Sebastián Piñera le compró a los uribistas colombianos el Comando Jungla, una unidad de militares criminales dedicada a asesinar a guerrilleros y narcotraficantes. Colombia se ha convertido en una especie de “Escuela de Panamá” para policías asesinos, pero los verdaderos dueños de esta institución tenebrosa son los norteamericanos, en este caso, sobre la base del “Plan Colombia” y en aras de la “Seguridad Democrática”, cuya acción notable fue la operación llamada “los falsos positivos”, que consistía en pagar un bono especial por cada “guerrillero muerto en combate. Los corruptos oficiales colombianos, en acciones encubiertas, asesinaron ciudadanos marginales, a quienes vestían de guerrilleros, y lograban la prima ofrecida.
Álvaro Uribe, facineroso expresidente de Colombia, que tiene un extenso prontuario y cuentas con la justicia, se protege con el fuero de senador, que los estúpidos electores colombianos le han concedido, y con alta votación, (y como Pinochet y Fujimori, es también un cobarde); en el juicio sobre este tema sólo pagaron los militares de baja graduación.
Sebastián Piñera, desde el último período de Uribe, estuvo tentado en copiar lo malo y funesto que nos viene de Colombia, no lo positivo como la política indígena que concede escaños en el Parlamento Nacional a los representantes de las distintas comunidades de pueblos originarios.
Hay que tener muy pocas luces para enviar el Comando Jungla, cuya misión es matar, pertrechado con armamento de última generación, a perseguir un supuesto delito común de robo de autos. Como era lógico, este incidente iba a terminar con muertos, y así ocurrió en el caso de Camilo Catrillanca, un joven mapuche de 24 años, nieto de un Lonco muy prestigiado en la comunidad Temu cui-cui.
Los responsables de este crimen, no cabe duda, son, en la línea de mando, el ministro y subsecretario del Interior, Andrés Chadwick y Rodrigo Ubilla, carabineros, y en el gobierno local, el intendente Luis Mayol. Si tuviéramos una oposición menos apaniaguada se debiera iniciar el proceso de una acusación constitucional, al menos contra el Intendente de la Araucanía. La interpelación anunciada contra el ministro del Interior de poco o nada sirve, pues la experiencia nos demuestra que es una ridiculez, un injerto de parlamentarismo en una monarquía presidencial.
Después de la “Operación Huracán”, en que carabineros se valió de montajes para inculpar a siete comuneros mapuches, además del robo de $28.000.000, descubierto gracias a la denuncia del funcionario Soto, del Banco Falabella, en el asunto llamado Paco Gate, expuesto con detalles en el libro Ni Orden ni Patria, del periodista Mauricio Weibel, los partes de carabineros tienen muy nula credibilidad: lo más triste en una democracia es cuando la gente deja de creer en las instituciones, (quién le puede creer al juez Sergio Moro, en Brasil; al fiscal Gonzalo Chávary, en Perú; a su colega colombiano, que ahora protege a los uribistas en el caso Odebrecht, que reapareció a causa del asesinato con cianuro del padre e hijo Pizano).
El pobre ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, quien, al menos, comenzaba a entender que el problema mapuche dice que no puede ser solucionado mediante la represión, que sólo lleva a aumentar la violencia, sino que es un problema histórico-político – lo sostiene muy bien el senador Francisco Huenchumilla -, está acercándose a comprender el fondo del tema mapuche, aún sólo lo comprende como un problema de pobreza y miseria que se solucionaría en principio mediante una fuerte inversión.
El tema mapuche debe ser enfrentado en forma holística: cualquier Presidente menos iletrado que el actual formaría, de inmediato, una comisión de especialistas en las distintas ramas de las ciencias humanas – en las distintas universidades los hay muchos y de gran calidad humana, investigativa y académica -.
En lo que se refiere a la historia, tendremos que recurrir al largo período a fin de comprender que el pueblo mapuche es una nación que, antes de la mal llamada “Pacificación de la Araucanía” poseía un territorio más extenso que el Chile de entonces: iba desde el Bío Bío al sur, incluyendo toda la Patagonia, lo que constituye una extensión mucho más grande que la conquistada en la Guerra del Pacífico.
Nuestras Constituciones, muy livianamente, consideraban nuestro territorio hasta Magallanes, aun cuando desde el Bío Bío al sur no tuviéramos soberanía. Las matanzas criminales, llevadas a cabo por el chileno Cornelio Saavedra y por Julio Argentino Roca, genocidas y ladrones que aniquilaron al pueblo mapuche, terminaron por condenarlos a pequeñas reducciones indígenas.
En el Chile republicano los mapuches tuvieron nueve diputados y un ministro de Estado, (en mi infancia conocí a Venancio Coñuepán, diputado y ministro por el Partido Conservador); cuando Salvador Allende ofreció a los mapuches la reforma agraria muchos líderes mapuches no estaban conformes, pues sabían bien que su territorio de extendía de Bío Bío al sur.
Todos los gobiernos de la Concertación han llevado a cabo una pésima política respecto al tema mapuche y, en su mayoría, han aplicado el modelo de “la zanahoria y el bastón” – palo y bizcochuelo, como decía Portales -. O los reprimen y matan, o les dan tierra, en el fondo cuando “dialogan lo hacen entre ellos mismos, es decir, un ministro de gobierno y un “yanacona”, muy dispuesto a decirles que sí.
Los ridículos “planes Araucanía” no tienen nada que ver con los parlamentos entre mapuches y españoles pues, en el fondo, ambos actores se respetaban como pueblos dotados de soberanía, (los españoles al norte de Bío Bío y los mapuches al sur).
Chile es un país clasista y racista y basta con leer las estulticias que escriben dos de nuestros historiadores, Francisco Antonio Encina y Sergio Villalobos, para comprobar el desprecio que tienen los chilenos contra el pueblo mapuche; el único que se salva de este racismo es Nicolás Palacios, quien admiraba al “roto”, como producto de la sábana materna mapuche y paterna visigoda.
No se trata de imitar a Bolivia, Colombia o Ecuador, mucho menos a Canadá y Nueva Zelanda en sus buenas políticas indígenas, (como diría Mariátegui, “ni copias ni calcos, creación heroica”), en Chile podemos iniciar nuestro propio camino:
En primer lugar, reconocer constitucionalmente al pueblo mapuche como una nación;
En segundo lugar, que la región de la Araucanía pueda tener una autonomía similar a la española;
En tercer lugar, reconocerlos como un país multilinguista, multi étnico y multicultural;
En cuarto lugar, respetar las economías mapuche y no imponerles modelos foráneos, como el neoliberal;
Iniciar un proceso de reconocimiento de las antiguas tierras mapuches;
Instaurar una justicia representada por el pueblo mapuche, con sus propios jueces y fiscales, en que se reconozca sus leyes y su forma de vida;
Escuelas y hospitales y una universidad mapuche para la formación de profesionales en las distintas ramas del saber.
Una representación significativa mapuche en el Parlamento Nacional, bajo las mismas normas que se aplican a la inclusión de las mujeres.
Mientras sigan los belicistas, Piñera y su primo, lo más posible es que la situación de la Araucanía se agrave y, los franceses, con toda razón, nos sigan mirando como un país “bananero”.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
16/11/2018