Con el gobierno de Francia dispuesto a implementar a toda costa su polémica reforma ferroviaria, el país se encuentra hoy al borde un paro general de proporciones inéditas que podría significar un golpe importante a la economía.
Tras varios intentos infructuosos de llegar a una conciliación con las autoridades, los diversos sindicatos que representan a los trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) anunciaron su intención de llevar a cabo una huelga de amplias dimensiones.
‘La intersindical constata que el gobierno no tiene ninguna voluntad de negociar y por tanto toma la responsabilidad de un conflicto intensivo de larga duración’, declaró hace pocos días Laurent Brun, de la CGT, tras reunirse con sus colegas de Unsa, CFDT y SUD-rail, las principales organizaciones.
Los líderes sindicales convocaron a realizar un paro escalonado dos días de cada cinco, desde el 3 de abril hasta el 28 de junio, lo que significa un total de 36 jornadas de paralización de actividades en el servicio de trenes.
De confirmarse tal movimiento, muchos temen que la primavera se convierta en un caos nacional, en un país donde aproximadamente cuatro millones y medio de personas toman trenes diariamente para trasladarse al trabajo.
Asimismo, en mayo los franceses disponen de varios días feriados que suelen aprovechar para realizar pequeños viajes vacacionales a la montaña o a la costa, desplazamientos que pueden verse seriamente afectados por la huelga.
En general, la movilización podría tener un costo económico importante para las arcas de la SNCF, y también para muchos otros sectores relacionados estrechamente con el transporte, como el turismo.
Los organizadores del movimiento declaran estar conscientes de la magnitud de sus propuestas, pero lo consideran absolutamente necesario para salvar la SNCF.
De acuerdo con los detractores de la reforma, los planes del gobierno constituyen un serio peligro para la compañía, que durante décadas ha constituido un modelo del servicio público en Francia
Por su parte, la ministra de Transporte Elisabeth Borne presentó esta semana ante el Consejo de Ministros el proyecto de reforma y afirmó que su objetivo es lograr una mayor eficiencia en el sector.
De acuerdo con fragmentos citados por la prensa local, la polémica propuesta busca ‘mejorar el funcionamiento del grupo público ferroviario en el contexto de la aprobación de una apertura a la competencia en estos servicios de transporte’.
Entre las modificaciones previstas sobresalen precisamente la apertura a la competencia y la transformación del estatus de la SCNF, que pasaría a constituir una sociedad anónima.
El gobierno francés ha descartado que ello implique privatizar el grupo, pero los sindicatos y empleados de la SNCF afirman que ese sí sería el inicio de un proceso abocado a una futura privatización.
Otro aspecto ampliamente cuestionado es la supresión del estatuto de trabajador ferroviario, que hasta ahora garantizaba a los empleados determinadas ventajas salariales y sociales, como recompensa ante la dureza de esas labores.
También genera oposición el plan el gobierno de aprobar la reforma mediante decreto presidencial, sin acudir al debate parlamentario, lo que para muchos constituye un nuevo golpe a la discusión democrática en el país, como ya sucedió con la reforma laboral.
Las autoridades afirman que sí habrá concertación con los diversos actores involucrados, incluidos los sindicatos, pero estos últimos, evidentemente, desconfían de la voluntad oficial de escucharles.