La Asociación de Periodistas de Guatemala APG y su Comisión de Libertad de Prensa lamentan la resolución emitida por un juzgado de femicidio en contra de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, por supuesta violencia contra la mujer en contra de Sandra Torres, secretaria general del partido UNE. La decisión tomada por este tribunal es contraria a los preceptos en materia de libertad de expresión establecidos en la normativa nacional.
La jueza Neldy Vanessa Rodríguez Andrade, del Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, ordenó a Zamora que no “perturbe o intimide” a la política por cualquier medio electrónico o redes sociales. Le prohibió también que no tenga acceso al “domicilio, sitio de trabajo y estudio” de Torres.
Esta resolución se emite de una denuncia interpuesta por la dirigente política en la que solicitaba medidas de seguridad por supuesta violencia psicológica emitida por el periodista en su contra. Las “medidas de protección” tienen una vigencia de tres meses.
No es la primera ocasión que se emplea el derecho penal o la ley contra femicidio en contra de periodistas. En diciembre del 2013, la ex vicepresidenta denunció también a Zamora por supuesta violencia psicológica debido a las publicaciones en su contra realizadas por elPeriódico.
La actual Canciller Sandra Jovel este año accionó en contra de Zamora utilizando la misma ley, por supuesta “violencia psicológica”, sin embargo, en la declaración que realizó a los medios de comunicación no pudo argumentar porque comentarios o publicaciones se sentía agraviada. La Ministra también logró que se dictaran medidas de seguridad a su favor.
La APG condena la utilización del derecho penal para amedrentar a periodistas y medios de comunicación por las publicaciones que realizan. Es inadmisible que funcionarias y políticas utilicen una importante normativa como es la ley contra el femicidio para sus intereses espurios. Las resoluciones a favor de Torres y Jovel parecen responder a interés políticos.
Esta asociación demanda nuevamente que cuando existan posibles faltas relacionadas a la libertad de expresión sean conocidas por los Tribunales de Imprenta o Tribunales de Honor, como lo establece la Ley de Emisión del Pensamiento.
La APG observa con preocupación que ante la realización de los comicios general el próximo año acrecenté los casos de acoso judicial en contra de comunicadores y medios por publicaciones, críticas o comentarios que pudieran molestar a candidatos o funcionarios, como ocurrió en el contexto electoral del 2015.