El senador Alejandro Navarro se encuentra en Roma para promover el reclamo de los habitantes de la ciudad de Coronel a la transnacional italiana ENEL, por daños ambientales y a la salud.
Durante su estancia en esta capital, Navarro ofrece detalles del caso, entre otros, a legisladores, funcionarios del gobierno, representantes de asociaciones y periodistas, acompañado por Juana Hernández, representante de las familias afectadas por la contaminación generada por las centrales termoeléctricas Bocamina 1 y 2.
El objetivo final es la clausura de las dos plantas operadas con carbón y la ejecución de un plan para la recuperación ambiental de la ciudad de unos 116 mil habitantes, mediante una alianza estratégica público-privada, dirigida por el Estado, con perspectivas de abarcar, posteriormente, a otras industrias del territorio.
El Ente Nacional para la Energía Eléctrica (ENEL) adquirió de la española Endesa la primera planta inaugurada en 1969 y construyó la segunda, en 2012, en el mismo lugar, con afectaciones para la población circundante, incluidos los estudiantes y profesores de una escuela vecina.
Como consecuencia de una demanda presentada en 2013, en la cual participó el senador junto con dirigentes de la zona y pescadores artesanales, ENEL fue sancionada con una multa equivalente a más de siete millones de dólares, por los daños ambientales causados.
La demanda de vieja data, recobra vida ahora al expirar el plazo de cinco años establecido por el acuerdo suscrito en diciembre de 2014 -tras varios años de movilización social- por la empresa con pescadores de la localidad, el cual previó acciones de mejoramiento ambiental y resarcimiento económico.
El pacto firmado con 20 organizaciones sindicales, dirigentes regionales y el alcalde en aquel momento, fue criticado entonces por Navarro, quien se negó a participar en él por considerarlo ineficaz y leonino, al prohibir, entre otras cosas, la reapertura del caso durante los cinco años de vigencia.
Un quinquenio después, el también presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado chileno, lidera la lucha de los pobladores de la ciudad ubicada en su región de Biobío, con argumentos que impugnan la legitimidad, eficacia y alcance limitado del acuerdo.
El legislador muestra como evidencias los resultados de análisis realizados en la comunidad, los cuales comprobaron la existencia en niños de metales pesados por encima de los niveles permitidos.
En la sede del coloso productor y distribuidor de electricidad y gas, cuyo accionista mayoritario es el Estado italiano, la comitiva se encontró con el responsable para América del Sur, Maurizio Bezzeccheri, el gerente general de ENEL Chile, Paolo Pallotti, y Pedro Urzúa, gerente de Relaciones Públicas.
En diálogo con Prensa latina, Navarro expresó que fue una reunión de más de tres horas 'muy franca' y 'en mi opinión dura', en la cual plantearon las responsabilidades del Grupo ENEL, como propietario de ENEL Chile y 'las inconsistencias que ellos han manifestado al guardar silencio durante cinco años'.
Recordó en tal sentido que el acuerdo no resolvió los problemas de fondo, con la persistencia de 'la gravísima contaminación con metales pesados' en Coronel y el mar, ni contribuyó a la creación de oportunidades y estabilidad laboral de recogedoras de algas y pescadoras artesanales.
Lo que hemos venido a plantearle a ENEL Italia -apuntó- es que tiene que sacar, de manera inmediata, el vertedero de cenizas que existe hoy día en el corazón de Coronel, además de cerrar inmediatamente la planta más antigua y fijar una fecha de término para la otra, prevista originalmente hasta 2052.
En lo que estima será un proceso largo, el cual culminará con la salida definitiva de las plantas de ENEL de Coronel, el senador anunció que, a propuesta de Bezzeccheri, las conversaciones continuarán el próximo día 27 en Chile.
En esa reunión -acotó- deben participar el alcalde, Boris Chamorro, con sus concejales, los pescadores, las recogedoras de algas y las madres de los niños contaminados, con una agenda previa para que sea productiva.
Por otra parte, advirtió que el funcionamiento de las dos plantas de la empresa italiana afectan el compromiso asumido por Chile respecto a la emisión de gases contaminantes, en la Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en 2015, en París.
'Este va a ser un tema que la comunidad de Coronel y muchos parlamentarios vamos a plantear con mucha fuerza en la COP 25, de la cual Chile será sede en diciembre de este año', adelantó el líder político.