No es necesario repetirlo: la corrupción en Chile afecta al poder político, al alto empresariado, al Ejército y Carabineros, a la Iglesia católica. Hoy la fiscalía, por una denuncia interna, investiga un fraude nada menos que en Investigaciones.
Y la justicia parece volver a sus peores tiempos -los de la dictadura- poniéndose en las faldas de los delincuentes poderosos y haciéndoles cariños.
Una luz de esperanza ética y democrática fue encendida con el inicio de los juicios a Penta, Soquimich, Caval y otros.
Grandes empresarios y destacados políticos, incluso parientes cercanos de Michele Bachelet (un hijo y una nuera) y de Sebastián Piñera (un sobrino, que lo es también de su primo, el Ministro del Interior) fueron puestos en la picota.
Todo ese clima anticorrupción pudo ser la razón principal de la caída de la Nueva Mayoría, porque la derecha política permaneció incólume y recuperó la Presidencia de la República.
Le ayudó a la derecha y Piñera la idea-fuerza burguesa de que engordarse los bolsillos ilegalmente es absolutamente normal y meritorio y la idea populachera y anti-histórica de que ¿para qué van a robar los ricos si no lo necesitan porque les sobra la plata? Y, por cierto, el oscuro pasado de una parte considerable del país que se convenció de no haber visto jamás los crímenes de la dictadura y que ahora no iba a ver los grandes robos de la oligarquía.
Pero el inicial clima anticorrupción del último tiempo se ha visto ahora abruptamente cortado.
Los principales ricos corruptos y corruptores, amigos íntimos incluso del actual Presidente de la República, por los que éste metía sus manos al fuego, han sido liberados por la justicia del 90% de su polvo y su paja.
Los dueños de Penta, Carlos Lavín y Carlos Délano, no irán a la cárcel y sólo tendrán que pagar una multa de unos 300 millones de dólares al fisco, un ala al más emplumado de los pájaros nativos. Tampoco lo hará el ex subsecretario de Piñera (viceministro en otras partes) señor Pablo Wagner, acusado en un inicio de delitos tributarios, cohecho con soborno y lavado de activos.
Fin al clima anticorrupción.
Vuelta triunfante al clima de corrupción, al que ahora vuelve a incorporarse la fiscalía y el poder judicial.
No parece quedar otra esperanza que incubar la lucha anticorrupción en el seno de la sociedad civil y ayudar a desatar allí un sólido y masivo movimiento social anticorrupción que remezca el país.
La inmensa mayoría de los partidos políticos no ha asumido las banderas de la anticorrupción a pesar de la claridad de los hechos y lo decisiva que es ella para la ética y la apertura democrática.
El Congreso Nacional no parece ser un buen estadio al respecto porque evidentemente un gran número de jugadores estuvieron y están comprados, como el árbitro que apoyó a Wagner y a los Penta.
Para qué hablar del Poder Ejecutivo. El Presidente de la República, tan interesado y dedicado a su deporte favorito, también juega para el equipo dueño de Penta y fue patrón de su subsecretario, al que cohecharon y sobornaron con un regalo mensual de pagos por 42 millones de pesos, absolutamente probado.
Hay que recurrir al fundante del poder político, la gente, la ciudadanía.
Intentar realizar en 2018 lo que partió en 2011 como decidido movimiento social, en ese caso estudiantil.
Hay que salir a las calles contra la corrupción como se ha salido contra las AFP, contra los abusos que golpean a las mujeres y otras causas justas, como se salió por la gratuidad de la educación y, antes, contra la dictadura.
No hay otra.