En momentos en que Bolivia ya comenzó sus alegatos en la Corte Internacional de La Haya, el gobierno chileno ya tiene preparada una defensa basada en una serie de tratados internacionales, como los son los tratados de 1904 y 1929, donde queda explícitamente claro cuáles son los márgenes limítrofes con nuestros vecinos, y los cuáles buscará hacer valer con todo el peso de la ley y el derecho internacional.
En este sentido, se debe entregar argumentos sobre la deuda del Estado hacia el pueblo Mapuche, pues también existen tratados y acuerdos internacionales que firmó el Estado de Chile, los que tienen el mismo valor legal, pero que sin embargo no ha cumplido con nuestros pueblos originarios en muchos años.
En efecto, el Estado chileno suscribió un tratado con la Nación Mapuche en el parlamento de Trapihue el 1 de enero de 1825, el que tiene como aspecto más importante el reconocimiento a la autonomía mapuche por parte del Estado. El artículo 18 señala: “Los gobernadores ó Caciques desde la ratificación de estos tratados no permitirán que ningún chileno exista en los terrenos de su dominio por convenir así al mejor establecimiento de la paz y unión, seguridad general y particular de estos nuevos hermanos.” Es decir, se reafirmaba la separación entre ambas sociedades como garantía de la paz en el mundo fronterizo, es más, el art. 30 dice “Queda obligado el Gobierno a facilitarles el paso para este y el otro lado del Biobío poniendo de su cuenta lanchas, balsas, o barquillos pequeños en los lugares de costumbre a fin de evitar incomodidades en su comercio, que podrán extender hasta lo último de la República con la condición precisa de saludar y pedir el correspondiente pasaporte por medio del Comisario al Jefe de Frontera”. Ergo, pedir pasaporte no es otra cosa que reconocer a una nación vecina.
Este tratado fue ratificado a fines del mismo año en el parlamento de Los Ángeles. Actualmente es omitido en la historia “oficial” de Chile porque entrega una sólida argumentación jurídico-histórica a los liderazgos mapuche, para exigir la reparación de la deuda histórica contraída por el Estado chileno.
Este tratado fue violado por el Estado en el genocidio de La Araucanía llamado “pacificación de la Araucanía”. Atendiendo esto, lo que habría ocurrido es que agentes estatales dispusieron de las tierras como si fuesen fiscales en actos nulos de Derecho público de acuerdo a la propia legislación chilena. Las reclamaciones por las posesiones no reconocidas –las tierras antiguas- persiste hasta nuestros días y que fue considerado en las recientes Conclusiones y Recomendaciones del Comité de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas.
Es importante destacar que Mariluan representó al pueblo Mapuche en esta negociación con el Estado chileno validado realmente y encomendado a resolver materias que afectaban a la nación, no fue a negociar por sí mismo para sí, no como lo hacen algunos que llaman a cumbres y parlamentos sin contar con el consenso y encomienda de toda la nación Mapuche.
En consecuencia, tal como las autoridades chilenas del nuevo gobierno exigen a nivel internacional que se respeten los tratados limítrofes que tenemos con los países vecinos, se debería partir respetando los tratados y acuerdos que ha sostenido el Estado de Chile con los mapuches y algunas entidades internacionales, como la ONU y la OIT.
Del mismo modo, es necesario que haya un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios y que este proyecto de nueva Constitución asuma, legalmente, la existencia de los pueblos originarios como ocurre en todos los países desarrollados del mundo. Hay que sacar a los pueblos originarios del estancamiento centenario con propuestas que se concreten en el tiempo, pero cuya discusión no se eternice, y tienen que adecuarse a nuestra propia condición de pueblo.
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Presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo del Liderazgo Indígena