La situación de PPK se había convertido en un verdadero tormento. Antes de dar a conocer los videos donde aparecían Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y la primera ministra, Mercedes Araos comprando congresistas y ofreciéndole obras en sus respectivas regiones, la oposición contaba con 84 votos, es decir, le faltaban tres votos para formar la mayoría de 87 requeridos según la Constitución, pero luego de difundirse los videos llegó 104 congresistas a favor de la vacancia, por consiguiente, no le quedaba otra salida que la de presentar su renuncia al Congreso.
PPK había aumentado enormemente el dossier acusatorio: ya no se refería a dos o tres consultorías a Odebrecht, justo en el período en que era ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo, sino a varios millones de dólares recibidos por un sinnúmero de “servicios prestados”, a un conjunto de empresas peruanas, lo cual lo califica como lobista profesional, (muy distinto a la condición de un empresario; PPK no crea puestos de trabajo, si no que usa sus conexiones políticas para ser a “sus clientes”).
Por su parte, el equivalente a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Perú está obligada a reportar movimientos financieros sospechosos: a petición de la Comisión Lava Jato el Congreso informó sobre los movimientos financieros del Presidente. Este Informe que fue filtrado a los medios de comunicación por miembros de esa misma Comisión tenía traspasos bancarios, por varios millones de dólares, desde Odebrecht a la empresa unipersonal de Kuczynski. Lo anecdótico es que aparecían gastos asignados a su chofer, (el más grave era el asignado al chofer, por la suma de 600 mil dólares, que si repartieran en diez años, daría un sueldo promedio mensual de 4.500 dólares mensuales), también aparece la asignación a su cocinera y a al jardinero, entre otros.
Aun cuando el Presidente haya dimitido y su renuncia sea aceptada por el Congreso, según la Constitución de ese país, estará libre de condena por un año, y como es también norteamericano, de seguro va a arrancar. El pobre chofer, en cambio, será acusado de lavado de dinero, que lo llevaría a prisión por al memos cinco años, (la igualdad ante la ley no ha existido nunca y en ninguna parte del mundo; con razón, Robespierre recalcaba que a pesar de la Declaración de los Derechos del Hombre, la igualdad no existe, pues en la Francia revolucionaria había esclavos en Las Antillas, en ese tiempo colonia francesa).
PPK tuvo que responder a más de cien preguntas, formuladas por los congresistas, miembros de la Comisión Lava Jato. Víctor García Belaúnde, por ejemplo, le preguntó cuántas personas y cuántas oficinas ocupaba la empresa West Capital, propiedad del mandatario; respondió, muy orondo, que una secretaria y una oficina en Miami; Víctor García volvió a preguntar “¿es sólo una cuenta bancaria?” “Así es”, respondió el Presidente.
El que haya mentido cuatro veces ante los medios de comunicación, al Congreso, a la Comisión investigadora de Lava Jato y al pueblo peruano, para él no significa nada, pues es un mitómano consuetudinario.
¿Cuáles pueden ser los nuevos escenarios ante la renuncia de PPK? En primer lugar, que asuma mañana el vicepresidente Martín Vizcarra; en segundo lugar, aunque improbable, que tanto Vizcarra, como Mercedes Araos no acepten el cargo, tendría que asumir el presidente del Congreso y, en un año, convocar a elecciones generales.
La opinión pública peruana, hasta ahora apática ante la crisis política, sólo sabe reaccionar con el grito unánime “que se vayan todos”, sin detenerse a pensar que quienes reemplacen a los políticos actuales podrían ser más ladrones que los actuales. En la historia es recurrente este hecho, por ejemplo, en Italia, a los ladrones democratacristianos y socialistas les sucede Silvio Berlusconi, de Forza Italia, pues a la mafia le importa poco con quién se alía; les da lo mismo ir a misa o ver programas de pornografía. Que a las niñas menores las violen los curas o Berlusconi y sus secuaces da lo mismo.
Pienso que la única forma de combatir la corrupción es la continua fiscalización del poder.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
21/03/2018