Unas 173 personas murieron a causa de la ola de violencia desatada hace dos meses en Nicaragua, informó hoy la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, encargada de esclarecer los hechos ocurridos durante la crisis sociopolítica.
Del total de víctimas fatales, 156 eran hombres, seis mujeres y 11 menores de edad, según datos correspondientes al informe preliminar que presentará la junta esta semana.
Las cifras son alarmantes, pero más aún las condiciones en las que fallecieron las personas, refirió Jaime López, miembro de la comisión, durante una conferencia de prensa.
'Hechos dolorosos, la verdad que nos duelen los muertos y las familias nicaragüenses', manifestó.
La mayaría de las muertes (95) se registraron en Managua, seguida por el departamento de Masaya (20), Estelí y Chinandega (9), León y Matagalpa (8), Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (7), y el resto en Carazo, Granada, Jinotega, Río San Juan, Chontales y Región Autónoma del Caribe Sur.
López señaló que aún investigan la ocupación de los fallecidos, pero hasta el momento se conoce que 11 de ellos eran estudiantes universitarios, nueve de secundaria, e igual número de policías.
Otros siete eran comerciantes, tres taxistas, dos periodistas, la misma cifra de maestros y vigilantes, y un desempleado, de acuerdo con la fuente, que manifestó los esfuerzos de la comisión para concluir ese punto de la pesquisa.
Para realizar las estadísticas, la comisión tuvo en cuenta el reporte del Ministerio de Salud, Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal, organismos de derechos humanos y medios de comunicación.
Como parte de las investigaciones indagarán sobre el credo religioso y político de las personas, sin embargo, López lamentó las especulaciones al respecto en las redes sociales.
También expresaron preocupación por el incremento de la violencia, al considerar que los actos llegaron a niveles insospechados de crueldad y perversidad este fin de semana, cuando asesinaron a seis personas en un incendio y dispararon a otras dos, cuyos cuerpos fueron quemados y profanados en la vía.
La escalada de violencia estalló en medio de protestas contra reformas gubernamentales al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones.
De acuerdo con observadores, tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno.