En la Corte de Apelaciones de Santiago el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso cinco querellas criminales en contra de quienes resulten responsables por la desaparición forzosa de niños/as en el periodo 1973 – 1990. Asimismo, el Instituto presentó 10 denuncias por casos de menores de edad sustraídos.
Respecto de las querellas, se trata de los casos de Cecilia Arévalo Bascuñán quien dio a luz a un varón en el Hospital de Quilpué en 1980. Según ella recuerda, se trató en un parto normal donde escuchó y vio llorar a su bebé, pero que luego de un rato le dijeron que venía con la T de cobre pegada en una nalga, así que se lo llevaron para quitársela y vestirlo. Dos horas después le comunicaron que su hijo había fallecido.
La segunda querella, aborda la sustracción de que fue víctima Carmen Lizama Castillo quien estando detenida en el año 1982 en la Cárcel de Temuco, por motivos de militancia política, le quitaron a su hijo Marcelo Alejandro Hernández Lizama, que en aquella época tenía un año y medio. Ella imputa a Carabineros la sustracción.
El tercer caso en tanto da cuenta de la situación de María Cecilia Sagüés, quien en 1977 con 21 años ingresó al Hospital Regional de Antofagasta para dar a luz a su bebé de seis meses y medio de gestación, producto de una rotura de la bolsa amniótica. Pudo ver a su hijo sólo un par de minutos, constatando que se encontraba vivo y sano.
Al día siguiente en una situación extremadamente confusa, personal del Hospital solicitó a su marido que reconociera el niño, sin embargo al llegar al centro asistencial le mostraron al progenitor los cadáveres de una madre y su hijo. Mientras, por otro lado, la doctora a cargo del procedimiento invitaba a María Cecilia a ver su hijo. A los minutos su marido le comunicó que el niño estaba muerto. Nadie le dio nunca una respuesta sobre lo que realmente había sucedido.
Otra situación presentada a la Corte fue la vivida por Carmen Ortega Mardones quien dio a luz a su hijo el 2 de enero de 1979. Era un embarazo de término y de acuerdo a los controles anteriores el niño presentaba buen peso. Esa noche quedó hospitalizada sin recibir ningún tipo de atención, entrando a la sala de parto en la madrugada, momento en el que se sintió mareada, por lo que los médicos la doparon. Al despertar le informaron que su hijo venía muerto por haber nacido de pie. Nunca le permitieron verlo, tampoco le entregaron ningún tipo de certificado, solo le pidieron que firmara su alta médica, extendiéndole una ficha clínica donde se lee: “niño vivo”.
El último caso corresponde a Juana Elena Díaz Martínez quien con 17 años ingresó embarazada en 1977 al Hospital Félix Bulnes, donde dio a luz a Elizabeth. Al tercer día de vida de la bebé, Juana recibió la visita de una matrona, quien sin motivo alguno le dijo que: “era demasiado joven para tener hijos”. Horas después, Juana es informada de que su hija había muerto. Al preguntar la razón, las enfermeras le indicaron que el deceso fue por una insuficiencia respiratoria.
Respecto de las diez denuncias presentadas, se trata de casos en que las personas sustraídas se percataron con el paso de los años de su difusa historia familiar y de situaciones en que las familias sí pudieron dar con el paradero de sus hijos/as perdidos.
En marzo pasado el INDH ya había presentado cuatro querellas por casos de sustracción de menores de edad, las cuales se encuentran en investigación por parte del ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, quien indaga más de 500 adopciones irregulares por extranjeros durante los mismos años.