La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, condena en los términos más enérgicos la declaración ilegal, peligrosa e irracional del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pretendiendo reconocer a Jerusalén como la capital del estado israelí y trasladar la embajada de dicho país a esa ciudad. Esta decisión es una provocación para desatar más violencia e inestabilidad en el Medio Oriente. A fecha del 9 de diciembre, se verificó el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de Israel, incluyendo ataques aéreos. Las fuerzas israelíes mataron a 4 palestinos, incluidos 2 civiles, e hirieron al menos otros 259, incluidos 32 niños y 4 mujeres, en las zonas de Gaza y Cisjordania.
La declaración colonialista de Trump, desconoce los derechos humanos, inalienables y fundamentales del pueblo palestino y busca complacer a los sectores derechistas y más recalcitrantes del sionismo para legitimar la ocupación israelí y sus acciones que incluyen las demoliciones de viviendas, el despojo de permisos de identidad de palestinos residentes en Jerusalén, los continuos arrestos de niños y jóvenes palestinos, las detenciones arbitrarias y la construcción de asentamientos ilegales. Israel sigue construyendo asentamientos en Jerusalén, donde se prevé levantarán unas 14.000 nuevas viviendas, de ellas, 6.000 en la parte este (oriental).
Tanto la ocupación de Israel, como la anexión de Jerusalén, son ilegales bajo el derecho internacional. La reciente declaración de Trump viola flagrantemente las obligaciones de los EE. UU. bajo los Convenios de Ginebra, la Carta de las Naciones Unidas y las numerosas declaraciones y resoluciones de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos. Viola la Resolución 478 del 20 de agosto de 1980 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que censuró “en los términos más enérgicos”, el intento de anexión de Jerusalén Este (Oriental) por parte de Israel, a través de la Ley de Jerusalén de 1980, ley unilateral israelí que pretendió declarar a Jerusalén como la capital “eterna e indivisible” de Israel. En esa ocasión, los Estados Unidos no vetaron dicha resolución y se abstuvieron, por lo que pudo ser aprobada. La Resolución 478 también llamó “A los Estados que hayan establecido representaciones diplomáticas en Jerusalén, para que retiren tales representaciones de la Ciudad Santa.” y trasladarlas a Tel Aviv. Resaltamos también la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU del 23 de diciembre de 2016, que condenó colonización israelí y donde los EE. UU. no recurrieron al veto para evitar la resolución. La resolución reiteró que: “Reafirma 2
que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz general, justa y duradera” y “Reitera su exigencia de que Israel ponga fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y que respete plenamente todas sus obligaciones jurídicas a ese respecto.”
La medida imperial de Trump fue condenada de inmediato por la gran mayoría de países del mundo, desde 14 de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad durante una sesión de emergencia, incluyendo aliados de los EE. UU., como los gobiernos de Reino Unido, Francia y Alemania, hasta el Papa Francisco, el secretario general de la ONU y el Movimiento de Países No Alineados, que la rechazó por unanimidad de sus 120 miembros.
Los recientes ataques de la fuerza ocupante israelí incluyen la persecución contra abogados palestinos y defensores de los derechos humanos, incluida la detención el 4 de diciembre de tres destacados abogados palestinos comprometidos con la defensa de los derechos humanos de palestinos en Jerusalén y en la Palestina ocupada. Los tres abogados son: Khaled Zabarqa, destacado abogado y el representante del Jeque Raed Salah, líder político y religioso encarcelado; Eyad Mesk, el director legal de la Comisión de Prisioneros y Ex-Prisioneros; y Firas al-Sabbah, director general del Centro para los Derechos Humanos de al-Meethaq, que proporciona centros de asesoramiento legal para los palestinos de Jerusalén y supervisa la detención de niños palestinos. Los tres fueron llevados al centro de interrogatorio Petah Tikva.
Además, defensores y defensoras de los derechos humanos como Hasan Safadi, Salah Hamouri y Khalida Jarrar fueron encarcelados sin cargos ni juicio en prisiones israelíes bajo órdenes de detención administrativa. Issa Amro, defensora de tierras en Hebrón, enfrenta cargos militares por protestas no violentas contra los asentamientos. Abdallah Abu Rahma, coordinador del Comité Popular contra el Muro y Asentamientos en Bil'in, fue objeto de redadas y arresto hace apenas unas semanas y sigue encarcelado.
Por tanto, la AAJ:
1. Rechaza la declaración unilateral del gobernante estadounidense y exige que la deje sin efecto de manera inmediata y cesen las violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos del pueblo palestino. Consideramos que tal actitud es un reflejo de la ideología racista, imperialista, colonialista y de apartheid que permea en los EE. UU. e Israel.
2. Una vez más reitera que la paz en el Medio Oriente requiere de una solución política y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, basadas en el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, los pactos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que obligan:
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a. al cese de la ocupación y el control militar de los territorios ocupados palestinos, incluyendo Jerusalén Este por parte de Israel;
b. el retiro incondicional de los territorios actualmente ocupados por los colonos israelíes y el desmantelamiento de los asentamientos coloniales israelíes;
c. el derecho al retorno de los refugiados palestinos;
d. el reintegro de las propiedades confiscadas, sin perjuicio de la compensación económica;
e. la indemnización a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y el juzgamiento de los responsables;
f. el cese de la discriminación de la población árabe de Israel, que asciende a casi un 20% del total.
3. Llama a la comunidad internacional, a todos los Estados y particularmente los Estados Unidos y a la ONU, a exigir al gobierno de Israel, al cumplimiento inmediato de las obligaciones del derecho internacional, bajo apercibimiento de adoptar las medidas necesarias que lo obliguen a hacerlo, al mismo nivel del aislamiento, en su momento, del gobierno sudafricano, para detener el genocidio y el apartheid del que es víctima el pueblo palestino.
4. Sostiene que es indispensable el fiel cumplimiento de la Cuarta Convención de Ginebra y las Altas Partes Contratantes deben ejercer sus responsabilidades, bajo el artículo 146, de procesar a los responsables de violaciones de la Convención que constituyen crímenes de guerra, según el art. 147 de la misma Convención y el Protocolo I Adicional.
5. Hace un llamado a las asociaciones y personas amantes de la paz y la justicia que se identifican con la defensa de la causa del pueblo palestino, a expresar categórico rechazo ante tan grave decisión del presidente estadounidense.
A 14 de diciembre de 2017
Vanessa Ramos Luis Carlos Moro
Presidenta AAJ Continental Secretario General
(VRamos1565@aol.com) (luiscarlos@moro-scalamandre.
Beinusz Szmukler
Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ