En la puerta de los Tribunales de Buenos Aires, familiares de víctimas de la dictadura y militantes de organizaciones de derechos humanos siguieron por pantalla gigante la sentencia del juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, realizado a fines de noviembre de 2017. El juicio duró 5 años y terminó con 29 condenados a prisión perpetua.
A 34 años de la recuperación democrática, la Justicia de Argentina tiene más de 500 causas en trámite por violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar (1976-1983). La elevada cifra habla de la vigencia del proceso de verdad y justicia, pero también de las demoras que oscurecen el escenario.
Desde que en 2003 se retomaron las investigaciones judiciales, se dictaron 200 sentencias, de las cuales solo 60 están firmes, mientras que 140 se encuentran en distintas instancias de revisión.
Así lo reveló un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualizado a diciembre de 2017, que detalla que hay 856 personas condenadas y 110 absueltas.
Al mismo tiempo, hay otras 393 causas en trámite y la pauta de las demoras está dada porque 247 de ellas todavía están en instrucción, la etapa inicial del proceso judicial, que precede al juicio oral y público, en el que se determina la condena o absolución de los acusados.
“Los juicios por los crímenes de la dictadura en Argentina han sido un ejemplo para toda la humanidad, porque no hubo otro caso así en el mundo. Y es muy positivo que el Estado esté transmitiendo hoy el mensaje de que los juicios siguen”, destacó Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diálogo con IPS.
“Sin embargo, las demoras son graves, porque estamos hablando de acusados que en la mayoría de los casos tienen más de 80 años”, puntualizó Cantón, actualmente secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, la más extensa y poblada del país.
“Que los juicios terminen es importante para todos: para que los acusados no se mueran con un manto de duda sobre ellos y para que las víctimas y toda la sociedad tengan justicia”, agregó
La última dictadura argentina fue responsable de un plan criminal que incluyó la instalación de cientos de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en todo el país. Organismos de derechos humanos señalan que son 30.000 las personas desaparecidas y muertas por la represión ilegal.
Luego de la recuperación democrática, el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) promovió la investigación y el castigo de los crímenes. El punto culminante fue el célebre Juicio a las Juntas Militares, que tuvo como acusados a nueve altos jefes de las Fuerzas Armadas.
Así, en 1985, el exgeneral Jorge Videla y el exalmirante Emilio Massera, hombres fuertes de la primera etapa de la dictadura, la más brutal de la represión, fueron condenados a prisión perpetua.
Sin embargo, bajo presión militar, en 1986 y 1987, el Congreso Nacional dictó las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que restringieron fuertemente las posibilidades de investigación y condena. El círculo fue cerrado por el presidente Carlos Menem (1989-1999), quien en 1990 indultó a Videla, Massera y al resto de los jefes militares presos.
Solo en 2001, un juez de primera instancia declaró inválidas las dos leyes exculpatorias, con el argumento de que los de la dictadura fueron crímenes contra la humanidad y por lo tanto no pueden ser objeto de amnistías.
Esa decisión marcó un cambio de época, reafirmada en septiembre de 2003, cuando el Congreso, a instancias del presidente Néstor Kirchner (2003-2007), declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
A partir de allí se retomaron las investigaciones judiciales y se removió el último obstáculo en 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia se pronunció por la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y por la imposibilidad de perdonarlos.
“Es muy importante que desde 2003 hasta hoy se hayan hecho 200 juicios, gracias al esfuerzo y el compromiso de víctimas y familiares”, consideró Luz Palmás Zaldúa, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la organización que promovió la primera declaración de inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, en 2001.
Palmás Zaldúa destaca algunos juicios en particular, como el del Plan Cóndor, que finalizó en 2016 con 15 condenados, “en el que se probó que existió un plan de represión política entre distintas dictaduras del Cono Sur”.
También valoriza especialmente el de los hechos ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino emblemático de la dictadura, finalizado en noviembre pasado con 29 condenados a cadena perpetua.
“Allí se probaron los llamados vuelos de la muerte, en los que fueron arrojadas al río, por ejemplo, las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo”, dijo Palmás Zaldúa a IPS.
La abogada, de todas formas, advierte que el proceso de justicia y memoria “atraviesa diversas dificultades, que son responsabilidad de los tres poderes del Estado”.
El CELS fue uno de los 13 organismos de derechos humanos argentinos que en octubre de 2017 denunciaron, en una audiencia ante la CIDH realizada en Montevideo, que el gobierno argentino debilitó o desmanteló dependencias oficiales dedicadas al relevamiento de documentos de la dictadura, con el fin de aportar pruebas a la Justicia.