La falta de ingresos de un sistema contributivo de jubilación en más de la mitad de los hombres, y sobre todo mujeres mayores de 60 años en América Latina, es el principal factor para mantenerse activo en el mercado laboral. Así lo señalan la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una nueva publicación conjunta.
En la edición N⁰ 18 de Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe (mayo 2018), ambos organismos de las Naciones Unidas destacan que según sus proyecciones, entre 2015 y 2050 la proporción de personas con 60 años y más en la fuerza de trabajo aumentaría del 7,5% a 15,0%. A ello contribuiría, sobre todo, el envejecimiento de la población y, en menor grado, un moderado aumento de la participación laboral de los adultos mayores.
A pesar de avances recientes en la formalización del empleo y la expansión de los sistemas contributivos de pensiones, según datos de ocho países de la región en promedio todavía un 57,7% de las personas de entre 65 y 69 años, y un 51,8% de las personas con 70 y más años de edad, no perciben una pensión de un sistema contributivo, con tasas aún más elevadas para las mujeres. Esta situación obliga a muchas personas mayores a trabajar: la tasa de ocupación para el conjunto de las personas con 60 y más años alcanza un 35,4% en la región, explica el estudio. Esta proporción es elevada aún en grupos etarios que ya traspasaron la edad legal de jubilación: 39,3% en el grupo de 65 a 69 años y 20,4% en el de 70 y más años. Las tasas son más altas en los países con baja cobertura de los sistemas contributivos de pensiones, explica el reporte.
CEPAL y OIT destacan que el trabajo por cuenta propia es la principal fuente de ingresos entre las personas mayores que siguen trabajando. Esto puede reflejar tanto la discriminación que obstaculiza el acceso a un empleo asalariado para las personas mayores, como el deseo de estas personas de trabajar de manera independiente aprovechando las calificaciones adquiridas a lo largo de su vida laboral para trabajar en condiciones que permiten una mayor flexibilidad del trabajo. Además, el estudio muestra que una elevada proporción de los adultos mayores ocupados se desempeña en la agricultura donde la cobertura de los sistemas de pensiones suele ser baja.
El estudio también detecta que un 7,2% de las personas con 60 años y más están trabajando a pesar de que reciben una pensión de un sistema contributivo, lo que puede deberse al bajo monto percibido o a la preferencia de seguir siendo activa, sobre todo entre personas de mayor nivel educativo.
“Es necesario ampliar la cobertura de los sistemas de pensiones y complementarlos con pensiones no contributivas, a fin de reducir la presión a la que se ven sometidas las personas mayores, que las obliga a seguir trabajando, generalmente en empleos de baja productividad, a fin de poder contar con medios mínimos de subsistencia a una edad en que las sociedades deberían garantizarles las condiciones para disfrutar de una vejez digna”, indican Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y José Manuel Salazar, Director Regional de la OIT en el prólogo de la publicación.
Agregan que frente al acelerado proceso de envejecimiento que enfrentan muchos países latinoamericanos, es una obligación analizar las condiciones y el financiamiento de sistemas de pensiones que sean inclusivos y sostenibles.
En relación a la actual coyuntura laboral general en América Latina, el informe CEPAL-OIT explica que en 2018 la región está viviendo una fase de modesta recuperación económica y se estima un crecimiento de 2,2%, frente al 1,3% alcanzado en 2017. En este contexto los organismos proyectan un leve aumento de la tasa de ocupación regional, lo que incidiría en que, por primera vez desde 2014, se registraría un leve descenso de la tasa de desempleo urbano hasta alrededor de un 9,0% (luego de anotar un 9,3% en 2017, el nivel más elevado desde 2005). Esta evolución del empleo, junto con que los salarios reales continuarían aumentando de manera moderada, contribuiría a fortalecer el poder de compra de los hogares, aportando de esta manera a estabilizar la reactivación económica.