La propuesta conjunta de los gobiernos de México y Uruguay para que la comunidad internacional auspicie un diálogo que permita un acuerdo democrático entre el gobierno y la oposición venezolana parece ser la única vía que permita que Venezuela resuelva pacíficamente su grave conflicto interno. Además, que ambos países poseen notables credenciales en materias claves para resolver el problema.
México, por su fuerte y permanente postura contra la injerencia en asuntos internos de otros países, en momentos en que Estados Unidos –bajo Trump- ha dado varias demostraciones de querer imponer una “solución” en Venezuela. Y Uruguay, por su también constante preocupación por el respeto de los derechos humanos, en momentos en que el gobierno venezolano ha acentuado una política de graves violaciones de estos derechos.
Por cierto que la historia autoritaria de Venezuela hace mucho más difícil encontrar una solución auténticamente democrática. Hasta 1958 su historia estuvo regida casi permanentemente por dictaduras. Lo que pudo sacarla de su historia autoritaria -la democracia construida por AD y COPEI- naufragó debido a una gigantesca corrupción que corroyó completamente sus bases. Luego, la “Revolución Bolivariana” tuvo desde sus inicios una imimpronta autoritario-mesiánica que fue agravándose con el paso de los años, ayudada -entre otras cosas- por una oposición en que primaron desde temprano claros objetivos golpistas. Desde los intentos por expulsar a Chávez del gobierno a través de su declaración de “demencia” en 2000; del fugaz golpe de 2002; de los boicots a las elecciones parlamentarias en 2005; hasta los intentos de buscar la caída (“salida”) del régimen a través de hacer ingobernable el país en 2014. Lo único que lograron dichos intentos fue el fortalecimiento progresivo de los sectores más radicales del chavismo-madurismo, al grado que han ido convirtiendo al régimen en una virtual dictadura, luego del insólito y grotesco “desconocimiento” de las atribuciones del Congreso venezolano efectuado por el Poder Judicial en 2016.
Lo que fundamenta la sensata propuesta mexicana-uruguaya, es que obviamente ni una guerra civil, ni la imposición autoritaria de unos sobre otros va a resolver democrática y pacíficamente el gravísimo cisma que sufre la sociedad venezolana. La comunidad internacional, en lugar de abanderizarse por uno u otro, debiese dedicar sus mayores esfuerzos a ayudar a generar las condiciones para un diálogo que permita resolver democráticamente el conflicto. Que es muy difícil, lo es. Demostración de ello son los diversos intentos fracasados realizados hasta la fecha en esa dirección. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los anteriores esfuerzos -más allá de la buena voluntad de los mediadores- no han sido efectuados por el conjunto de la comunidad internacional. Distinto sería si, impulsados por los gobiernos de México y Uruguay, las grandes potencias, América Latina, Europa, Africa, Asia y Oceanía generasen fuertes estímulos para que ambas partes se comprometan seriamente a resolver el conflicto. Y a establecer también fuertes disuasivos para que ambas partes comprendan que sería tremendamente costoso para cualquiera de ellas utilizar mañosamente el diálogo solo para “ganar tiempo”.
Bien valdría la pena intentar lo anterior. Por el bien de Venezuela y de su pueblo que tanto está sufriendo. Y por el bien del conjunto de América Latina. Y, además, contribuiría a la generación de un buen ambiente a nivel mundial.
Por otro lado, las alternativas de imposición total de unos sobre otros significarían muy probablemente una atroz guerra civil (combinada seguramente con invasiones extranjeras) y una feroz dictadura que postraría quizás por décadas a Venezuela, muchísimo más de lo que ya está. Y reintroducirían un funesto clima autoritario-bélico en el conjunto de América Latina.