La noticia irrumpió en forma enteramente inesperada, como un relámpago en un día despejado, en medio del relajado verano santigüino, al darse a conocer en la prensa, radio y televisión que por primera vez en 37 años se realizará en Chile una investigación judicial de la muerte del presidente Salvador Allende, junto a la de otros más de 700 casos de violación de los derechos humanos cometidos bajo la dictadura, respecto de los cuales no se ha abierto hasta ahora acciones legales.
La ironía de la historia, que por cierto no ha pasado inadvertida, es que haya sido bajo el gobierno derechista de Sebastián Piñera en el que, por fin, vaya a realizarse una investigación de este tipo. La obvia pregunta parece formularse sola: ¿qué hizo en 20 años de gobierno el partido Socialista y la Concertación con el fin de esclarecer, científica o judicialmente, la muerte de Allende? No mucho, al parecer.
Todo el mundo sabe hoy que existen dos grandes versiones de la muerte del Presidente, la del asesinato y la del suicidio, y que ninguna de las dos ha podido, hasta ahora, ser demostrada, o refutada, de manera categórica; a pesar de los empecinados esfuerzos y los litros de tinta consumidos por los partidarios de uno y otro lado, con el fin de probar sus respectivas interpretaciones. Las razones de este impasse, por desgracia, no son igualmente conocidas: 1. la ninguna credibilidad de las informaciones propaladas por la dictadura acerca de la forma y circunstancias de la muerte de Allende en La Moneda; 2. la difusión, inmediatamente después del Golpe, de versiones contradictorias de la muerte del Presidente por parte de su propia viuda, doña Hortensia Bussi; 3. el ocultamiento, y luego la tardía aparición, del Informe de la autopsia de los restos del Presidente hecha por médicos militares la madrugada del 12 de septiembre; 4. el brillante discurso de Fidel Castro, en homenaje a Allende, improvisado en La Plaza de la Revolución, en La Habana, el día 28 de septiembre de 1973, que propagó mundialmente ciertos detalles míticos de la muerte de Allende, salidos de la fértil imaginación de Renato González, un joven GAP sobreviviente del combate de La Moneda. 5. Pero por sobre todo, ha sido un importante fuente de desconfianza y confusión pública, la manipulación de la muerte de Allende por parte de la Concertación, con el fin de poner la figura y legado del Presidente al servicio de su proyecto de “transición pactada” desde la dictadura a la Democracia Tutelada.
Con este fin se realizaron en 1990, bajo el gobierno de Aylwin, un conjunto de operaciones, semisecretas y públicas, consistentes en la exhumación y reducción nocturna de los restos de Allende alojados en el Cementerio Santa Inés de Viña del Mar; la sumaria “identificación”, por llamarle de algún modo, de aquellos restos por parte del doctor Arturo Jirón y, finalmente, el Funeral Oficial del Presidente, cuyo féretro fuera trasportado a alta velocidad por las calles de Viña del Mar y Santiago, con el fin manifiesto de impedir las expresiones de afecto y respeto popular hacía su líder, y a cuya ceremonia central, realizada en la plazoleta del Cementerio General, no tuvo acceso el pueblo (que fue apaleado sin asco aquel solemne día), sino sólo los participantes oficiales y los invitados extranjeros. Fue en este contexto, político y ceremonial, que se difundiría ampliamente y daría legitimidad, a la versión del suicidio como la verdadera causa de la muerte del Presidente, lo que llegaría a constituirse así en lo que hoy se denomina su “versión oficial”.(1)
A pesar de algunos cartuchos disparados cada cierto tiempo, y con escasa puntería, por los partidarios del magnicidio de Allende, posteriormente a aquellos actos, la versión oficial dominó mayoritariamente, por casi veinte años, la conciencia pública chilena. Pero a partir del 2008 lo que parecía “un caso cerrado”, como predicaba optimistamente desde su título aquel tendencioso documental español, fue abierto violentamente y de par en par por los inesperados descubrimientos y revelaciones hechos por el doctor Luis Ravanal, el primer perito forense chileno en darse el trabajo de examinar con mirada crítica el Informe de la autopsia de Allende, importante documento que la periodista Mónica González consiguiera sacar a la luz casi una década antes.
Las reacciones de los custodios de la verdad oficial ante las sorprendentes conclusiones y revelaciones del estudio del doctor Ravanal que, literalmente, demolían aquella trabajosamente montada construcción (2), no se hicieron esperar. Por ejemplo, la entonces diputada Isabel Allende, hija del Presidente, las calificó como “simplemente absurdas e incapaces de resistir el [menor] examen”.
Por su parte el doctor Patricio Guijón, testigo clave de la muerte del Presidente, declaró entonces con notoria beligerancia y gran desatino: “No sé qué querrá conseguir este señor Ravanal, no sé si es chileno, no sé si es japonés, médico no creo que sea… Pero yo estuve el 11 de septiembre en ese lugar [el Salón Independencia de La Moneda], y este señor no sé siquiera si había nacido en esta fecha”.
Es manifiesto que Isabel Allende y el doctor Guijón prefirieron entonces denostar y descalificar al trabajo del doctor Ravanal, en vez de haber reconocido públicamente que la muerte del Presidente no había sido, hasta entonces, adecuada y seriamente investigada, y que en casi dos décadas de hegemonía concertacionista nada efectivo se había hecho para llegar a establecer científicamente la verdad de aquellos transcendentales hechos.
Por eso que resulta curioso constatar que la senadora socialista se declare hoy incondicionalmente en favor de la investigación judicial de la muerte de su padre, y que, días atrás, el propio doctor Guijón haya concedido una entrevista en Radio Agricultura, de Santiago, en la que contrastó amigablemente su testimonio de la muerte de Allende con las observaciones de aquel mismo colega que ninguneara tres años atrás: el doctor Ravanal.
Pero más allá de las evidentes contradicciones de estas dos figuras públicas, que se originan, en última instancia, en su posicionamiento concertacionista ante la figura y legado del Presidente _es decir, el de un Allende que no sería ni marxista, ni revolucionario, ni antimperialista_a nuestro juicio, el significado e importancia de una investigación judicial de la muerte del presidente puede entenderse, como consistiendo, centralmente, en dos grandes posibles contribuciones:
A. permitirá incorporar al estudio, investigación y debate del caso una serie de documentos, fotografías y otros testimonios hasta ahora desconocidos, especialmente aquellos generados bajo la dictadura, los que nos ayudarán, tanto a expertos como a legos, a formarnos una visión más detallada y exacta de los hechos ocurridos aquel trágico día.
B. que ella hará posible, por lo menos en principio, que se puedan, eventualmente, llegar a establecer, “más allá de todas duda razonable”, las circunstancias exactas y las causas inmediatas de la muerte del Presidente.
Pero, independientemente de que una investigación judicial pueda llegar a resolver satisfactoriamente los principales misterios y dudas del caso, es manifiesto que hemos entrado en una nueva etapa investigativa, que, indefectiblemente, nos conducirá a nuevos y hasta ahora desconocidos territorios.
Notas.
1. Para una interpretación alternativa del suicidio del Presidente, véase: Hermes H. Benítez, LAS MUERTES DE SALVADOR ALLENDE, Santiago RIL Editores, 2006.
2. Las cuatro grandes conclusiones del estudio metapericial del doctor Ravanal son las siguientes;
1. Las lesiones descritas en el informe de autopsia del presidente Salvador Allende no son compatibles con un disparo de tipo suicida.
2. Se constata la existencia de al menos 2 impactos de bala ocasionados por 2 armas de fuego diferentes, uno que provoca un orificio de salida redondeado en la zona posterior de la bóveda craneana, y el otro que hace estallar el cráneo.
3. Dado que no se describen signos de vitalidad en la herida submentoniana, es posible concluir que se trata de una herida post-mortem.
4. Se confirma que el disparo [en] la región submentoniana corresponde a los llamados de corta distancia, lo que demuestra que no ha sido un disparo efectuado a boca de jarro o con apoyo, y por tanto no corresponde a una lesión típica de tipo suicida.