Son más de tres meses de conflicto entre el Gobierno y el movimiento estudiantil chileno y no se avizoran vías de solución. La Administración de Sebastián Piñera estima que el 80% de las demandas están cubiertas en sus sucesivas propuestas; no obstante han sido rechazadas por los jóvenes en reiteradas ocasiones por considerarlas insuficientes. Ahora, faltan elementos de debate para saber de quién es la intransigencia.
Por un lado, la estrategia comunicacional del Gobierno sostiene que sus propuestas coinciden en el fondo de lo solicitado por el movimiento; pero claramente eso no es el caso. En consecuencia, es preciso examinar con mayor detenimiento a qué se refiere este famoso “criterio de suficiencia” que los estudiantes señalan. Buscando respuestas aparecen de inmediato los temas incómodos para
De otra parte, el movimiento estudiantil quiere darle un golpe de timón a la estructura del sistema para que no permita el lucro en Educación con dineros del Estado y le de gratuidad al sistema. Curiosamente, el tema de la “calidad” concita consenso, aunque no se tengan claros sus alcances en la práctica; ergo, la calidad no es parte del debate. Sin embargo, el lucro y la gratuidad exigen una lectura atenta y serena para no verse atrapado en eslóganes y panfletos.
Para ser honestos, lucro y gratuidad son temas altamente complejos para ser abordados con las múltiples aristas que conllevan. Por esta razón me restringiré en algunas implicancias para la educación superior. En primer lugar, el movimiento estudiantil no está en contra de todo tipo de lucro per se – que sería una posición ideológica – sino en contra del lucro en Educación “con dineros del Estado”. Medidas como otorgar vouchers a estudiantes para que elijan su universidad, comprar carteras de créditos y financiar las diferencias de los mismos, son claros intentos del Gobierno por mantener intacta la maquinaria de la educación de mercado. No falta ser egresado de las escuelas de negocios de Harvard para darse cuenta que con estas medidas los “dineros del Estado” serán canalizados hacia
El movimiento estudiantil plantea que la gratuidad de estudios es posible y una reforma tributaria la haría sostenible en el tiempo. Desde luego que impulsar esta reforma representa un shock al statu quo debido a los altos costos de desmontaje de la maquinaria del lucro en Educación ya instalada y operando. Sin embargo, el argumento de la gratuidad, a mi juicio, no es un tema totalmente económico; es moral ¿Es legítima una medida como ésta? Lógicamente los beneficiados del sistema de educación de mercado se niegan a la idea porque atenta contra un mandamiento neoliberal básico: se debe favorecer la inversión antes que la distribución de la riqueza.
Volviendo al tema ético: ¿Qué le dan al Estado aquellos estudiantes que reciben gratis una profesión? ¿Es justo que una persona no profesional pague con sus impuestos la educación universitaria de otra? La verdad es que sí, ya que el Estado se verá beneficiado por al menos tres razones. Primero, el 70% de los estudiantes que entran al sistema universitario son primera generación; luego, los ingresos derivados de su movilidad social les harían tributar más dinero al fisco a través de sus impuestos. Segundo, los jóvenes sin deudas bancarias asfixiantes tienen una alta posibilidad de emprender nuevos negocios, crear empleos y dinamizar la economía; lo cual, a su vez, implicaría mayores ingresos fiscales. Tercero, el recibo del regalo de
Con la bancarización del sistema de créditos universitarios ocurren tres hechos que atentan en contra del desarrollo del país, al menos en tres formas. Primero, el 40% de los jóvenes que no terminan sus estudios quedan en el peor de los mundos: deuda millonaria, renta menor y por ende menos recaudación de impuestos para el fisco. Segundo, se sabe que al menos la mitad del 60% que sí termina una carrera en una universidad de mala calidad, no consigue trabajo o trabaja en aquello que no estudió. No falta ser especialista en trastornos mentales para saber que las personas que aplican en estos dos casos pueden adquirir depresiones y adicciones. Al menos el costo de la depresión de esos jóvenes la pagará Chile, a través del AUGE, con el dinero de nuestros impuestos sin considerar el costo social de las adicciones. Tercero, la deuda de créditos con aval del Estado viene en aumento desde el 2006; de hecho hasta el
A la luz de los antecedentes expuestos, cabe interrogarse si no sería más eficiente que el Estado pague directamente el costo de las carreras universitarias en lugar de hacer estas componendas financieras para salvar la libertad de ganancia de unos pocos. Pero surge otra pregunta de fondo: ¿es buen negocio para el Estado privar a los jóvenes de la gratuidad de sus estudios? Para dar respuesta a estas preguntas es preciso cuantificar y cualificar lo que esto significa con mayor detalle, pero sobre todo con una mirada sistémica y de largo plazo. Sin embargo, no es conveniente cerrar la puerta a pensar la gratuidad por los beneficios antes expuestos.
Pero volvamos al tema ético. Si existe una contribución importante del movimiento estudiantil, ésta ha sido la sensibilización de la opinión pública sobre el nivel de segregación social que produce el lucro en el sistema Educacional. La indolencia frente a esta dolorosa realidad debe invitarnos, al menos, a reflexionar en la formación moral de los chilenos. En consecuencia, no cabe duda que el nuevo joven universitario debe tener formación en valores y en ciudadanía. Aunque de manera incipiente, ya varias universidades en Chile poseen una metodología de aprendizaje que apunta a estos objetivos. Se trata del Aprendizaje y Servicio, A+S, donde con proyectos en terreno con la propia comunidad se logra inclusión social sin abandonar los objetivos de aprendizaje. Un ejemplo reciente de
Un pacto Universidad-Estado podría permutar horas de A+S de los estudiantes, como servicio social, en compensación, en parte, de lo que el Estado ha invertido en la formación de esos jóvenes. No es insensato considerar la efectividad del uso del A+S en el desarrollo local y regional que es una tarea del Estado. Al menos así lo entendió Argentina donde el presidente de
Implementar el derecho a
* Académico Universidad de Santiago de Chile.