Una misión de observación dirigida por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, y por el consejero José Aylwin, y que contó con la participación de un equipo interdisciplinario de profesionales del INDH, culminó ayer con la presentación de los resultados preliminares de la recopilación de información en terreno sobre el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades mapuche pehuenche de la zona.
“Constatamos que la comuna vive una paradoja, ya que es una zona integrada económicamente al país y al mundo, a través de las mega generadoras y de plantaciones de monocultivos forestales promovidas por el Estado; sin embargo, excluye a las comunidades y a la población indígena del acceso a la calidad de educación, salud y trabajo, según su cultura”, sostuvo la directora Consuelo Contreras ante los medios de prensa.
La directora nacional del INDH agregó que “hemos escuchado el reclamo y las denuncias de lonkos y de miembros de las comunidades indígenas de los valles del Queuco y del Bío Bío, y aquellas relocalizadas en Santa Bárbara, sobre la responsabilidad del Estado en su abandono, los compromisos incumplidos, la dilación para las soluciones, incertidumbres sobre su futuro y el de sus hijos/as, así como acciones consideradas de amedrentamiento por sus demandas de tierras, territorios, la defensa de su cultura y sus derechos de aguas”.
Respecto de este último punto, Consuelo Contreras señaló que “el futuro del agua debe considerarse como prioritario, para que sus habitantes puedan gozar de este derecho humano. Esto, puesto que el derecho de agua otorgado en la zona pertenece mayoritariamente a particulares no pehuenche 46%, luego a las empresas (37%) y solo un 17% es de los indígenas, los que sin este vital elemento no pueden ser dueños de su desarrollo, ni gozar de de él para su cosmovisión”.
A través de una treintena de entrevistas con comunidades, organizaciones de la sociedad civil, organismos estatales y empresas, el INDH estableció un panorama de la situación que se vive en la zona, la que a todas luces resulta preocupante dada la tensión social y política que se acumula en la zona.
En particular, resulta preocupante la situación de las comunidades relocalizadas como consecuencia de la instalación de proyectos hidroeléctricos en el área de Aiyin Mapu y Los Michales, que están en condiciones de vulneración de sus derechos, debido a que se les desplazó de sus territorios de ocupación tradicional, por tierras parceladas, fragmentadas para algunas familias y bajo la lógica de propiedad privada y no comunitaria.
En las entrevistas con diversas autoridades municipales y con funcionarios públicos, el INDH constató la preocupación que existe por la falta de autonomía política para definir sus propias prioridades en materia de desarrollo, restitución de sus derechos sobre las aguas, y de las tierras y territorios de ocupación tradicional.
Tomando en cuenta este panorama, el INDH expresó que es fundamental que la presencia policial uniformada y civil, y su intervención se apegue a la ley y no sea utilizada para amedrentar a los que legítima y pacíficamente reivindican para sí los derechos de los pueblos indígenas reconocidas en la Ley Indígena y en el Convenio 169 de la OIT.
Consuelo Contreras continuó señalando que “muchos de ellos perciben al Estado como responsable, por omisión, de la presencia de grandes empresas en la zona, las que en su actuación no cumplen con su deber de respetar los derechos humanos, impactando adversamente a las comunidades, los ecosistemas y la cultura de la que son orgullosos”.
Además de la directora Contreras y del consejero Aylwin, participaron nueve profesionales de la sede regional del Bío Bío y de Santiago, los que se dividieron en tres equipos de trabajo distribuidos territorialmente, uno en el Valle del Queuco, otro en el Valle del Bío Bío y el tercero en las comunas de Ralco y Santa Bárbara.