el referido a la solicitud de ayuda de inteligencia que Edmundo Pérez Yoma, ministro del Interior de Bachelet, habría formulado a EE UU para detectar los vínculos que podrían existir entre ciertos grupos mapuches con organizaciones extranjeras.
Como ese diario no dijo ni una palabra del cable más impúdico de todos, recordamos que nos referimos a ese documento en nuestra columna “Campiche y la Embajada de EEUU”, publicada el 15/03/11 en CIPER, relatando con lujo de detalles el vergonzoso episodio de la intromisión de un ex embajador de ese país en nuestros asuntos de políticas públicas ya resueltos por dictamen de la Contraloría General de la República y fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia.
Allí hablábamos de la empresa norteamericana AES Gener favorecida con extemporáneas decisiones administrativas del gobierno de Bachelet, con las cuales, consintiendo el pedido extranjero, se violó nuestro Estado de Derecho.
Terminábamos dicho artículo de la siguiente manera: “Así fue como junto con ChileSustentable, Ecosistemas y Acción Ecológica, el martes 8 de marzo recién pasado, nos dirigimos formalmente al secretario general de la OCDE, con copia al presidente Piñera y al presidente de la Corte Suprema, instancia judicial menoscabada por unos insolentes dichos del diplomático Simons, solicitándole que, con sus principales colaboradores, analizara la censurable intromisión de EEUU en nuestro país. Como esa injerencia distorsiona gravemente los principios, directrices y fundamentos de las economías de libre mercado, le pedimos a la OCDE que procediera con rigor y suprema voluntad política para sancionar ejemplarmente a ambos países”.
Pues bien, después de algunos meses la famosa OCDE nos respondió eufemísticamente, con palabras en inglés, dejando en claro que esa organización internacional carece de fuerza y de atribuciones para que los países adscritos a ella cumplan las disposiciones que pomposamente imparte a las empresas multinacionales. Para salvar las apariencias la autoridad firmante de la contestación nos expresó que “sin embargo he pedido a mi personal que transmita su comunicación al gobierno de Chile para su conocimiento y adopción de medidas si se considera apropiado”.
En vista de lo anterior y como la OCDE se relaciona directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, el 3 de noviembre de 2011, conforme a la Ley Nº 20.285, de Transparencia, le solicitamos a Alfredo Moreno, canciller de la República, que nos informara por escrito cual ha sido el resultado de la investigación que se ha hecho al interior del gobierno para impedir en lo sucesivo la intromisión de países extranjeros en nuestras políticas de Estado.
Entre otras cosas, le decíamos al canciller Moreno que teníamos la más absoluta de las certezas en cuanto a que él compartía la molestia que nos causó conocer los detalles de esta situación difundida en nuestro país por CIPER. También le expresamos que el gobierno de Sebastián Piñera debía adoptar urgentemente las medidas necesarias para evitar la repetición de este tipo de prácticas tan negativas que erosionan el sistema democrático y el ejercicio del libre mercado en la economía.
Con el propósito de que el aludido ministro tuviera a la mano la documentación de respaldo, le adjuntamos a nuestra presentación, copia del texto de denuncia formulada ante el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, copia de las notas dirigidas al Presidente de la República y al presidente de la Corte Suprema, a éste porque en el cable filtrado de la Embajada de EE UU, su titular calificaba a este poder del Estado como “activista ambiental” (sic), y copia de la respuesta de la OCDE.
Vía carta Nº 4892 del 25 de noviembre de 2011, la directora de Asuntos Económicos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores nos responde en los siguientes términos : “….no disponemos de ninguna clase de información sobre la materia consultada y, por lo tanto, resulta imposible remitirle cualquier tipo de antecedentes o informaciones”.
Por lo relatado, queda en evidencia que el acomodaticio sistema imperante en Chile no desea, por ningún motivo, reconocer los comportamientos incorrectos de sus agentes políticos y por ello tanto El Mercurio como la Cancillería se niegan a reconocer la existencia de esas malas prácticas. Luego y con cierta pena, observamos transparencia cero en el denominado establishment que toma las decisiones.
Lo anterior reviste mucha gravedad, porque si ese luctuoso incidente no existe para el más influyente de los medios de prensa, ni para el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo más probable es que esa penetración foránea se podría repetir, lo que es un riesgo latente, una posibilidad que rechazamos de plano. Los que nos consideramos buenos ciudadanos le exigimos a los políticos que siempre se respete nuestra soberanía.