Cristóbal Lagos, secretario general de la FECH y miembro del Movimiento Amplio de Izquierda (MAIZ), afirmó que la respuesta que dio el presidente Sebastián Piñera a los estudiantes durante la reunión en La Moneda “es la reiteración de la insatisfactorias 21 medidas que el Ministro de Educación anunciara hace algunos días, ya que ellas no atacan los pilares fundamentales de un sistema de educación clasista y de deficiente calidad”.
La distancia entre el gobierno y las demandas de los estudiantes se mantiene porque el Presidente “insiste en la concepción de que la educación es un “bien de consumo” que debe ser regulado por el mercado, en contraposición a lo que exigen los estudiantes de consagrar la educación como un “derecho” que, como tal, debe ser garantizado por el Estado”, agregó el dirigente estudiantil.
A las propuestas del Presidente hechas en la reunión del sábado pasado en La Moneda, el movimiento estudiantil responde, dice Lagos, “diciendo estar dispuesto a integrar las mesas de trabajo que el Gobierno propone, deponer las movilizaciones y retornar a clases una vez que el Presidente se comprometa formalmente a convocar a un plebiscito para que los chilenos decidan si aceptan o no introducir una norma constitucional que, dentro de un plazo razonable, prohíba al Estado entregar directa o indirectamente recursos financieros a empresas educacionales que persigan fines de lucro. Este plebiscito podría realizarse en paralelo con las próximas elecciones municipales”.
El punto central que aleja las posiciones, señaló Lagos, es que el gobierno insiste en su visión de la educación como un negocio y en el hecho de lucrar con fondos públicos. “Es inaceptable el lucro con recursos públicos, como lo ha planteado hasta la Senadora Lily Perez de RN. El Presidente ha rechazado esta exigencia fundamental y, por ello, todas las propuestas que hace que pueden considerarse más o menos aceptables y discutibles, no resuelven este aspecto esencial y por lo mismo no apuntan a la necesaria transformación estructural de nuestro sistema educacional”, dijo.
Por tanto, trabajar en torno a estas propuestas del Gobierno en “mesas de diálogo”, afirmó, sólo tiene sentido si se despeja el punto central del lucro. “Por eso proponemos que, si el Presidente se niega a rechazar el lucro en educación, sobretodo con dineros públicos, sean los chilenos quienes diriman este conflicto convocando a un plebiscito vinculante”.
Al respecto, son varios los constitucionalistas que sostienen que la Constitución posibilita destrabar una controversia política esencial a través de una convocatoria a plebiscito hecha por el Presidente y aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados. De no ser así, está siempre la posibilidad de que el Gobierno impulse una reforma constitucional que lo permita.
