La Cámara recomienda aplicar el artículo 7 de los tratados, que incluiría como castigo la pérdida del derecho de voto en el Consejo de la Unión Europea
Una de las votaciones más esperadas y temidas en esta legislatura del Parlamento Europeo se ha saldado este miércoles con un tremendo varapalo político al Gobierno húngaro de Viktor Orbán y con un severo golpe a la unidad del Partido Popular Europeo, el mayor grupo de la cámara y uno de los dos pilares, junto a los socialistas, que ha mantenido en pie la estructura institucional de la UE durante 60 años.
Por 448 votos a favor y 197 en contra, la Eurocámara ha aprobado un informe elaborado por la eurodiputada holandesa Judith Sargentini, del grupo de los Verdes, que insta al Consejo de la UE a aplicar a Hungría el artículo 7 del Tratado de la UE, que implicaría sanciones disciplinarias como la suspensión del derecho de voto en asuntos comunitarios claves, por poner en riesgo los valores fundamentales del club.
Se trata de la primera vez que el Parlamento inicia un expediente considerado como un arma nuclear, por su carácter disuasorio frente a las derivas autoritarias y los evidentes riesgos políticos que implica su utilización. La aprobación del informe ya ha desencadenado de entrada una tremenda grieta en el PPE, la familia política del partido de Orbán (Fidesz). El presidente del grupo, el alemán Manfred Weber, intentó el martes por última vez consensuar una posición común. Pero ante la gran disparidad de opiniones optó por conceder libertad de voto, aunque él se decantó por votar contra Orbán.
Los eurodiputados del PP español, liderados por Esteban González Pons, se han apuntado a la línea más benevolente con Hungría. “No queremos apoyar a Orbán pero tampoco queremos que el Parlamento, el más político de los órganos, se convierta en un Tribunal de Justicia de los Estados miembros”, ha señalado González Pons. “Hoy es Hungría, ¿y mañana?”, se inquieta el eurodiputado español.
Pero la posición del PP español fue minoritaria y solo se registraron 48 abstenciones en una votación en la que han participado 693 eurodiputados de 751. El informe necesitaba el voto favorable de dos tercios de los votos realizados, con un mínimo de 376. El resultado ha superado ambos umbrales y la ponente, Judith Sargentini, apenas contenía su emoción y alegría ante la histórica decisión de instar un expediente que podría desembocar en la suspensión del derecho de voto de Hungría en el Consejo de la UE.
El proceso, sin embargo, se anuncia muy complicado. La apertura de una investigación en base al artículo 7, como propone el Parlamento, debe ser aprobada por mayoría cualificada en el Consejo de Ministros de la UE. Y con la composición actual (un tercio de los 27 gobiernos de la UE cuenta con formaciones extremas en su composición) parece difícil alcanzar la mayoría necesaria para dar el primer paso. Países como Eslovaquia, Rumanía, Malta, República Checa o hasta Italia, que por diferentes motivos están en el punto de mira del Parlamento, previsiblemente se resistirán a que se investigue al Gobierno de Orbán.
El único precedente hasta ahora muestra bien la dificultad. La Comisión Europea instó el año pasado a la aplicación del artículo 7 al Ejecutivo polaco, dominado por el partido de Jaroslaw Kaczynski (PIS). A pesar de los informes de la Comisión, teóricamente más neutrales y menos politizados que los del Parlamento, el expediente no ha avanzado un milímetro en el Consejo.
Las ramificaciones políticas del caso húngaro, sin embargo, son de mucho mayor alcance que las del polaco, porque Orbán pertenece a la mayor familia política de Europa, en la que militan líderes nacionales como Angela Merkel, Silvio Berlusconi, Pablo Casado y Sebastian Kurtz, o autoridades comunitarias como Jean-Claude Juncker (presidente de la Comisión), Donald Tusk (presidente del Consejo) o Antonio Tajani (presidente del Parlamento Europeo).
Los populares europeos han mantenido durante años una incómoda convivencia con Orbán en aras de lograr una formación lo más amplia posible, tanto en número de escaños en el Parlamento como de Gobiernos teóricamente afines en las capitales. Pero la votación de este miércoles rompe ese consenso y fuentes internas de la formación temen que el primer ministro húngaro desencadene una escisión que arrastre a parte del grupo, sobre todo, en países del Este, hacia las posiciones extremas del italiano Matteo Salvini.
La parte más apegada a la tradición democristiana del partido, sin embargo, respira aliviada y espera que el voto contra Orbán inicie una regeneración de la formación para recuperar sus raíces. La salida del ala más extrema podría facilitar, además, los acuerdos posteriores a las elecciones europeas, en las que con toda probabilidad los populares deberán pactar, como mínimo, con las fuerzas afines a Macron y con los socialistas.
La aprobación del informe contra Orbán ha visualizado esa división del partido en dos bloques y el choque entre las delegaciones más tolerantes con el húngaro, como la española, la italiana y parte de la francesa, frente a las que abogan por un castigo ejemplar e incluso la expulsión del grupo (nórdicos, Benelux, parte de Alemania).
La crisis migratoria en 2015 agrió las relaciones de Orbán con sus compañeros de partido, en particular con la canciller alemana. El húngaro lideró la resistencia de varios países a las cuotas de reparto obligatorio de refugiados que Berlín, con la ayuda de Bruselas, intentó imponer sin éxito.
Los puentes se rompieron definitivamente en el pleno del Parlamento Europeo de este martes, cuando Orbán compareció con un tono desafiante y describió el informe parlamentario como “un insulto a Hungría” y un cúmulo de errores y mentiras. Los populares, que hasta ese momento parecían dispuestos a socorrer en parte a Orbán, optaron mayoritariamente por votar contra él.
Votación histórica
El Parlamento Europeo ha aprobado por primera vez en su historia una resolución que da luz verde a iniciar contra un Estado miembro las sanciones previstas por el Artículo 7. La Comisión Europea activó el año pasado el proceso para aplicar ese mismo artículo en el caso de Polonia por sus reformas judiciales, pero el expediente no ha pasado por la Eurocámara.
¿Qué es el artículo 7? El artículo 7 del Tratado de Lisboa recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como los derechos humanos o el imperio de la ley y puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.
¿Qué pasa ahora? Los líderes de los países miembros decidirán ahora si retiran los derechos de voto a Hungría. Para que finalmente esta medida se lleve a cabo, se requiere unanimidad por parte de los 28 Estados miembros y la medida cuenta ya con el previsible rechazo de Polonia.