En tu nombre: Verdad y Justicia

Hace pocos días atrás fue asesinado en Chile el joven Manuel Gutiérrez de 16 años. Su hermano contó que fue la policía quien le disparo cuando ambos muchachos miraban desde una pasarela las protestas qué sucedían en el sector.

 

 

 

 

Los mandos policiales negaron inmediatamente el hecho sin siquiera hacer una investigación interna para comprobar si era efectiva o no la denuncia. Pero la verdad, brotó desde la tierra y finalmente tuvieron que reconocer su responsabilidad en este crimen lo que no indica, por supuesto, que vaya a existir justicia.

 

En Valparaíso, una joven estudiante de pedagogía en historia de la Universidad de Playa Ancha, también denunció que la policía la golpeo y le aplicó electricidad cuando fue detenida en el marco del Paro Nacional de la semana pasada.

 

No es la primera vez que la policía chilena esta involucrada en casos de torturas y asesinatos. No es la primera vez que estos hechos quedan en la total impunidad.

 

La impunidad ha sido posible porque en Chile, como en toda América Latina, no ha existido la voluntad real y efectiva de los gobiernos de llevar a la justicia a los agentes del estado cuando estos están implicados en violaciones a los derechos humanos.

 

Hace pocas semanas atrás, por ejemplo, se conoció en mi país el Segundo Informe de la Comisión Valech que dio cuenta de otras 9.800 víctimas de prisión política y torturas y otros 30 de personas que sufrieron desaparición forzada y ejecución política en los años del dictador Pinochet.

 

A estas cifras hay que sumar las 27 mil 255 víctimas del primer informe de torturas y prisión política, como a los tres mil 195 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del Informe Rettig.

 

Pero esta Comisión Valech impide por  50 años a los tribunales de justicia conocer los delitos denunciados ante este organismo.

 

La Comisión Ética Contra la Tortura ha señalado que “La falta de Justicia, desgraciadamente, propicia la repetición de este crimen y varias son las personas que han perdido la vida a golpes, torturas y tratos crueles ocasionados por agentes del Estado chileno en los últimos años, tal es el caso de Jhonny Cariqueo, Mario Oviedo Aguilar, Daniel Riquelme, Franco Coronado y Luis Santander, entre otros casos recientes”.

 

También esta el caso de José Huenante, un joven mapuche de 16 años, que desapareció después de ser detenido por la policía, en la población Mirasol de Puerto Montt, el 3 de septiembre de 2005. Desde entonces se desconoce su paradero.

 

En Chile, en los pocos casos de militares, que han ido a tribunales, involucrados en violaciones a los derechos humanos se ha aplicado la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la llamada “Media Prescripción”, que rebaja sus condenas, de modo tal, que rara vez algún condenado ha quedado privado de libertad contrariando las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha advertido más de una vez que los Estados no deben “hacer que juzgan” sino investigar, juzgar y condenar en serio a los genocidas. 

 

Las violaciones a los derechos humanos de antes como de ahora no son casos aislados sino producto de la formación que militares y policías reciben en el interior como en el exterior de sus propios países que fomentan las violaciones de los derechos humanos.

 

Amnistía Internacional, por ejemplo, en su libro publicado el 2001, “Un comercio Execrable: el comercio de la Tortura“, señaló que “los torturadores no nacen: alguien los educa, los entrena y los apoya”, señalando a la Escuela de las Américas, que opera en Estados Unidos, como uno de los “centros de instrucción” para soldados latinoamericanos.

 

Es aquí, en la Escuela de las Américas, que se comenzó a inyectar en las mentes de los soldados y después de la policía la Doctrina de la Seguridad Nacional que enseña a mirar como enemigos a la población que lucha por sus derechos.

 

Los estudiantes, que hace más de tres meses luchan por educación gratuita y de calidad en Chile, han exigido al gobierno que investigue seriamente el asesinato del joven Manuel, también han pedido que vengan al país Observadores Internacionales ante el aumento de la violencia policial.

 

No puedo olvidar que este 30 de agosto recién pasado  fue el Día Internacional del Detenido Desaparecido y una vez debemos afirmar y decir: Nunca más. Nunca más asesinatos, ni desapariciones, ni torturas “en ninguna parte, bajo ningún pretexto y en nombre de nada” como señalara Monseñor Romero, asesinado en El Salvador.

 

* Pablo Ruiz es Periodista de FASIC. Pertenece a la Comisión Ética Contra la Tortura y al Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas.