En estas últimas semanas las redes sociales (twitter, específicamente) han develado un hecho que comienza a preocupar a varias organizaciones del país, y dice relación con el comportamiento agresivo, violento e irrespetuoso de algunos determinados extranjeros que han sido recibidos por el estado chileno con los brazos abiertos, a los que además les brindó una serie de garantías que hacen sospechar seriamente de algún tipo de acuerdo silente para privilegiar en la balanza política sólo a uno de los platillos, el de la derecha.
Llama la atención –y provoca inmediato rechazo- la política subjetiva que los gobiernos chilenos aplican en estas materias, pues mientras a ciertos extranjeros les prohíbe el ingreso a nuestro territorio, a otros, en cambio, no sólo les abre puertas sino también les concede garantías exclusivas. La tabla que usan en La Moneda los gobiernos del duopolio nunca ha sido rasa. Veamos ejemplos.
En el mes de julio del año 2016, se expulsó a un activista vasco que solidarizaba con la causa mapuche. Se llamaba Ibán Gartzía, el que fue detenido en Curarrehue en un curso de mapudungún. El activista vasco de 33 años debió salir del país tras ser denunciado por cometer supuestos actos no permitidos por el reglamento de extranjería al divulgar la represión en la zona.
En el mes de octubre del 2016, Piedad Córdoba, senadora colombiana reconocida mundialmente como defensora de los Derechos Humanos, fue retenida por más de una hora por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) -Departamento de Extranjería- con el argumento de que su participación en un seminario internacional a realizarse en Chile, denominado “Pensando Nuestra América desde el Sur”, en el que se iba a tratar la situación del pueblo mapuche, “atentaba contra la seguridad nacional”. Finalmente, su entrada fue autorizada, pero Córdoba decidió no ingresar al país por los tratos vejatorios hacia ella.
En febrero del 2017 la PDI detuvo al periodista italiano Lorenzo Spairini para luego emitir una orden de expulsión inmediata, dictada por el Intendente de Santiago, Claudio Orrego, firmada por él y por el Ministerio del Interior, no dando paso a ningún tipo de defensa al comunicador afectado. El argumento que respaldaba el hecho era que había “sido detectado en diversas actividades anti sistema, alterando el orden social del país y constituyendo de esta manera un peligro para el estado”. Las acciones cometidas por Spairini era grabar manifestaciones y marchas de variopintas organizaciones sociales.
Sin embargo, la vara con la que se mide a quienes desean ingresar a nuestro país –o permanecer en él- tiene distintas extensiones y volumen según quién sea el postulante. Hace solamente algunos días el siguiente tuit recorrió las redes sociales y provocó ácidas discusiones entre muchos cibernautas. <<Con una mano en el corazón: ¿a alguien le parece razonable que a los únicos extranjeros a quienes se les exige certificado médico de no tener enfermedades infecto-contagiosas para entrar a Chile sea a los haitianos?>>
Poca duda cabe respecto a que nuestro actual gobierno discrimina a migrantes que provienen de Haití, pero privilegia a venezolanos anti chavistas que solicitan refugio en Chile, algunos de los cuales se desarman pontificando contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero a la vez, aprovechan el envión y vociferan insultos, ofensas y groserías contra la izquierda y la centroizquierda chilenas, como también explicitan ofensas e injurias contra algunas ex autoridades de gobiernos de la ex Concertación y de la Nueva Mayoría, así como contra todo aquel o aquella que ose exigirles respeto recordándoles que se encuentran en un país que no es el suyo.
Los problemas internos de naciones hermanas deben ser resueltos por esas mismas naciones, y no son asuntos en los que otro país deba involucrarse directamente por propia voluntad. Sin embargo, Piñera lo ha hecho al entrometerse torpemente en cuestiones que no son de su directa competencia (ni tampoco de Chile como nación), rompiendo un precepto de primera importancia en lo referido a relaciones internacionales, lo cual se arrastra desde el gobierno de Ricardo Lagos cuando dio su visto bueno al golpista Pedro ‘el breve’ Carmona, con una rapidez que aplaudieron en Washington y en el FMI, pero luego, tan rápidamente como lo anterior, hubo de echar pie atrás culpando del patinazo a ciertos funcionarios de la embajada chilena en Venezuela. Fue, a no dudar, el puntapié inicial.
Por ello, y por todo lo ya señalado, algunos venezolanos derechistas han creído que en nuestro país están abiertas las puertas y extendido el apoyo oficial para que luchen no solamente contra el gobierno de su propia nación, sino además, para atacar soez, ofensiva y bravuconamente a sectores políticos que en nuestro país son hoy día claramente no oficialistas.
Esos privilegios desmedidos otorgados por el estado de Chile a venezolanos militantes y simpatizantes de la ultra derecha, avala la creencia de esos ‘refugiados’ en cuanto a que todos los países de la región deben tener mandatarios y gobiernos cercanos al nacionalismo extremo y a la dependencia absoluta de los dictámenes emitidos por el imperio estadounidense.
Lo que es peor aún, esos mismos foráneos parecen dar fe que nuestro gobierno posee una tendencia a tal escenario ideológico debido no sólo a la posición anti chavista que Sebastián Piñera ha manifestado en estos primeros meses de su administración, sino también a la fuerte influencia que tiene en la agenda presidencial el ultra nacionalista José Antonio Kast.
El “asilo contra la opresión” no debe permitir el desmadre político agitado por personas provenientes de otras latitudes, menos aún si a ellas el estado las ha acogido brindándoles refugio. Nuestro país mucho tuvo que sufrir, luchar y esforzarse –con sangre y lágrimas incluidas- para recuperar el sistema democrático (aunque hasta hoy tal sistema cojee severamente), por lo que resulta inaceptable observar a nuestras autoridades mantener cómplice quietud y silencio ante actos de provocación e insultos llevados a cabo por los elementos ya mencionados, quienes se involucran de lleno en la política local trabajando para tiendas partidistas de la derecha, con la peregrina y peligrosa certeza de que Chile es terreno fértil para imponer sus ideas fundamentalistas.
Tampoco es un despropósito afirmar que las acciones políticas efectuadas por estos elementos foráneos han recibido un vitamínico espaldarazo proveniente del actuar inefable (e incluso delictual) que hoy caracteriza a algunas de nuestras instituciones, como es el caso de las cofradías políticas y la policía uniformada.
En estos últimos meses (tal vez han sido años) hemos identificado por fin el verdadero continente del alma de muchísimos políticos y autoridades, sean del bando que sean, descubriendo que no han trabajado ni legislado en beneficio de la mayoría de los chilenos, pues privilegiaron el hartazgo de los ya obesos capitalistas transnacionales, permitiéndoles sobrepasar la ley y la moral sin recibir sanciones severas.
También, en estos últimos meses, hemos descubierto los graves delitos cometidos por la policía uniformada y el ejército, lo que se traduce en un robo total superior a los setenta mil millones de pesos, y tan grave como ello ha sido confirmar que esa policía uniformada se ha convertido en guardaespaldas de la oligarquía.
Mediante lo dicho, tal vez se pueda entender por qué la opinión que tiene la gente sobre la Justicia no supera el 15% de aprobación. Además, con todos estos delicados asuntos se nutren y arropan los extremistas que nuestros gobiernos del duopolio cobijan, refugian y amparan. Definitivamente, en los asuntos mencionados, estos gobiernos nuestros son cómplices