Está de moda que, como fruto de la anti-política, se eligen para la conducción del país a personas pseudo-marginales, cuya única cualidad es prescindir de la corrupción y del robo. Es el caso del “cómico” Jimmy Morales y, ahora del militarista y fascista, Jair Bolsonaro.
A estos supuestos marginales de la política se les atribuye la capacidad de poner fin a violencia estructural que padecen Guatemala y Brasil, así como, en alguna medida, el resto de los países de América Latina. La corrupción, como otros delitos, siempre existan sociedades anémicas, pero cuando hablamos de corrupción estructural nos estamos refiriendo a que las instituciones del Estado funcionan sobre la base de prácticas delictuales.
No es lo mismo hablar la corrupción diaria – evadir el pago del Transantiago, sobornar a un policía para no pagar la multa a una infracción, por ejemplo – y el Estado corrupto. Los delitos cometidos por miembros de la sociedad civil no son equiparables con los del Estados, que mantiene el monopolio de la fuerza y la coerción y un poderoso aparato burocrático. En los países donde existe una corrupción estructural se pasa fácilmente del Palacio de Gobierno al de los Tribunales y, luego, a la cárcel.
En Perú, Guatemala, Brasil, Argentina y en otros países, los Presidentes están acusados de ser jefes de asociaciones ilícitas, de peculado, de lavado de dinero, de fraude al fisco, y de muchos otros delitos económicos. En el caso de Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta, Roxana Baldena, pasaron del Palacio de Gobierno directamente a la cárcel.
Otto Pérez tuvo el mérito de haber detenido al famoso líder del Cartel de Sinaloa, el “Chapo” Guzmán, y ambos están signados por destinos similares: mientras el narcotraficante estaba en una cárcel de México, el ex general llegaba a la Presidencia de la República de Guatemala, pero ambos, al final, han terminado en la cárcel. (Recordemos que el “Chapo” Guzmán estuvo en distintos períodos en la cárcel, de la que se fugaba, y hoy se encuentra en una de Estados Unidos, donde es juzgado por narcotráfico).
Las manifestaciones populares contra la corrupción habían convertido al país de los Mayas en un modelo en la lucha contra la corrupción de la clase política, incluidos sus Presidentes. En el juicio contra Pérez Molina y su vicepresidenta la presión popular había jugado un papel importante.
Vinieron las elecciones de 2016 y se disputaba la segunda vuelta entre Margarita Torres – divorciada de su marido, el ex Presidente Alvaro Colum, también acusado de corrupción, condición para ser candidata – frente al Cómico ultranacionalista, Jimmy Morales, quien ganó gracias a su lema “Ni corruptos ni ladrones”.
No es que los electores sean idiotas, ignorantes o ingenuos y prefieran elegir a candidatos que los traicionan una vez en el poder; no es que todos los candidatos hayan nacido ladrones; no es que gobernar sea sinónimo de delinquir, o bien, que el poder siempre implique corrupción – como diría el gran libertario Emiliano Zapata cuando Pancho Villa le ofreció sentarse en lo que se suponía era el podio presidencial <históricamente no lo era> y la rechazó diciendo “en esta silla se sienta un hombre bueno y termina siendo malo y corrupto” -. Esencialmente, en la época de la democracia bancaria la política está dominada por la corrupción estructural, y se comprueba que ningún Presidente ha finalizado su período sin un cierto grado de corrupción, a pesar de sus buenas intenciones.
Como hoy no es necesario ser cura para andar manoseando niños, tampoco lo es el político para robar. En todos los casos de juicios contra políticos corruptos, estos han sido reemplazados por anti-políticos, incluso más corruptos que sus predecesores. Por ejemplo, a Bettino Craxi y Julio Andreotti los reemplazó el más corrupto de todos, el empresario de medios de comunicación, Silvio Berlusconi; a Inácio Lula da Silva lo reemplazó Jair Bolsonaro; al corrupto Pérez Molina lo reemplazó Jimmy Morales. Los tres últimos políticos fueron reemplazados por empresarios, cómicos y militares fascistas, más ladrones y corruptos que los primeros.
Si los democratacristianos y los socialistas italianos tenían relaciones con la mafia, y los pueblos de Sicilia dirigidos por alcaldes de la Democracia Cristiana, el Partido Forza Italia y el Partido Liga del Norte no lo hacen peor. En Brasil, los hijos de Bolsonaro son tan ladrones como muchos de los diputados del parlamento brasilero. Al peronismo de La Cámpora lo reemplaza Cambiemos, de Mauricio Macri, un ladrón e hijo de ladrón.
El actual ex cómico Presidente guatemalteco, Jimmy Morales, incapaz de gobernar, ha sido acusado de haber ocultado – no declarado ante el Servicio Electoral – cerca de un millón de dólares, donados para su campaña presidencial por militares genocidas y empresarios corruptos, que en Guatemala constituye un delito.
Para desaforar al Presidente y hacerle un antejuicio es necesario contar con 108 de los 158 diputados. La Cámara, dominada por militares y empresarios sinvergüenzas, denegó el desafuero del Presidente Morales.
En Guatemala existe un convenio entre el gobierno y el CICIG; (Comité contra la impunidad en Guatemala), cuyo jefe es el colombiano, de Antioquia, Juan Velásquez, un hombre íntegro e implacable contra corrupción en Guatemala; su compañera de labores es la fiscal Thelma Aldana, también valiente y firme en contra de la corrupción.
Hoy, la corrupción tocó a familia directa del Presidente Morales: su único hermano, Sami, y su hijo, José Manuel, están acusados de fraude al fisco, además de lavado de dinero, (en el caso del hermano).
El Presidente Morales, desesperado, declaró persona non grata a Velásquez y demás funcionarios de la ONU, rompiendo el acuerdo con el CIGIG, y dejando a mercer de los corruptos a Guatemala.
En el caso del triángulo norte de Centro América, es decir, Salvador, Honduras y Guatemala, Estados Unidos no tiene necesidad de invadirlos, pues lo ha llenado de veneno con el fin de evitar las caravanas invasores, apostadas en la frontera norteamericana, (Salvador cuenta con una de las poblaciones más nutridas en Estados Unidos). El sueño de Donald Trump sería que estos tres países de “mierda”, poblados de gente de mierda, fueran anexados a México, pero el problema es que su Presidente Andrés Manuel López Obrador, no es servil al gobierno de Trump como lo es Juan Orlando Hernández, usurpador de triunfos ajenos, en Honduras.
En conclusión, los que se dicen moralistas son más ladrones y corruptos que los mismos tildados de inmorales, (Léase el caso del juez Sergio Moro, acosador de Lula da Silva, y hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro).
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
22/02/2019