Misael Cuevas, presidente de la Federación Ibero Latinoamericana de Apicultura, que tiene entre sus miembros a la Red Nacional Apícola (integrante de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile”) expresó desde Concepción, en entrevista telefónica: “Hasta ahora sólo tenemos la promesa de que ANPROS va a entregar la información sobre dónde están los predios en que hay cultivos transgénicos.
En la primera reunión ellos solicitaron que los apicultores entreguemos la información sobre la ubicación de nuestras colmenas, pero lo que nosotros buscamos, y lo que corresponde, es lo contrario. Hasta el momento los productores de semilleros transgénicos en Chile, responsables por la posible contaminación de la miel con polen de maíz o raps transgénicos, siguen sin entregar información sobre la ubicación exacta de estos cultivos. Con el patrocinio de ODEPA se han realizado por primera vez, desde la emergencia, dos reuniones de apicultores con ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas, de Semillas sin resultados concretos hasta ahora.”
ANPROS es responsable de los cultivos de maíz y raps transgénico que han contaminado la miel chilena. La Red Nacional Apícola agrupa a pequeños productores nucleados en ocho organizaciones regionales y sus miembros producen cerca del 35% de la miel del país. Las regiones que tienen más semilleros transgénicos de maíz son O’Higgins (en la comuna de Chimbarongo, por ejemplo, hay 2.019,34 hectáreas de maíz genéticamente manipulado), Maule (San Clemente tiene 1505) y la Región Metropolitana (San Bernardo tiene 379 hectáreas de maíz transgénico). El raps está mayormente en las reiiones de la Araucanía (en Vilcún hay 288,23 hectáreas) y de BioBio (hay 579 hectáreas en la comuna de Los Angeles). En total, los semilleros transgénicos de maíz totalizan 13.659 hectáreas, en tanto que existen 2.618, 24 hectáreas de raps transgénico, todo ello según cifras publicadas por SAG.
Respuestas dilatorias
Misael Cuevas ha demandado al gobierno que adopte medidas para que el gremio de los apicultores pueda encarar la amenaza representada por los cultivos transgénicos, ante la decisión de la Corte Europea (septiembre 2011) de no aceptar miel contaminada salvo que esté etiquetada como transgénica. Explica Misael: “Ema Laval, jefa del Departamento de Políticas Agrarias de ODEPA ha respondido a las cartas que le hemos enviado pidiéndoles un pronunciamiento para saber si tendremos o no apoyo, y nos ha dicho que están estudiando el tema. Nosotros hemos replicado que nos dé una fecha en la cual haya respuesta concreta”.
Cuevas informa que mientras en Chile a nivel oficial nadie hace nada concreto para defender la apicultura nacional, a nivel global se están produciendo novedades en la que distintos sectores adoptan resguardos para defender sus intereses: los envasadores europeos, por ejemplo han establecido grupos de trabajo por el tema del etiquetado de los frascos. El lunes 14 de noviembre se reunirá en Bruselas la Comisión Apícola Europea, un grupo consultor de la Comisión Europea para analizar diferentes aspectos de las consecuencias del fallo del Tribunal. En Madrid se realizaron el 10 y 11 de noviembre las Jornadas Científicas sobre Transgénicos, en la cual apicultores se hicieron presentes para incorporar esta arista en el debate sobre los impactos de los cultivos de organismos genéticamente modificados. Misael Cuevas valoró las recientes declaraciones del senador Navarro respecto de que el Estado debía hacerse cargo de los daños generados por los cultivos transgénicos debido a que protege el secreto de los cultivos, y que estos no deben ser asumidos por los apicultores, agregando que la de Navarro es la primera intervención en este debate desde niveles cercanos al poder político. El senador por la región del BioBio sostuvo que “debe ser el propio Estado, a través del Ministerio de Agricultura, el que asuma los costos y daños que les está produciendo el rechazo de importantes volúmenes de miel contaminada por transgénicos en Europa, debido a su empecinamiento en promover y mantener en secreto las plantaciones genéticamente modificadas”, denunciando: “Tenemos información concreta de que el Gobierno a través del Indap ve como única solución a este problema el suspender los apoyos financieros para las inversiones de este sector, lo que es inaceptable”.
SAG: problema entre privados
A su vez, en la Mesa de Impulso Competitivo del SAG, en la que RAP-Chile participa en relación a los plaguicidas, Víctor Ramírez, coordinador de la Mesa Inocuidad Alimentaria e Insumos informó oficialmente el viernes 10 de noviembre –atendiendo una consulta de RAP-Chile – que el tema de las exigencias sobre trazas de polen transgénico en mieles “no forma parte de las exigencias oficiales especificadas por el Servicio Veterinario Oficial de Unión Europea”, el cual no le ha entregado información sobre retenciones de miel contaminada con transgénicos. Calificó el asunto como un “problema entre privados”, por lo que eludió la adopción de medidas inmediatas al respecto.
Sin embargo SAG reconoció el inicio de coordinaciones con los afectados, y anunció que los planteamientos que ha hecho el gobierno ante apicultores y exportadores involucrados en el tema son que se mantendrá el secreto sobre la ubicación de las plantas hasta que no se produzca el fallo en la Corte de Apelaciones, en la demanda que Monsanto y von Baer –entre otros- presentaron contra la resolución del Consejo de Transparencia que los obligaba a revelar la ubicación exacta de los cultivos transgénicos. La demanda fue planteada por la Red de Acción en Plaguicidas el año 2009. A la vez SAG informó que la División de Recursos Renovables implementará en un plazo no especificado, un sistema de Información Geográfica con la georeferenciación de los cultivos transgénicos, lo que permitirá a los apicultores saber si están en el área de impacto, antes de trasladar colmenas para polinización o instalar colonias. Agregó que el Laboratorio Lo Aguirre, dependiente del Servicio Agrícola y Ganadero, está implementando la técnica de detección de polen trasngénico, que el SAG en forma eufemística denomina “trazas de polen OGM en miel”.
La interpretación que el SAG hace del fallo de la Corte Europea se limita a reconocer que pedirán etiquetado para la miel transgénica y descarta absolutamente que ello tenga que ver con riesgos para la salud, evidenciando un desconocimiento del marco jurídico del fallo de la Corte del que se deriva la emergencia actual. Para ello, sólo se fundamenta en el derecho a saber, cuestión q no mencionada ni una sola vez en el fallo, pues eso ya no es tema en Europa. Para el SAG, a contrapelo de la realidad en Europa y otros mercados a los que Chile exporta, la inocuidad alimentaria no contempla para nada el asunto de los transgénicos.
Aspectos ligados a la salud
El fallo en cuestión cita como marco jurídico para la resolución de la Corte Europea, la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. El quinto considerando de dicha Directiva indica que la protección de la salud humana exige que se preste la atención debida al control de los riesgos derivados de la liberación intencional en el medio ambiente de OMG. El artículo 4, apartado 3, establece que la evaluación tendrá por objeto los potenciales efectos adversos que puedan tener, directa o indirectamente, sobre la salud humana o el medio ambiente, las transferencias genéticas de OMG a otros organismos. El Reglamento nº 1829/2003, también citado, que se deriva de la directiva busca asimismo «asegurar un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas» por medio de la «evaluación de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, ya sean directos o indirectos, inmediatos o retardados, que puede entrañar la liberación intencional o la comercialización de OMG (artículo 2, número 8, de la Directiva 2001/18);
Considera «alimentos modificados genéticamente»: aquellos que contienen o están compuestos por OMG o han sido producidos a partir de ellos (artículo 2, número 6, del Reglamento nº 1829/2003). En el considerando número 89 del fallo, se dice: “el riesgo para la salud humana que dicho Reglamento pretende evitar es independiente del carácter intencional o fortuito de la introducción de la sustancia correspondiente.”
Finalmente, en el considerando 96 se sostiene que Las Directivas 90/220 y 2001/18 fueron adoptadas sucesivamente para regular la liberación intencional de OMG en el medio ambiente y la comercialización de OMG como productos, con el objetivo de evitar los efectos negativos que dichos OMG podrían producir sobre la salud humana y el medio ambiente.
Consecuencias del fallo
Los posibles perjuicios para los apicultores chilenos provienen del fallo del tribunal de justicia de la Unión Europea, emitido respecto de miel contaminada con polen transgénico en Alemania – el caso analizado- la cual deberá pasar por un proceso de revisión y etiquetado previo a su comercialización. Alemania recibe el 74,3% de las exportaciones chilenas de miel, seguida por Francia (13,1%), Luxemburgo y Bélgica (datos de ODEPA), y ya ha habido rechazos de embarques. En 2008 Chile tuvo una participación de 2,2% del mercado global de miel, con el puesto 14 a nivel mundial, siempre según ODEPA.
Un análisis realizado a 20 tambores de miel chilenos reveló que todos contenían polen transgénico, según informó Juan Pablo Molina (de JPM Exportaciones) en un encuentro gremial realizada el 2 de septiembre en Talagante. En Chile, los apicultores no pueden ser compensados por el daño, ya que ignoran la ubicación de los cultivos de semilleros transgénicos responsables de la contaminación. La política oficial es promover la coexistencia entre semilleros transgénicos y cultivos convencionales u orgánicos, lesionando como queda una vez más demostrado, los intereses de los productores apícolas, convencionales y orgánicos. Según ODEPA, las exportaciones totales de miel del país durante 2010 totalizaron 8.601 toneladas, avaluadas en US$ 28,9 millones.
La polémica que ha activado a los apicultores chilenos ejemplifica los riesgos no considerados para las exportaciones chilenas, derivados de la producción transgénica, pero pueden extenderse en el futuro a otros negocios de exportación si eventualmente llegaran a aprobarse los cultivos transgénicos para el mercado interno. Existe un fuerte lobby de los productores agrupados en ANPROS, la Asociacón Nacional de Productores de Semillas, constituida en un 66% por semillas transgénicas (SAG, 2011). Hasta ahora han contado con la tácita venia del poder judicial que hasta ahora se niega a poner en tabla la demanda que busca “sacarles la capucha” en el campo. Los anteriores directivos del Consejo para la Transparencia habían emitido un fallo unánime ordenando el fin del secreto. Hoy han sido desplazados y el Consejo continúa acéfalo, contribuyendo a mantener el statu quo en relación al tema de los transgénicos.
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