Jorge Barata, encargado de Odebrecht para Perú, se acogió a la delación compensada que, en la justicia brasilera, es muy estricta: el acusado debe aportar datos fidedignos y comprobables, y de omitir, mentir o no responder a una de las preguntas de los fiscales significaría, en el caso que nos ocupa, hasta 18 años de prisión; de cumplir los requisitos de esta figura judicial, Barata, el igual que su jefe directo, Marcelo Odebrecht, podría optar a una prisión domiciliaria e, incluso, a la libertad condicional, por consiguiente, tendría que ser muy imbécil este sujeto, para mentir u omitir.
Odebrecht declaró que su empresa tenía una “caja especial”, con contabilidad aparte, para pagar sobornos. Para que exista el delito de lavado de activos deben cumplirse dos condiciones: primero, que el dinero del pagador sea obtenido ilegalmente; segundo, que quien lo recibe debe saber o presumir que ese dinero es de mala procedencia.
La sola declaración de un testigo, en este caso, no es suficiente para acusar a un político, se requieren, además muchas pruebas fehacientes, además de otros testigos. En derecho, la prueba y el dolo es fundamental para encausar a un individuo.
Dos fiscales peruanos concurrieron a Brasil para presenciar el interrogatorio a Barata, que duró seis horas continuas; esta indagatoria estuvo referida a las tres elecciones presidenciales peruanas, la de 2006, 2011 y 2014.
Demás está anotar que en todo sistema legal y democrático los ciudadanos tienen derecho a la presunción de inocencia, por consiguiente, la prensa y la opinión pública no pueden dictar sentencia, pues se caería en juicios sumarios y en caza de brujas.
Las personas más perjudicadas con las declaraciones de Barata son el ex Presidente Ollanta Humala y su mujer, Nadine Heredia, ambos actualmente en prisión preventiva. Barata, en su declaración confirmaría haber entregado, en billetes, la suma de tres millones de dólares para la campaña del Partido Nacionalista; de ese dinero ya le había entregado un millón de dólares al dirigente Vladimir Garreta.
La lista de “beneficiados” sigue con la candidatura de Alán García, que recibió 200 mil dólares, de manos del ex ministro de Economía del gobierno del APRA, Luis Alba Castro. El actual Presidente, PPK, recibió de manos de Susana de la Fuente, las suma de 300 mil dólares. Por otra parte, Susana Villegas, ex alcaldesa de Lima, recibió 3 millones de dólares, entregados directamente por Jorge Barata. Alejandro Toledo, por su parte, exigió 35 millones de dólares para aprobar la concesión de la Carretera Interoceánica, y en este caso, por vía de su Guarda-espalda israelí, recibió 700 mil dólares. Otra de las implicadas en Odebrecht es Keiko Fujimori, que había recibido vía Augusto Bedoya y su jefe de campaña Jaime Yohiyama un millón doscientos mil dólares.
Como es lógico, todos estos acusados y los ex Presidentes – incluso PPK Presidente en ejercicio – niegan haber recibido estos dineros y alegan desconocer el hecho. Keiko Fujimori aprovecha las declaraciones de Barata, quien afirma no haber tenido ningún contacto con ella, para pedir el cierre de la causa; para su desgracia, el anterior a las declaraciones de Barata, según documento de extranjería, aparecen viajando juntos a Estados Unidos Augusto Bedoya y Jaime Yohiyama, lo que permite presumir una posible huida; claro, quienes los defienden sostienen que ellos viajan permanentemente al país el Norte.
En esta trama, Barata no sólo implicó a los políticos, sino también a empresas constructoras peruanas, entre ellas Graña y Montero a las que acusó de complicidad.
No sólo es letal para la política peruana el hecho de que todos los Presidentes, desde Alejandro Toledo hasta PPK aparezcan como denunciados por Marcelo Odebrecht y Jorge Barata de ser sobornados por ellos en base a una contabilidad especial, sino que también el actual primer mandatario, desde que fuera ministro de Economía del ahora prófugo Alejandro Toledo, haya ejercido la función de lobista de Odebrecht, haciendo pagar sus servicios a empresas personales o bien, del chileno, Sepúlveda, a sus colaboradores – el caso de Susana de la Fuente -.
Hasta el momento, los pagos por parte de la empresa Odebrecht, de la “caja negra”, ascendería a millones de millones de dólares, entre 2006 y 2014. La estrategia de esta empresa era invertir en las tres primeras opciones de cada elección presidencial y, como buenos apostadores, compraban boletos de ganador y placé. Cuando acertaron con Alán García, Toledo, Humala y PPK lograron adjudicarse todas las concesiones, y además, hacer fama como una gran empresa constructora., razón por la cual va a ser muy difícil acusar a los presuntos sobornados de lavado de activos, pues no daría en su época la condición de conocimiento, por parte del receptor, de dineros mal habidos.
Es comprensible que los ciudadanos peruanos estén indignados con la clase política y empresarial y que la podredumbre no sea soportable por más tiempo, sin embargo, la famosa frase “que se vayan todos” nunca ha servido para nada, pues quien sucede a estos políticos corruptos, a los pocos meses terminan más ladrones que los anteriores. Hay muchos ejemplos en la historia en que a los partidos tradicionales les suceden aventureros, demagogos y sinvergüenzas.
La clave de la corrupción estructural está en el poder y en la incapacidad, no sólo de las instituciones encargadas de controlar, sino en la estupidez supina de los electores, que siempre terminan conduciendo al poder al más ladrón de todos.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
04/03/2018