El parlamento peruano decidirá mañana si admite para su debate una moción de vacancia (destitución) del presidente Pedro Pablo Kuczynski, por indicios de corrupción y mentiras que, según sus detractores, lo descalifican para el cargo.
Al mismo tiempo, la fiscalía anunció la apertura de una investigación por colusión a Kuzcynski a al exgobernante neoliberal Alejandro Toledo -de quien fue primer ministro y ministro de Economía- por posible colusión para favorecer a un consorcio transnacional otorgándole la explotación de un yacimiento de gas.
El pleno congresional está convocado para mañana y, según el reglamento parlamentario, la moción de vacancia debe verse en la sesión siguiente a la de su presentación, la semana pasada, según anotó el congresista opositor Daniel Salaverry.
Según el procedimiento, la admisión a debate deberá ser aprobada por 20 por ciento de los legisladores hábiles, es decir los 130 menos los ausentes con autorización, lo que no tendrá problema a la luz de la evidente mayoría que propugna el cese.
De admitirse la moción, el debate y la decisión de fondos deberán darse entre el tercero y el décimo día laborable, lo que descarta la presunción de Kuczynski de que el desenlace se postergaría hasta después de la Cumbre de las Américas, como consideraba posible el legislador derechista Mauricio Mulder.
El mandatario se refirió ayer al tema al hacer un optimista pronóstico de incremento de las exportaciones para ‘cuando termine mi mandato, que ojalá sea en 2021 y no pasado mañana como quieren algunos’.
Los problemas político legales de Kuczynski se incrementaron con la decisión de la primera Fiscalía Anticorrupción de Lima de iniciarle una investigación a él y a Toledo, por posible colusión por favorecer a la transnacional estadunidense Hunt Oil.
Según la fiscalía, Kuczynski firmó como ministro en 2014 el contrató que entregó la explotación del yacimiento de gas de Camisea a un consorcio encabezado por Hunt Oil, empresa a la que estaba ligado y a la que asesoró financieramente antes de ser ministro.
Para el Ministerio Público, las condiciones del contrato fueron adecuadas a los intereses del consorcio y Kuczynski solo ha admitido que su asesoramiento se limitó al aspecto del financiamiento del proyecto, algo similar a lo hecho por empresas a él ligadas para la empresa brasileña Odebrecht, motivo del proyecto de vacancia.
El abogado del presidente, Gonzalo del Río, alegó que la pesquisa es ilegal porque el tema fue investigado en 2013 y archivado, pero fuentes de la fiscalía señalan que hay elementos nuevos.
Por otra parte, Kuczynski deberá recibir el viernes próximo a la comisión parlamentaria investigadora de sobornos de empresas brasileñas, lo que aguardan sectores del parlamento para tomar una decisión sobre la destitución presidencial.
El interrogatorio enfrenta problemas por una polémica entre la presidencia y la comisión, debido a que la primera exige que los legisladores no ingresen al palacio de gobierno con asesores ni con ordenadores portátiles y teléfonos móviles, lo que ellos rechazan.
De otro lado, el Ministerio Público anunció que en la lista de convocados a declarar en una indagación paralela sobre los viejos vínculos de Kuczynski con Odebrechet, figura Nancy Lange, la esposa norteamericana del mandatario.