Desde 1990 la familia Fujimori ha sido protagonista indiscutido de la historia del Perú: el padre, Alberto Fujimori, ganó, sorpresivamente, en la segunda vuelta frente al escritor Mario Vargas Llosa. No tenía programa, ni equipo para gobernar, pero recurrió al corrupto Vladimiro Montesino, quien lo presentó a los generales del ejército, que tenían su propio plan instaurar el autoritarismo en el quebrado Perú que heredaba del gobierno del APRA, con su líder, Alán García.
De 1990 hacia adelante Alberto Fujimori sigue su propio camino cumpliendo, a la perfección, el plan de los militares: violación sistemática de los derechos humanos para combatir la subversión ( barrios altos y la cantuta), protagonizada por el Sendero Luminoso. En 1992 cierra el Congreso e instaura una dictadura que, bajo presión de la OEA, le pone fin aparente, promulgando una nueva Constitución a su medida y un Congreso que domina por medio de la compra de diputados.
En ese entonces Vladimiro Montesinos se convierte en co-dueño del poder: compra con dinero en efectivo a la prensa, a los empresarios y los congresales. Los peruanos de la clase en el poder tienen la manía de grabar todas sus comunicaciones – diálogos, entrevistas, llamadas telefónicas (emplean el “chuceo”)…- que terminaron por hundir a Montesinos al conocerse la grabación de la “compra” del diputado Kouri.
El Presidente Fujimori aprovecha una Conferencia Internacional para huir del país y refugiarse en Japón, donde aprovechó su nacionalidad nipona para enviar un fax con su renuncia a la presidencia.
Fujimori, así, aparentemente, destruyó a toda su familia: apresó y torturó a su esposa, Susana Higuchi , al acusar a sus cuñadas de robar la ropa de la ayuda japonesa; a su hija Keiko la obligó a convertirse en primera dama, a la edad de 19 años, y cuando huyó cobardemente, quedó sola en el Palacio Pizarro; a Kenji, su hijo, lo ha tenido siempre dominado.
Alberto Fujimori se ha dado el lujo de haber sido elegido tres veces, como siempre, por un pueblo idiotizado, pues los tiranos nunca se explican por sí solos.
Después de una rica estadía en la tierra del sol naciente decidió entrar a Chile con una facilidad sorprendente, y se instaló en un edificio en Las Condes, contiguo a la casa del embajador de Japón. Posteriormente, en una chacra, en Chicureo. Entre tanto se discutía en la justicia la chilena la extradición, antes solicitada por el gobierno peruano.
De regreso a Perú la justicia lo condenó a 25 años de prisión, en donde permaneció hasta el presente año, que producto de un cambalache entre el Presidente Pedro Pablo Kuczinsky y Kenji Fujimori, en que PPK se salvaba per diez votos de vacancia a cambio del indulto humanitario a Alberto Fujimori.
Los familiares de las víctimas de Barrios Altos y de La Cantuta lograron que la Corte Suprema de ese país anulara el indulto a instancias del juez Héctor Núñez. A punto de volver a la cárcel, Fujimori, a sus 80 años de edad, sigue la táctica de hospitalizarse, cada vez que corre algún peligro y, para su suerte, hoy el Congreso aprobó una ley ad hoc por la cual lo dejaría en prisión domiciliaria por límite de edad, (incluiría a todos los presos que hayan cumplido 80 años y un cuarto de su condena).
Keiko Fujimori, esta vez, tomó la bandera del padre: fue diputada por una alta mayoría, aunque muy pocas veces se presentó al Congreso; luego fue candidata a la presidencia en 2011, pasando a la segunda vuelta frente al nacionalista Ollanta Humala, en que fue vencida; y en 2016 nuevamente pasó a la segunda vuelta con PPK.
Su Partido, Fuerza Popular, tiene la mayoría absoluta del Congreso unicameral. En un comienzo, Fuerza Popular apoyó al vicepresidente Vizcarra, pero hoy se encuentra en una lucha a muerte con él, no sólo respecto de las reformas políticas, sino también por la acusación constitucional, en especial, en contra del fiscal Pedro Gonzalo Chavarría, que viene de ser rechazada en el Congreso por una mayoría fujimorista.
El fiscal José Domingo Pérez presentó una petición de tuición de detención preventiva contra Keiko Fujimori y de 19 personas más, acusada de asociación ilícita para delinquir, y a Keiko del “caso Coctel” utilizado para lavar dinero recibido de la empresa brasilera Odebrecht, cuyo encargado en Perú, Jorge Barata, denuncia de haberle entregado un millón quinientos mil dólares al tesorero de campaña presidencial, Jaime Yoshiyama, que fue aprobada por el juez Richard Concepción Carhuancho, (se ha hecho famoso por aplicar prisiones preventivas a los políticos, entre la de Toledo, Ollanta Humala y su mujer, Nadine Heredia y, ahora, a Keiko).
La acusación de asociación ilícita para delinquir, dirigida al Partido Fuerza Popular, debiera significar, según la ley de partidos políticos, su anulación. El esquema de la asociación ilícita es el siguiente: la jefa sería Keiko Fujimori; los captores de dinero, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya; la lista de las 19 personas es larga, pero cada una de ellas tiene su respectiva función dentro de esa asociación ilícita.
La detención preventiva debe durar, al máximo, 15 días, y su objetivo es evitar la huida o la obstrucción a la justicia. En el fondo, lo que quieren hacer el juez y el fiscal es ablandarlos con la cárcel y los respectivos y continuos interrogatorios, para que alguno de ellos ceda y se decida a “cantar”. (Fue el mismo método empleado para desbaratar la mafia de “los cuellos blancos del Puerto, cuyo líder es César Hinojoza).
Aun cuando no tiene relación directa con el “caso Coctel” y en la asociación ilícita, la decisión del empresario Antonio Camayo de convertirse en colaborador eficaz en la investigación de “los cuellos blancos”, ha echado más leña al fuego al árbol caído de Keiko Fujimori, pues reconoció que la “Señora K”, en sus conversaciones grabadas con el juez Hinostroza, es Keiko, así como “Fuerza Primera” a Fuerza Popular. Está claro que Keiko se reunió con el juez para presionarlo respecto a la casación de uno de sus casos judiciales.
El Partido Fuerza Popular está ahora de capa caída, pues fue derrotado, junto al APRA, en las elecciones regionales y locales del domingo 7 de octubre último.
Este Partido se ha defendido muy mal ante la acusación de ser una asociación ilícita para delinquir. El escrito del fiscal, José Domingo Pérez, contiene 188 páginas, con pruebas muy contundentes, lo que hace muy difícil a la abogada defensora contra-argumentar (hay acusaciones tan ridículas como la del ex presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien sostiene que hay un golpe de Estado, pero sin atreverse a asegurar quienes lo propician, aunque subliminalmente va contra el gobierno, presidido por Vizcarra.
El escenario más probable es que el juez Richard C. Carhuancho y el fiscal Pérez se decidan a aprobar una prisión preventiva en contra de Keiko y de algunos otros asesores, que podría durar, dada la gravedad del delito, un largo tiempo, quizás más de 18 meses.
Para rematar la caída de los Fujimori la Corte Suprema acaba de rechazar un recurso de apelación para anular la causa de los “cócteles” que, según el fiscal Pérez, las actividades se celebraban para lavar dinero. En la lista de donantes a la campaña de Keiko Fujimori, en 2011, aparecen muchas personas de extrema pobreza, otras inexistentes y la mayoría, muertas.
Para tipificar el delito de asociación ilícita el fiscal tiene que probar que el dinero proviene de una acción delictual o de una mafia, en este caso, la Cuenta B, de Odebrecht, destinada a sobornar políticos, y quien recibe el dinero sabe, perfectamente, que es de origen ilícito (en este caso, Jaime Yoshiyama, quien recibió el dinero). Normalmente, el dinero no vuelve a los mafiosos y ahora se gastó en la campaña.
El halo corrupto de los Fujimori, por desgracia ha logrado traspasar a la democracia involucrando y destruyendo a los poderes del Estado, incluido el judicial. Si no se genera una transición que limpie de raíz la herencia de las dictaduras y se juzgue y castigue a los responsables de los crímenes, y si no se impone “ni perdón ni olvido”, la democracia siempre será tutelada, ciega, sorda y muda, y dominada por los poderes fácticos. Es lo que está ocurriendo en Brasil con Bolsonaro, pues las dictaduras militares no fueron nunca juzgadas; lo mismo ocurre en Perú, que a pesar del juicio y la prisión del dictador Fujimori, los electores seguían votando por el corrupto partido de la hija, Keiko Fujimori; también esta situación se aplica en Chile, en que el dictador murió sin condena y en su cama.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
12/10/2018