Que la derecha odia escuchar y leer alabanzas o loas a Salvador Allende es un asunto incomprensible, pues de no haber existido el gobierno popular que encabezó el doctor socialista, esa derecha jamás habría logrado adueñarse –inmoralmente y a precios risibles- de tan elevado número de empresas públicas con las que contaba el Estado chileno hasta el mes de octubre del año 1973.
Convengamos, en primer término, que las principales empresas –las más grandes y rentables- existentes hasta ese año habían sido creadas por la actividad de los gobiernos, del fisco. Los empresarios de entonces eran renuentes a arriesgar dinero en levantar una empresa cuyo rendimiento productivo y umbral de ganancias económicas resultaban desconocidos.
Para muestra, botones. El violento terremoto que en el mes de enero de 1939 destruyó las ciudades de Chillán y Concepción cobrando más de treinta mil víctimas, apenas iniciado el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, otorgó al mandatario radical la posibilidad de crear la CORFO (Corporación de Fomento de la Producción), institución fiscal que durante más de cuatro décadas investigó, propuso, invirtió (dinero del estado chileno) e inició exitosamente actividades fabriles y productivas en áreas donde la empresa privada había asegurado que ‘no existía posibilidad alguna de gerenciar ni administrar nada’.
Sin embargo, la CORFO lo hizo. Ahí estuvieron, en su momento, empresas de total éxito como CAP (Huachipato), ENAMI, SERCOTEC. INACAP, IFOP, SENCE, IANSA, ENDESA, la UTE, Centrales Hidroeléctricas, Chile Films, ENAP, MADECO, ENTEL, TVN, y una multitud de empresas (más de 300) de rubros varios, como textiles, metalmecánica, agrícola, maderera, pesquera, automotriz (Fiat, Citroën y Peugeot), vestuario, etcétera. Decenas (quizá centenares) han sido las pioneras empresas creadas por CORFO, las cuales, una vez demostradas sus capacidades ‘económicas’, fueron EXIGIDAS por los capitales privados como elementos aptos para la privatización.
Además, durante dos siglos los terratenientes criollos mantuvieron sus propiedades en el más absoluto nivel de “no producción”, puesto que el 60 % o el 70% de esos extensos kilómetros cuadrados o hectáreas de fundos y haciendas estaban improductivos, dejados a la mano de Dios, constituyendo simples e inútiles paisajes.
El presidente Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964) inició, aunque tibiamente, el proceso de reforma agraria que sería incrementado y terminado por los mandatarios Frei Montalva (1964-1970) y Allende Gossens (1970-1973) a través de instituciones como CORA, INDAP e INIA.
Una vez que esos gobernantes demostraron que Chile sí podía ser una potencia en producciones frutícolas y madereras (todas ellas, hasta ese momento, administradas por el Estado), los inversionistas privados, histéricamente, exigieron al gobierno de turno (era entonces el momento de la dictadura militar) la “venta” (privatización o regalo, en realidad) de todas las empresas fiscales, incluyendo las agrícolas, lo que se efectuó vergonzosamente durante el último año del gobierno dictatorial pinochetista (principalmente en el segundo semestre de 1989), en condiciones insignificantes en su cuantía monetaria. Fue, sin duda, el mayor robo conocido en la Historia de Chile.
Y para qué hablar de los ‘regalos’ efectuados por el duopolio Alianza-Concertación a mega empresarios particulares, como ocurrió con los glaciares del Norte (Barrick Gold), las salmoneras y bosques en el sur, las reservas de agua en la zona austral, el borde costero, el mar chileno, los nuevos minerales cupríferos, el litio, y un etcétera tan largo como nuestro país.
Ella es una de las razones por las que al gobierno de la Unidad Popular se le atacó por todos los flancos; los predadores requerían establecer el caos, el desabastecimiento, el mercado negro y el terror callejero como factores que avalaran el golpe de estado, mismo que entregó centenares de empresas públicas a determinados empresarios. ¿Y ellos odian a Allende? ¿Por qué?
La respuesta, amén de lo ideológico, debe rumbear por otras causas que el mega empresariado y su prensa plumífera se obstinan en esconder. En el gobierno de la Unidad Popular no hubo presos políticos, tampoco hubo asesinato de opositor alguno por el que se hubiese podido responsabilizar al gobierno, pero sí hubo una total y absoluta libertad de prensa, de opinión, de asociación, etc.
Y lo más importante, no existió corrupción en ninguna de las esferas del gobierno. Tal es así que, una vez entronizada la dictadura, a todas las personas que habían ejercido cargos de ministros y subsecretarios en el gobierno de la Unidad Popular (y ello ocurrió de igual manera con el propio doctor Allende), se les investigó prolijamente sus haberes, sus cuentas bancarias, sus negocios y también se hizo lo mismo con sus familiares. En los bandos derechistas y en los bandos golpistas el resultado sorprendió a muchos e indignó a varios. No había manchas en ninguno de los investigados. Habían sido honrados a carta cabal, e incorruptibles.
Eso es lo que molesta a esta derecha empresarial chilena que tiene como actitud perenne el hacerse casi gratuitamente de todo lo que es fiscal y vivir luego de las rentas que ello produce. Irrita a la derecha que el gobierno de Salvador Allende hubiese sido diáfano en estas materias, lo cual, por cierto, ninguno de los representantes del pinochetismo y del mega empresariado transnacional puede siquiera igualar.
Pero, no sólo a ellos les molesta lo mencionado en estas líneas, también saca de sus casillas a varios “izquierdistas renovados” que se convirtieron en alumnos -y luego en socios- de los maestros del aprovechamiento, la corrupción y el robo al erario nacional. Los ejemplos de esa sociedad de corruptos conformada por derechistas, centroderechistas y centroizquierdistas ‘renovados’ están a la vista: Corfo-Inverlink, Penta, Codelco, SQM, CAVAL, Dominga, Bancard-Exalmar, Johnson, etc.
En asuntos de honestidad, transparencia y dignidad, un abismo insondable les separa de aquellos viejos izquierdistas que acompañaron al presidente Allende en los mil días de gobierno de la Unidad Popular. Y ni qué decir si comparamos el gobierno de Salvador Allende (y a Allende mismo) con el gobierno (y la persona) de Sebastián Piñera.