La Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció a las tres productoras de pollo más importantes del país de coludirse para limitar la producción de uno de los alimentos prioritarios en la dieta de la población, una práctica que se suma a otros casos denunciados, como las farmacias.
Según la denuncia presentada ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo -que concentran más del 90% del mercado de pollo en Chile- llegaron a un acuerdo “consistente en limitar y asignar cuotas de producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional”.
El caso volvió a remecer a la economía chilena, salpicada en los últimos años año por otros casos de colusión entre empresas en ámbitos como el farmacéutico y del transporte y por un escándalo financiero en los almacenes La Polar, que reprogramó unilateralmente las deudas de sus clientes morosos, incrementando exponencialmente el monto de éstas.
La última denuncia afecta un producto especialmente sensible, por tratarse de la carne más consumida por los chilenos, especialmente en los sectores más pobres y que produce un total de 500.000 toneladas anuales, según la Asociación de Productores Avícolas de Chile.
“El pollo es la carne que más se consume en el país y también la más barata. Esto afecta especialmente a los quintiles más desposeídos, porque ellos tienen un mayor gasto en esta proteína”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázaval, al plantear la demanda.
En su presentación, la FNE explicó que la práctica de alterar la oferta de pollo -que impacta de forma indirecta en su precio- se habría desarrollado durante más de 10 años, a través de reuniones concertadas entre los ejecutivos de las tres compañías, amparadas por la asociación gremial que los agrupa.
La FNE solicitó al tribunal antimonopolios aplicar a las tres compañías y a la Asociación de Productores Avícolas, la multa más cuantiosa que contempla la legislación y que en conjunto alcanza a unos 110 millones de dólares.
La sanción requerida, de acuerdo al fiscal, no alcanza a cubrir los cuantiosos excedentes generados por las compañías durante casi una década de colusión.
Ninguna de las empresas se había pronunciado hasta ahora, pero el caso generó un fuerte repudio de parte de las autoridades.
“Cuando la libre competencia no es respetada, los perjudicados son los mismos de siempre, la clase media, las pymes, la igualdad de oportunidades, la innovación y el emprendimiento”, señaló el presidente Sebastián Piñera, al anunciar la creación de un grupo técnico de trabajo que asesore en la modernización de la legislación sobre libre competencia.
“Vamos a perfeccionar la institucionalidad a través de un grupo de trabajo del más alto nivel que el presidente ha decidido convocar, para que en Chile exista una economía social de mercado, que permita el libre emprendimiento”, explicó de su lado el ministro de Economía, Pablo Longueira.
La denuncia no es nueva en el mercado chileno, que se caracteriza por lo pequeño de su tamaño y la gran concentración que existe en sectores claves.
En lo que va de año, la FNE ha presentado cinco denuncias por colusión entre empresas, la mayor parte de ellas en el sector de transporte, tras detectar acuerdos entre compañías de buses por aumentar tarifas o impedir la entrada de nuevas empresas en el mercado.
Hace dos años el mercado volvió a remecerse luego de que la farmacéutica FASA reconoció haberse concertado con otras dos cadenas de farmacias -Cruz Verde y Salcobrand- para aumentar el precio de 220 medicamentos, algunos prescritos para enfermedades crónicas como la diabetes y la epilepsia.
“Cuando existe colusión, control de la producción y de la oferta y asignación de cuotas en el mercado, se deteriora un pilar esencial del desarrollo basado en el libre mercado y, lo más grave, se afecta fuertemente el bienestar de los consumidores”, criticó el presidente de la patronal chilena, Lorenzo Constans.