El Fiscal de la Nación de Perú, Pedro Gonzalo Chávarry, presunto autor de varios delitos, entre ellos el de pertenecer a la mafia de “los cuellos blancos” del Callao, de encubridor de los inculpados del caso Lava Jato, amparado por el APRA y por Fuerza Popular, descubierto en delitos como transacciones con el Supremo, César Hinestroza – hoy en cárcel española -, entre otros delitos, se dio el lujo, a dos horas del Año Nuevo, de sacar del caso de Lava Jato a los dos fiscales más populares y eficientes, encargados de la investigación, Rafael Vela Palma y José Domingo Pérez.
Tal cúmulo de supuestos delitos y la porfía de Chávarry al negarse a renunciar terminaron por generar una crisis política muy importante en Perú, radicando un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso, además de masivas marchas populares contra la corrupción, convirtiendo a Chávarry en enemigo del pueblo.
A diferencia del presunto delincuente PPK, vacado de su cargo por el Congreso, Martín Vizcarra, después de sendas conversaciones entre Keiko Fujimori y él, que negó ante la prensa, Keiko Fujimori lo desmintió dejándolo como mentiroso; a raíz de este incidente Vizcarra dejó de ser el niño mimado de Fuerza Popular, quiebre que fue favorecido por la fortuna, pues el Partido inició su camino al despeñadero.
En primer lugar, perdieron diez congresales, que siguieron a su hermano Kinji; en segundo lugar, las maniobras del diputado Mamani, muy exitosas para provocar la renuncia de PPK, pero como este congresal era un bandido, hoy está acusado, entre otros delitos, de manosear a una de las mozas de LATAM; en tercer lugar, el congresal Hugo Becerríl, además de tener a sus hermanos en prisión por delincuentes, él mismo está acusado de realizar una serie de oscuras maniobras para infiltrar el poder judicial con “los cuellos blancos” de Puerto; en cuarto lugar, su lideresa, Keiko Fujimori, más un importante número de militantes está acusado de mantener una asociación ilícita para delinquir, (hoy Keiko está en prisión preventiva y debe cumplir 36 meses en la cárcel, mientras dure la investigación); en sexto lugar, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, del partido Fuerza Popular, se ha embarcado en ácidas polémicas con sus ex camaradas; en séptimo lugar, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso ( Segura) se ha encargado de proteger a Chávarry, atrasando así las tres acusaciones constitucionales que pesan sobre él.
El Partido APRA, otrora revolucionario y americanista, con Alan García a la cabeza, se ha transformado en una cueva de ladrones; sólo cuenta con cinco congresales y hoy, (como la mayoría de los partidos socialdemócratas que se vendieron al neoliberalismo), sólo puede vivir de sus viejas glorias. (En el mundo, el caso más dramático es el del Partido Socialista francés, que llegó en quinto lugar en las pasadas elecciones presidenciales).
El Presidente Vizcarra tomó el camino más inteligente en lo inmediato: primero, seguir las causas de mayor connotación popular y, de esta manera, poder contar hoy con el 70% de apoyo ciudadano; segundo, elegir como enemigos a los personajes y partidos políticos más odiados por la gente; tercero, mostrarse como el contendor principal del presunto sinvergüenza Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
El Presidente Vizcarra ha demostrado que aún sin contar con el apoyo de ningún partido político se puede tener a raya a los poderosos opositores: APRA-Fuerza Popular. En el reciente referéndum se aprobó, por ejemplo, el artículo que prohíbe la reelección de los congresistas, (odiados en la mayoría de los países del mundo). La Constitución peruana faculta al Presidente de la República la disolución del Congreso cuando este rechaza dos proyectos presentados por el Ejecutivo, en que esté en juego la confianza, y como APRA y Fuerza Popular saben bien que perderán las próximas elecciones, terminan apoyando todos los proyectos del Ejecutivo a fin de que el Presidente no disuelva el Congreso.
Vizcarra presentó, el primer día de 2019, un proyecto de ley por el cual declaraba el estado de emergencia al Ministerio Público, reemplazando a los cinco Fiscales Supremos, entre ellos Chávarry, por igual número de adjuntos. El proyecto se prestaba para serias dudas sobre su constitucionalidad, pues atentaba contra la independencia de la Fiscalía.
Los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez, por orden del Juez Concepción Carhruancho, allanaron dos oficinas de asesores del Fiscal de la Nación, y encontraron documentos valiosos, probatorios para el caso “cocteles”, donde estaba implicada Keiko Fujimori; Chàvarry ha reclamado por la ilegalidad de esta acción. (El dìa de hoy se ha descubierto que la asesora Rosa María Venegas había incautado varias carpetas de causas importantes).
Fuerza Popular, después de una trifulca en el Congreso, amenaza con censurar al presidente de esta institución, Daniel Salaverry, que obedece más bien a una riña entre ex compañeros de Partido.
Cuesta explicarse por qué está presa Keiko Fujimori, en cambio se pasean por Lima Alan García, los esposos Humala-Heredia y, sobre todo, Pedro Pablo Kuczynski – amigo personal de Sebastián Pinera – que habla con acento gringo y que, perfectamente, podría haber huido a las tierras de su señora – no me digan que la policía peruana es muy buena para controlar las fronteras, pues ya se han escapado dos peces gordos, Alejandro Toledo y César Hinostroza (Hermanito) -.
Si bien cierto que el poder judicial está podrido, hay que reconocer que algunos fiscales y el juez Richard Concepción Carhuancha aplican, a veces en exceso, la severidad en casos de corrupción, aún sin respetar la presunción de inocencia, (la prisión preventiva sólo se aplica en casos muy especiales, por ejemplo, obstrucción a la justicia y posible peligro de fuga).
El ex fiscal de la nación, Pedro Chávarry, no tiene nada de tonto: si bien renunció, muy forzado, a su cargo de fiscal de la nación, aún mantiene el cargo de fiscal soberano, es decir, sigue siendo uno de los cinco que manda en el Ministerio Público, de los cuales otros dos están acusados de ser miembros de la cofradía de “los cuellos blancos” de Callao, por consiguiente, siempre Chávarry tendrá mayoría para proteger a los acusados de recibir dineros sucios de Odebrecht.
La sucesión en el cargo de fiscal de la nación le correspondería a la primera antigüedad, Pablo Sánchez y, en su defecto, a la segunda Zoraida Avalos
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
08/01/2019