El golpe de Estado parlamentario, judicial y mediático, que logró sacar del poder a la Presidenta, Dilma Rousseff, sin ninguna prueba de delito político se ha extendido hasta hoy. Por lógica, a la caída de la mandataria, debería haber seguido el consecuente juicio penal, pero al no existir constancia de un atropello grave a la Constitución y las leyes, Dilma Rousseff podría presentarse como candidata a un cargo de representación popular.(es candidata a Senadora)
Dicho golpe de Estado ha tenido como objetivo borrar del escenario político al líder, Luis Inácio Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores, instalando políticas neoliberales similares a las de los Chicago Boys – las mismas que este grupo llevó a cabo en el Chile de Pinochet, y que aún perduran hasta ahora -, con la diferencia de que la dictadura brasilera se presenta bajo ropaje de democracia bancaria: se mantiene el Parlamento, el Poder Judicial y un Ejecutivo.
Los golpes mediáticos y político-jurídicos no requieren, como en el pasado, la toma violenta del poder por parte de las fuerzas armadas e, incluso, se pueden amparar en procedimientos aparentemente ajustados a la ley, pues la legalidad no tiene nada que ver con la legitimidad, y basta con iniciar una campaña calumniosa a través de los medios de comunicación, todos ellos monopolizados por la derecha, además de un poder judicial viciado e inclinado a castigar a las principales personalidades de la izquierda, en especial, Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores. Bastó que en parlamento predominara una derecha muy reaccionaria para que se dieran las condiciones para que los golpistas tuvieran éxito.
Brasil, actualmente, es una democracia fallida y se ve muy lejana a una salida de esta crisis política: el parlamento, de 500 miembros, integrado por 23 partidos políticos, ha sido secuestrado por las agrupaciones tradicionales, además de un sector anti-político, en su mayoría, canutos reaccionarios. La Prensa se ha coludido con el poder judicial e inventa héroes de papel, como es el caso del prevaricador juez, Sergio Moro, quien pretender ser tan brillante como Antonio di Pietro que llevó el caso “manos limpias”, en Italia, cuyo resultado – como sabemos – fue la aniquilación de los partidos políticos Democracia Cristiana y Socialista, y el triunfo del más corrupto de todos hasta ahora, Silvio Berlusconi quien está a punto de volver al poder <Italia es tan o más corrupta que en la posguerra> -.
Si verdaderamente se ejerciera la justicia en Brasil estarían en las cárceles 120 de los parlamentarios, sumado a la mitad de los empresarios y la mayoría de los dirigentes políticos. La justicia es un instrumento por medio del cual los fallos los dicta la Prensa, y el uso de instrumentos, como la delación compensada, es decir, un delincuente acusa al otro para obtener una rebaja de pena; por ejemplo, en el caso de Marcelo Odebrecht, a quien ofrecieron cambiar la prisión efectiva por la domiciliaria, que le permite instalarse en su mansión, ricamente decorada – con criados y vasallos, además de piscina, sauna, cine, campo de golf, entre otras comodidades. Es cierto que gracias a la delación se ha podido saber sobre los sobornos a los cuatro últimos Presidentes peruanos, además de otros mandatarios de América Latina y del Caribe.
A los moralistas poco les interesa que vaya a la cárcel los ladrones de la derecha neoliberal, al fin y al cabo el ogro filantrópico – el Estado – ese aparato inútil están hecho para que los millonarios roben a su amaño, por último, algunos serán elegidos hasta Presidentes de la República – es el caso de PPK –, y como los electores no son más que clientes, les gusta entregar el poder a millonarios, pillines y corruptos, que no necesitan robar, pues ya hecho un gran capital, producto de sus “esfuerzos y de su inteligencia superior”.
La derecha brasilera odia a Lula, no sólo por provenir de la clase obrera, un “roto” metido a gente, sino también por haber logrado durante sus dos mandatos sacar de la pobreza extrema a 30 millones de brasileros y colocar a este país-continente dentro de las principales potencias mundiales, como también el haber promovido gobiernos progresistas en la mayoría de los países de América Latina y haber integrado Brasil al BRIC, (Brasil, Rusia, India y China), que compite exitosamente con Estados Unidos y la Unión Europea.
El objetivo de la derecha es lograr, por la vía judicial, impedir que Lula da Silva sea candidato a la presidencia de Brasil, en las elecciones de octubre de 2018. En primera instancia, el juez Sergio Moro condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de activos; se acusa al ex Presidente de haber utilizado un edificio triplex, en la Costa del Estado de Sao Pablo, cedido por la empresa constructora OAS, pero el juez aludido no tuvo pruebas contundentes para afirmar su acusación: en primer lugar, no existe ningún traspaso del título de propiedad a nombre de Inácio Lula da Silva; en segundo lugar, no se probó que Lula haya utilizado la propiedad; en tercer lugar, no existe documento firmado que permite el derecho de usufructo o de comodato precario. El juez afirma que el fallo, al no existir pruebas contundentes, está basado en testimonios, como que dio Piñeiro, su antiguo amigo, bajo delación compensada, además de la convicción por parte del juez de que los delitos fueron cometidos.
En segunda instancia, los tres jueces del tribunal del IV Distrito confirmaron la sentencia por unanimidad, aumentando la pena de nueve años y medio a doce años y medio, sin agregar ninguna prueba a la causa.
La situación de Lula se ha tornado muy complicada, pues en 2010 se dictó una ley llamada “de ficha limpia”, por la cual ninguna persona puede presentarse a un cargo de elección popular si ha sido condenado en segunda instancia por un tribunal de justicia. La única salida a la cual podría recurrir el Partido de los Trabajadores es que el presunto delito habría sido cometido en 2009, y la ley no puede ser aplicada retrospectivamente.
A Lula le queda aún una instancia de apelación que es a la Corte Suprema, y la estrategia es atrasar, lo más posible, este fallo, a fin de llegar al mes de agosto, plazo final para inscribir candidaturas a la presidencia de la república.
El PT dice no tener Plan B, pues sólo con Lula puede asegurar el triunfo, quien tiene el 80% de la votación en noreste brasilero, la zona más pobre del país, y el 30% en todas las encuestas nacionales, y con un 20% de distancia del candidato más cercano.
Si Lula fuese eliminado judicialmente las elecciones serían declaradas fraudulentas por parte del Partido de los Trabajadores, y lógicamente, la crisis de la democracia inviable se prolongaría, lo que es una pésima noticia, no sólo para Brasil, sino también para el resto del Continente.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo). 27/02/2018