Siempre hemos sido contrarios a los encierros en la ciudad para protegernos de la delincuencia que cometen algunos jóvenes desadaptados y en tal sentido recordamos que años atrás el Tribunal Constitucional, como era su deber, tuvo que rechazar una inicua ley aprobada por nuestros ineptos parlamentarios que le otorgaba amplias atribuciones a los municipios para que se levantaran rejas en ciertos tipos de calles.
Ahora bien, en la edición del 13/03/18 del diario El Mercurio se publica la nota “Retiran reja en conjunto habitacional de Providencia”, conforme a un fallo de la Corte Suprema, pues las instrucciones anteriores para que se eliminaran, de su propia Dirección de Obras y de la Contraloría General de la República, no eran obedecidas por las alcaldesas Errázuriz y Matthei, noticia que fue cubierta también en dos canales de televisión. Debido a que conocemos este episodio, a continuación decimos lo siguiente :
La Unidad Vecinal Providencia (UVP), ex conjunto Empart (ex Caja de Empleados Particulares) es el emblemático conjunto residencial ubicado entre calles Providencia, Antonio Varas y Carlos Antúnez, comuna de Providencia. Este conjunto habitacional de clase media, caracterizado en sus orígenes por sus espacios abiertos, extensos jardines, departamentos tipo dúplex, mosaicos, esculturas colgantes y una variada gama de formas modernas ha sido objeto de numerosos atentados urbanos que la han dejado casi irreconocible.
Las 6 esculturas colgantes, obra de Abraham Friedfeld, fueron desmontadas hace décadas y su paradero actual aún se desconoce. Para aumentar el agravio, de forma paulatina e inconsistente, algunas personas residentes -sin asamblea de copropietarios, ni proyecto, ni permiso alguno- levantaron unos 1.000 metros lineales de rejas que han bloqueado el tránsito a casi 3.000 personas que viven ahí, teniéndose presente que los bloqueados por la verja son también los efectivos de carabineros, bomberos y vehículos de ambulancias.
Un paisaje carcelario, que de concretarse en el tiempo, hubiera obligado a sus residentes más perjudicados a cruzar hasta 3 rejas distintas para atravesar o salir de su comunidad. Decimos hubiera, porque a pesar de la lerda obstinación de la municipalidad para eliminar el encierro fáctico, un grupo de vecinos conocedores de la historia y vigencia de los principios de la UVP se negaron a bajar los brazos ante lo que parecían hechos ilegales consumados.
Las primeras denuncias comenzaron en el año 2009, ante lo cual la Dirección de Obras Municipales (DOM) se vio obligada a emitir los decretos de demolición números 368-2009, 2633-2009 y 525-2010, los que sumados exigían la demolición de 194 metros lineales de reja. Pero a pesar de estos decretos, la díscola municipalidad de Providencia prefirió mirar para el lado y no cumplir su obligación legal de ejecutar las demoliciones. Ante esa negligencia inexcusable de sus autoridades superiores, las denuncias ciudadanas escalaron entonces ante la Contraloría General de la República, la cual mediante los Oficios N° 101.654 de 2014 y 43.367 de 2015 ordenó a la municipalidad ejecutar en un plazo de 30 días las demoliciones contenidas en los decretos señalados, además de emitir un nuevo decreto de demolición (como lo solicitó el Director de Obras en el Memorándum N° 16.817 de 2014) e iniciar un sumario administrativo en contra de los funcionarios públicos que no quisieron ejercer sus responsabilidades.
Cualquier lector medianamente avispado, creería que después de ello ahora sí las autoridades edilicias cumplirían sus deberes, respetándose el Estado Democrático de Derecho y el bien común. Pero las autoridades edilicias –lideradas entonces por Josefa Errázuriz- consideraron, según nos han manifestado los propios vecinos que han reclamado, que la Contraloría General del República es una institución imaginaria que escribe oficios innecesarios y prefirió ignorar los oficios dictados (sic).
Ya cansados de tanta indolencia municipal, los vecinos afligidos tomaron el toro por las astas, contratando por nuestra sugerencia, al competente abogado ecologista Luis Mariano Rendón, quien ingresó un Reclamo de Ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago (causa 8122-2016), la que ante la evidencia acumulada ordenó a la municipalidad la ejecución de los 3 decretos de demolición, así como también la emisión de un nuevo decreto. Pero mientras estos vecinos, muy bien organizados, se han hecho expertos en recopilar antecedentes y en sortear distintas vallas administrativas y judiciales, la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Providencia se ha hecho especializada en hacerles perder el tiempo. En consonancia con la fórmula de no leer ni entender argumentos, esa oficina jurídica elevó la causa a la Corte Suprema donde dio un pobrísimo espectáculo discutiendo asuntos que no eran parte del litigio y señalando que con el cambio de administración, ahora la alcaldesa es Evelyn Mathei, se dejaban sin efecto los actos administrativos anteriores.
Como era esperable, el 3 de enero de 2018, la Corte Suprema rechazó la totalidad de los febles argumentos municipales y ordenó el cumplimiento de las sentencias de la Corte de Apelaciones en un plazo de 30 días. Con esa sentencia definitiva hay un punto de no retorno y por ello recientemente fueron demolidos algunos metros de rejas, suponiendo que en los próximos días deberán retirarse todas las estructuras faltantes. Así, la burda estrategia dilatoria municipal tocó fondo y ya no tiene sentido seguir eludiendo los decretos de demolición faltantes, pues el conjunto habitacional de la UVP no es una copia de Guantánamo.
En esta columna de opinión le hacemos un reconocimiento público a los magistrados del máximo tribunal de justicia, pues con su categórico fallo, los vecinos que conforman esa UVP tendrán un modelo de integración urbana, revitalizándose automáticamente su interés patrimonial. Con esta experiencia la alcaldesa Mathei puede establecer formas civilizadas y democráticas de colaboración con la comunidad, lo que es siempre deseable. Los vecinos, con excelentes líderes y con la asistencia del abogado Rendón, se resistieron pertinazmente al encierro porque están conscientes, como personas educadas, que las ciudades abiertas son las que brindan el máximo de beneficios sociales para todos.
No podemos perder de vista que brindar tranquilidad y confianza a la población le corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, órgano del Estado que es el superior jerárquico de Carabineros de Chile, institución que, con su nuevo general director, cumplirá a cabalidad su cometido.
Por último, justificamos las rejas, entre otros lugares, en las prisiones y en los zoológicos, pero nunca deben interrumpir los desplazamientos de la gente en las urbes.