Una reunión con el Presidente del Tribunal Constitucional, Iván Oróstica Maldonado, sostuvieron dirigentes de organizaciones de derechos humanos de Chillán el martes 27 de marzo, para manifestar su preocupación porque esta entidad se ha prestado para suspender cinco de los procesos relacionados con la desaparición o ejecución de doce víctimas por la dictadura en la provincia de Ñuble. Los crímenes se cometieron a partir de 1973. Hasta hoy los familiares esperan justicia, denunciando como “una nueva estrategia de los victimarios” esta petición de supuesta inconstitucionalidad de los juicios acogida a investigación por el Tribunal Constitucional, lo que en la práctica retrasa aun más la infinita espera de verdad y justicia que han vivido en estos casos de delitos de lesa humanidad. En los últimos tres años, más de treinta causas por violaciones a los derechos humanos han visto interrumpida su tramitación por dictamen del Tribunal Constitucional.
Rosario Peña, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Jorge Vera, dirigente del Comité Verdad y Justicia, junto a familiares de las víctimas hacen un llamado a la opinión pública, a las organizaciones de derechos humanos, a los parlamentarios y familiares de los caídos en dictadura, a levantar su voz en contra de esta nueva maniobra dilatoria que utiliza al Tribunal Constitucional como trinchera para asegurar la impunidad a criminales que han gozado de ella por más de 44 años. Ellos señalan que la entidad citada debe cumplir su ro,l en lugar de “contribuir a validar el horror de 17 años de represión e infamia, el horror de una noche que duró demasiado en la historia reciente de nuestro país. “
Evaluando la reunión, Jorge Vera, expresó “No tenemos muchas esperanzas de esta reunión, ya que aunque fuimos recibidos en forma deferente y el Presidente del Tribunal se comprometió a agilizar las causas, nos dijo que no podía hacer nada respecto a los plazos. Y además este mismo día dieron admisibilidad a otra causa de derechos humanos. Eso nos dio la razón a las organizaciones y familiares: El Tribunal Constitucional no tiene derecho alguno a paralizar nuestras causas. “
A continuación, el texto completo de la declaración.
“Las agrupaciones y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos de la provincia de Ñuble, abajo firmantes, concurrieron el día de ayer a una audiencia con el Presidente del Tribunal Constitucional, Iván Oróstica Maldonado, para manifestar su enorme preocupación por el curso que están tomando los procesos judiciales en que se indaga, juzga y, esperan confiados, se condene por los tribunales de justicia de la República a los responsables del secuestro y muerte de sus familiares ocurridos durante la dictadura cívico- militar que rigió nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos de la provincia de Ñuble, abajo firmantes, concurrieron el día de ayer a una audiencia con el Presidente del Tribunal Constitucional, Iván Oróstica Maldonado, para manifestar su enorme preocupación por el curso que están tomando los procesos judiciales en que se indaga, juzga y, esperan confiados, se condene por los tribunales de justicia de la República a los responsables del secuestro y muerte de sus familiares ocurridos durante la dictadura cívico- militar que rigió nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
La defensa de los culpables de tan alevosos crímenes comenzó a usar de ese tribunal, con el fin de retardar abiertamente la tramitación de las causas penales amparados en la figura de la acción de inaplicabilidad por inconstitucional- incorporada, precisamente, a la constitución de 1980 en tiempos de democracia con la reforma del año 2005- alegando falsamente el atropello de su derecho al debido proceso y las garantías judiciales, solicitando además la suspensión del procedimiento, que es concedida por el Tribunal Constitucional sin más, sin ningún fundamento jurídico que avale, como hasta ahora, mantener paralizada la investigación y fallo de las causas en los tribunales de justicia por meses y años.
En los últimos tres años, más de treinta causas por violaciones a los derechos humanos han visto interrumpida su tramitación por dictamen del Tribunal Constitucional, lo que significado que la memoria de un número significativo de víctimas no ha podido nuevamente ser reparada, a tiempo, en verdad y justicia por el Estado de Chile. Hoy, de esos procesos penales, cinco de ellas- que comprenden la investigación de doce víctimas hechas desaparecer o vilmente asesinadas en la provincia de Ñuble por el solo hecho de ser o suponérseles opositores al régimen de facto impuesto en nuestro país a contar de septiembre de 1973- se encuentran suspendidas en su investigación, algunas ya por nueve meses.
Llamamos a la opinión pública, a las organizaciones de derechos humanos, a los parlamentarios elegidos por todos nosotros, a los familiares de víctimas a levantar su voz en contra de esta nueva estrategia empleada por los victimarios de tantos hombre, mujer y niño de nuestra patria secuestrado o muerto en dictadura contra la utilización del Tribunal Constitucional como trinchera que les asegure la impunidad de que han gozado por más de 44 años, e interpelar a ese tribunal a cumplir el rol que, por mandato constitucional está llamado a desempeñar, sin contribuir a validar el horror de 17 años de represión e infamia, el horror de una noche que duró demasiado en la historia reciente de nuestro país.
ROSARIO PEÑA ESPINOZA. Presidenta AFDD de Chillán.
TERESA RETAMAL SILVA. Secretaria AFDD de Chillán
ANGÉLICA ROMERO LAGOS, Tesorera AFDD de Chillán.
MERCEDES SÁNCHEZ ERRAZURIZ, cónyuge de Ricardo Troncoso León, detenido desaparecido.
MARÍA ELIANA y FERNANDO ANGULO MATAMALA. Hermanos de Rolando Angulo Matamala, ejecutado político.
HILDA MIRANDA ORELLANA. Miembro Comité de ex presos políticos Verdad y Justicia de Chillán.
JORGE VERA GONZÁLEZ. Dirigente Comité ex presos políticos Verdad y Justicia de Ñuble.
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
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