Septiembre 20, 2024

Francia, tierra de asilo: el caso de Ricardo Palma Salamanca

Personalmente, rechazo los militares tanto de izquierda como de derecha. Durante el gobierno de la UP la ultraizquierda tiene una importante responsabilidad  en la derrota del 11 de septiembre de 1973. Nunca he adherido a la postura de todas las formas de lucha, propiciadas por el PC y, después, por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en cambio he apoyado siempre la resistencia civil manifestada en la no-violencia activa.

 

 

Nadie podrá encontrar una palabra o un texto en que haya hecho apología a raíz del asesinato de Jaime Guzmán, sin embargo, no me sumaré jamás al “proceso de beatificación” del ideólogo de la Junta Militar de Gobierno, y no cabe duda de que Guzmán, como muchos miembros del Partido Demócrata Independiente especialmente han sido cómplices activos o pasivos de los asesinatos de  ciudadanos por parte del ejército de ocupación.

 

Que a fines del siglo pasado, recién conquistada la pseudo democracia, las fuerzas del orden apelaban a apremios ilegítimos en contra de varios detenidos, entre ellos Ricardo Salamanca, y que Augusto Pinochet, el carnicero, era el inamovible  general en jefe del ejército, que pretendía gobernar junto al Presidente elegido democráticamente, Patricio Aylwin, y cuando algo no le agradaba, intentaba un nuevo golpe de Estado, no cabe duda.

 

Denominar “estado de derecho” en Chile durante el gobierno de Aylwin, me parece una exageración, pues durante los largos 17 años de la dictadura los jueces, sobre todo los miembros de la Corte Suprema, negaron sistemáticamente los miles de recursos  de amparo permitiendo, incluso, que los sicarios de Pinochet hicieran desaparecer a conciudadanos.

 

El senado – al igual que la justicia en dictadura – no tenía nada de democrático: nueve de ellos eran nominados, todos favorables a la derecha, y sobre los poderes clásicos del Estado se encontraban los militares, supra poder que podía auto convocarse.

 

La democracia francesa también ha tenido períodos históricos oscuros: el gobierno de Philippe Pétain, en Vichy, y la mayoría de los parisinos colaboraron con los nazis, además, existió la famosa Sección Especial, (muy bien caracterizada en la película de Costa Gavras, en que jueces corruptos enviaban a jóvenes de la resistencia  al patíbulo).

 

La diferencia entre Francia y Chile es que los primeros expulsaron a los nazis y, en Chile, aún están muy enquistados en la UDI y sigue habiendo apologistas de perro tirano, entre ellos el diputado Ignacio Urrutia y la fanática de RN, Camila Flórez, y otros tantos.

 

Es difícil pedir a un país, que es una república democrática, tierra de asilo y que, además, hay una auténtica separación de poderes, que crean que en Chile existe una democracia en forma, que hay igualdad ante la ley – a la cárcel van sólo los pobres -.

 

Por lo demás, asesinos como Armando Fernández Larios y el de Víctor Jara gozan de un status privilegiado en Estados Unidos sin que la derecha, o el mismo Sebastián Piñera, hayan movido un dedo para pedir a Donald Trump la extradición a Chile, para ser juzgado “conforme a derecho y respetando el debido proceso”.

 

Varios de los asesinos, esbirros del tirano, torturaron hasta la muerte a ciudadanos franceses y ninguno de ellos ha sido extraditado a Chile, en consecuencia, Francia está en su derecho de exigir reciprocidad.

 

La OFPRA es muy seria en la calificación de refugiados y apátridas: si concedió el asilo a Palma Salamanca es porque juzgó la situación en su justo mérito. Ningún gobierno francés se atrevería a corregir la plana a esta seria institución, validada, además, por la justicia de ese país.

 

Solo en una pseudo democracia, como la chilena, se envía a recibir algunas clases de ética delincuentes de cuello y corbata y a empresarios coludidos para estafar a los consumidores, pues la cárcel es sólo para delitos menores, como haber sustraído un video.

 

Cómo va a ser respetable una democracia tan imperfecta como la chilena, que permitió que el tirano Pinochet fuera  salvado por un Presidente y un ministro del Interior, (Frei Ruiz-Tagle e Insulza, respectivamente), evitando así que terminara sus días, como bien se lo merecía, en una cárcel española, y murió en Chile engañando a medio mundo haciéndose el idiota y rodeado de todos los ciudadanos posibles.

 

¿Puede ser democrático un país donde el ministro de Las culturas se da el lujo de burlarse del Museo de la Memoria y escupiendo a la cara a las víctimas de la dictadura, y que incluso, haya algunos que nieguen que en Chile existió desapariciones forzosas, fusilamientos, torturas, exilio y exoneraciones? Triste es decirlo, pero el Estado chileno no califica para pedir extradición.

 

 

Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)

23/01/2019                

   

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