La Corte Suprema condenó a sargento en retiro del Ejército a la pena de 5 años de presidio, por su responsabilidad en el delito de homicidio de Manuel Jesús Moreno Quezada. Crimen de lesa humanidad perpetrado el 9 de agosto de 1985, en la comuna de San Miguel.
En fallo unánime (causa rol 36.211-2017), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Carlos Cerda y los abogados (i) Leonor Etcheberry y Rodrigo Correa– acogió el recurso de casación deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que consideró que la muerte de Moreno Quezada correspondía a un delito común.
"En su argumentación 11ª la ministra instructora de primera instancia, doña Marianela Cifuentes Alarcón, manifiesta haber adquirido convicción en punto a que "el día 9 de agosto de 1985, alrededor de las 22:00 horas en el frontis de la botillería de avenida Las Industrias número 6.271 de la comuna de San Miguel, en circunstancias que se desarrollaba una jornada de protesta social en contra del gobierno de la época, Manuel Jesús Moreno Quezada recibió el impacto de un proyectil balístico en la cabeza, disparado por Rodolfo Alain Benavides Díaz, chofer de una ambulancia del Hospital Militar que transitaba por dicha arteria en dirección al norte quien, haciendo uso excesivo de la fuerza, disparó el revolver marca Rossi, calibre .38 serie D 302671 que portaba, con el fin de continuar su desplazamiento por la referida arteria con el paciente que transportaba." (fojas 1.218)", sostienen el fallo del máximo tribunal.
Resolución que agrega: "La conducta que causó el deceso de Moreno obedece a esas características y es por ello que debe ser calificada como delito de lesa humanidad. Desde luego, en atención a la propia materialidad del comportamiento: pobladores de un sector modesto manifestándose en la vía pública contra el régimen imperante, con miras a su término; una ambulancia del Hospital Militar; dos funcionarios, tripulantes de ésa, provistos de armamento; disparo a ciudadano ajeno a la manifestación; y subsecuente fallecimiento".
"Además –continúa–, por lo que ha sido demostrado por diferentes informes, que en la época de la agresión se implementó una política estatal que consultaba la represión de posiciones ideológicas contrarias al régimen, la seguridad al margen de toda consideración por la persona humana -que autorizaba el empleo de las armas de fuego- el amedrentamiento a los civiles y, sobre todo, la garantía de impunidad que el mismo régimen generó ante las responsabilidades penales y de todo orden, entre otros elementos".
"El hecho en particular se ejecuta en razón de las condiciones antes descritas, cuales son, en verdad, las que autorizan a matar con desprecio por la vida humana, ante una nimia transgresión del entendimiento que el sistema asume como "seguridad interior" o cualquier actitud considerada "atrevimiento" ante el déspota; al punto que erradicar de manera brutal tales gérmenes de ilusoria rebeldía, hasta se hace merecedor de premio y honra entre los anillos del poder", añade.
"Así, dado el vínculo existente entre la muerte de Moreno Quezada y el elemento de contexto invocado por los recurrentes, que conforme se ha desarrollado en las reflexiones anteriores, concurre en la especie, al calificar los jueces del fondo el hecho como un ilícito común y declararlo, por ello, prescrito, han aplicado erróneamente las normas del derecho interno contenidas en los artículos 93 y siguientes del Código Penal", concluye.