Era completamente previsible que las fuerzas armadas y policiales que estuvieron tan largos años tuteladas por Pinochet e instigadas a cometer los más atroces crímenes contra nuestra población, finalmente perdieran también sus escrúpulos en materia de probidad. Que a sus graves violaciones de los Derechos Humanos sus efectivos sumaran posteriormente todo tipo de acciones al defraudar al Estado, apropiarse de los recursos fiscales y acometer otra suerte de delitos a fin de enriquecerse personalmente. Al grado de convertirse en proveedores de armas de las bandas de delincuentes comunes y narcotraficantes, tal como hoy se sabe o, más bien, se asume públicamente.
Oficiales y tropas coludidos en éste y otros negocios bajo la “vista gorda” de la Contraloría General de la República, las fiscalías castrenses y, por supuesto, los sucesivos ministros de Defensa que uno a uno fueron renunciando a ejercer su autoridad y supervisión. En el ánimo de no provocarle molestia alguna a los uniformados, pero también, rendidos a la adulación de los altos oficiales y aquellos magníficos recursos que tienen en todo el país para satisfacción de ellos mismos, sus familias, así como para procurarse la complacencia de los secretarios de Estado y de los políticos en general. Uno de estos ministros nos destacaba tiempo atrás la fascinante experiencia de subir a un tanque, navegar por los mares australes, cruzar el cielo en los bólidos de guerra y hacerse atender por los casinos de lujo y sitios de esparcimiento a cargo de los militares. Recibir constantemente, también, sus más variadas lisonjas y hasta encandilarse con la marcialidad militar, sus pasos de ganso y otras piruetas.
De allí que algunos de estos ya viejos “servidores públicos” se hayan animado, además, a cumplir con un curioso adiestramiento militar en caso de que una guerra requiriera algún día de sus patrióticos servicios o, simplemente, para ostentar alguna medalla o charretera. Trámite que incluye un curso práctico ad hoc, respecto del cual todos los que lo han seguido coinciden en que se trata de una experiencia impagable por lo grata, novedosa y sin las exigencias propias del rigor impuesto a los que siguen la carrera militar regular.
Mucho se afirma que el ministro de Defensa de Patricio Aylwin, Patricio Rojas, fuera el único que no se dejara encantar por la clase uniformada bajo su mando político. Que más bien su relación con el mundo castrense fuera tensa y hasta hosca, aunque en ningún caso se propusiera ejercer con todas las facultades de su autoridad, mientras el Dictador siguiera ejerciendo como Comandante en Jefe y sus “ejercicios de enlace” amenazaran desbaratar la llamada Transición a la Democracia. De allí que hasta en los gobiernos que sucedieron al de Aylwin se garantizara la impunidad respecto de las prácticas de corrupción de los familiares del ex Dictador. “Razones de Estado”, se nos dijo, para exigirle, precisamente, al Consejo de Defensa del Estado que omitiera cualquier acusación contra el primogénito de Pinochet. A lo que siguió el propio rescate de la Concertación y la derecha unidas para traer al ex Dictador de regreso a Chile, retenido varios meses en Londres para someterlo a un juicio ante el Tribunal Internacional de la Haya por sus crímenes de lesa humanidad.
Gracias a las redes sociales, a la prensa digna, a las ambiciones y divisiones que ahora se evidencian entre las distintas ramas de la Defensa, como al interior de éstas, es que actualmente ya es imposible esconder las operaciones ilícitas de militares y policías, el sospechoso enriquecimiento de sus altos oficiales y hasta que algunos uniformados de baja graduación sean sorprendidos despilfarrando millones de pesos en un conocido recinto de juegos de azar. Con recursos sustraídos, por supuesto, del erario nacional, fruto de las armas transadas en el mercado negro o, lo que es muy corriente, de la malversación de los caudales dispuestos para los pertrechos y aprovisionamiento de los cuarteles.
Como lo ha señalado el actual ministro de defensa, Alberto Espina, el Comandante en Jefe del Ejército tuvo la “imprudencia” de reconocer estos delitos al interior de una concurrida reunión con su oficialidad. La misma que fue filtrada a un medio de comunicación y de su propia boca pudimos escuchar que había suboficiales que traficaban armamento, entre otros múltiples despropósitos. Toda una perorata en que afirmó que éstos y otros delitos, como la de integrar bandas de asaltantes y abultar viáticos y costos de movilización, eran comunes a todas las ramas de la Defensa y de las policías. Aunque lo más sorprendente y atrevido fue la amenaza del alto oficial de “defender con dientes y muelas” el privilegiado sistema de previsión de los uniformados que, como se sabe, es groseramente más generoso que el de los jubilados civiles de las AFPs. Los que, además, deben trabajar largos años más que los militares para obtener una pensión muy inferior y hasta miserable.
Nos imaginamos que los “dientes y muelas” podrán ser, en lenguaje figurado o metafórico, fusiles y tanques para oponerse a cualquier intento de nuestros gobiernos y legisladores de imponer alguna equidad en materia previsional y distribución del presupuesto fiscal. Salvo que el canibalismo se haya consolidado, también, en nuestros altos oficiales y tropas de nuestro “Ejército jamás vencido”, como se proclama en las paradas militares y discursos castrenses…
Mal que mal, la historia nos señala las múltiples oportunidades en que estas Fuerzas Armadas han atentado contra nuestra institucionalidad, estado de derecho y la vida de autoridades legítimamente constituidas. Llegando a extremo nunca antes visto de bombardear nuestro palacio de Gobierno, asesinar al Presidente de la República (esa es la verdad) para luego poner en práctica los más siniestros recursos para torturar sistemáticamente a los presos y presas políticas, utilizando no solo dientes y uñas, sino garras y pezuñas. En la misma avidez y desfachatez que ahora demuestran para derivar recursos fiscales a sus bien nutridas billeteras y hasta dotarse de pasajes aéreos para viajar por el mundo con sus familiares. Siempre, por supuesto, al abrigo de la Constitución que les legara el Dictador como “garantes” de nuestra institucionalidad, pero también por la cobardía y la corrupción de los moradores de La Moneda y otras instituciones del Estado.
“Déjennos robar y nosotros nos encargamos de reprimir a los pobres, los jóvenes y a los mapuches, parecieran decir los militares. “Con su condescendencia, señores políticos, pueden estar seguros de nuestra protección y fidelidad…” No es extraño, entonces, que al pobre Comandante en Jefe se le “tire las orejas “solo su incontinencia verbal, por su torpe infidencia, y no por reconocer delitos hasta ahora completamente impunes. O que al director general de carabineros no se le haya hecho reproche alguno después de que su comando terrorista de la Araucanía ultimó a un nuevo joven comunero mapuche por la espalda. Delitos y crímenes de sobra conocidos por los gobiernos y sus ministros de Defensa, ya que son propios de la simbiosis institucional y la bien afincada complicidad de políticos y uniformados.
Toda esta situación es la que explica que ante los requerimientos de la población nacional la política renuncie a recortar en lo más mínimo el abultado gasto militar de nuestro país. Cuestión que sí hacen otros países en que las fuerzas armadas son obedientes y, nos suponemos, más probas que las nuestras.