Dentro de los países latinoamericanos, víctimas de las empresas de Lava Jato, Perú es el país que más ha reaccionado frente a la corrupción, además de ser el único en que los Presidentes de la República, a partir de Alberto Fujimori, han sido pasibles de intervenciones por parte del poder judicial.
Alán García, el muy cobarde, intentó asilarse en la casa del embajador uruguayo, y con razón el gobierno del Frente Amplio de ese país le negó el asilo al percatarse de que es un delincuente y no un perseguido político. Alejandro Toledo alcanzó a escapar a tiempo de la justicia. Ollanta Humala estuvo nueve meses en prisión, (junto a su mujer, Nadine Heredia), y lo salvó el Tribunal Constitucional. Pedro Pablo Kuczynski hasta ahora ha escapado, pero tarde o temprano caerá.
Las dos veces candidata a la presidencia de la república, Keiko Fujimori, está en prisión preventiva con los cargos de obstrucción a la justicia y de lavado de activos.
La justicia peruana está podrida. Gracias al periodismo de investigación y a la brillante labor del periodista Gustavo Gorriti, que dieron a conocer los audios de las conversaciones de miembros del poder judicial, en especial el juez supremo, César Hinostroza( alias Hermanito) y el presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, a quienes se sumaron el empresario Antonio Camaño, el presidente de la Federación de Futbol, el congresista Héctor Becerril, y la totalidad de los miembros de la Magistratura, cuya función se centra en el nombramiento de jueces y fiscales.
El escándalo fue llamado “el Lava Juez”, y como un anexo, se descubrió la mafia de “los cuellos blancos” del Puerto, cuyo líder era César Hinostroza, malhechor brillante, que huyó con facilidad por frontera entre Perú y Ecuador y llegó a Madrid, donde fue tomado preso e internado en la cárcel de lujo de Soto del Real.
En una de las conversaciones entre Hinostroza y el empresario Antonio Camaño (Toñito), mencionan en clave a la Sra. K, y como no sabían claramente a quién se refería, aclaró “Fuerza No.1”, (por Fuerza Popular). Keiko Fujimori negó ser la señora K, cuando caía por su peso que se trataba de ella.
El derrumbe de Keiko Fujimori comenzó cuando Jorge Simoes Barata declaró que su jefe, Marcelo Odebrech, le pidió que diera un millón de dólares para gastos de campaña de la candidata Fujimori. Posteriormente, Barata confesó haber entregado ese dinero a Jaime Yohiyama y Luis Bedoya, tesorero y encargado de la campaña. Para disimular estas entregas los encargados de la campaña presentaron ante el Registro Electoral una serie de aportes de gente miserable, además de ingresos de cocteles y rifas que, por ningún motivo, podrían llegar a un millón de dólares.
El otro hijo de Fujimori, Kenji, pactó con el Presidente Kuczynski la liberación de su padre aduciendo motivos humanitarios, que como contrapartida, le conseguiría los diez votos necesarios de Fuerza Popular a fin de negar la aprobación de su destitución.
La relación entre los dos hermanos se trasformó una verdadera guerra fratricida: Keiko logró que se le quitara el cargo de congresal a su hermano por medio de una maniobra gansteril del desconocido congresal Puno, Moisés Mamani, experto en seguridad, quien grabó, al parecer, en un reloj una serie de conversaciones con un ministro de gobierno y con seguidores de Kenji, quienes ofrecían todo tipo de prebendas para su provincia e, incluso, el ministro agenda una cita para una entrevista con el Presidente de la República, que fue grabada, pero aún Mamani no ha hecho uso de este audio.
En los distintos audios aparece una conversación entre el actual Fiscal, Pedro Chávarry, con el jefe “los cuellos blancos” del Puerto del Callao, César Hinostroza. Además, aparecen implicados otros dos miembros de los supremos fiscales, del total de cinco, por consiguiente, tendrían mayoría en el mando de la fiscalía.
Chávarry, una vez nombrado Fiscal de la Nación, nominó como encargado del asunto Lava Jato a Rafael Vela Barba, y como adjunto a José Domingo Pérez Gómez.
Pérez Gómez tuvo el valor de pedir y lograr ante el juez Concepción Carhuancho la prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori a de once miembros de su Partido, acusándolos de asociación ilícita infiltrada en Fuerza Popular. Después de una corta estadía en la prisión, de siete días, fue liberado, pero ahora el juez ordenó la prisión por 36 meses.
El fiscal Chávarry ha acumulado varias acusaciones, entre ellas, una de encubrimiento, además tiene a su haber tres acusaciones constitucionales, paralizadas desde hace varios meses debido a la mayoría de congresistas de Fuerza Popular, en la comisión que se ocupa de este tipo de procesos. Con respuestas baladíes los miembros del Partido de Fujimori, Fuerza Popular, han logrado evitar la destitución del delincuente fiscal peruano.
A la prisión de Keiko Fujimori se han sumado las acusaciones al ex Presidente Alán García, hoy líder del APRA, que tiene apenas cinco congresistas, y que no tiene nada que ver con aquel heroico Partido latinoamericanista, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, pues García es ladrón de siete suelas, mientras que Haya de la Torre vivió y murió pobre.
En el Congreso hay un matrimonio putativo entre el APRA y Fuerza Popular, que se sentían protegidos frente a la ley por el fiscal Cháverry, quien hacía todo lo posible para perjudicar la investigación de los dos populares fiscales, Vela y Pérez.
El Fiscal de la Nación con el objetivo de abortar el importante acuerdo logrado con la Fiscalía brasilera y la empresa Odebrech, que permitiría conocer en detalle todas las pruebas y claves pertenecientes a dicha empresa, lo que permitiría a los fiscales peruanos presentar pruebas irrefutables de los delitos cometidos, no sólo por los ex Presidentes de la República, sino también por una serie de altos funcionarios de los respectivos gobiernos.
El fiscal Cháverry no se le ocurrió idea más genial que dar a conocer por medio de una cadena de televisión, a horas antes del Año Nuevo, que destituía a los fiscales Vela Barba y Pérez, reemplazándolos por afines a él y que, además, no tenían la menor idea de los dossiers.
Esa misma noche, el pueblo, indignado, salió a la calle a manifestarse en contra del Fiscal de la Nación, (hoy, el personaje más despreciable y odiado del Perú). El fiscal Domingo Pérez se dirigió rápidamente a su oficina para sellar e impedir que alguien pudiera apropiarse de los documentos referentes al lavado de activos. Cháverry, asustado y sabiendo que estaba perdido, repuso a los fiscales recién destituidos, Vela y Pérez.
Keiko Fujimori envió varios tuits pidiendo a los congresistas de su Partido que votaran a favor del proyecto que presentó el Presidente Martín Vizcarra el 2 de enero, que declaraba a la Fiscalía en estado de emergencia.
La directiva del APRA, por su parte, pedía al fiscal Chávarry que renunciara de inmediato; por otro lado, el congresista Castillo, de este Partido, sostenía que el proyecto del Presidente era inconstitucional, pues atropellaba la independencia del Ministerio Público.
Pedro Chávarry, por corrupto y vendido, ha sido traicionado por sus cómplices, a quienes quería proteger de la mano dura de la ley.
Cuando hay fiscales probos, un Presidente de la República valiente y, sobre todo, un pueblo que ya no aguanta la corrupción, la democracia vuelve a su cauce, y las instituciones no son dominadas por la anomia, el encubrimiento y el culto al dinero.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
03/01/2019