La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de $70.000.000 (setenta millones de pesos) a la hermana de Rodolfo Valentín González Pérez, detenido desaparecido a contar del 23 de julio de 1974, en el marco de la denominada Operación Colombo.
En fallo dividido (causa rol 5.117-2017), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Carlos Gajardo, el fiscal judicial Jorge Norambuena y la abogada (i) María Cecilia Ramírez– ratificó la sentencia impugnada, dictada por el 22° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la acción civil por tratarse de un crimen de lesa humanidad.
“En suma y, a juicio de este sentenciador, la acción civil de perjuicios por la comisión de crímenes de lesa humanidad es imprescriptible, no tan sólo debido a que las normas de derecho internacional de derechos humanos, integradas a nuestra Constitución, obligan al Estado a reparar íntegramente los daños ocasionados a las víctimas de derechos humanos (de lo que se sigue que aplicando las normas de derecho interno tal reparación no sería íntegra, pues no abarcaría la sede patrimonial al imponer sucintos plazos de prescripción), sino que, además, debido a la necesidad de justicia que importa establecer un mismo estatuto jurídico de imprescriptibilidad para perseguir las responsabilidades penales y civiles que emanan del hecho ilícito de autos, cual es, el homicidio calificado de don Rodolfo Valentín González Pérez, en el sentido que siendo imprescriptible la acción penal, en consecuencia también debe entenderse imprescriptible la acción civil destinada a perseguir la indemnización de perjuicios por los daños causados”, sostiene el fallo de primera instancia, dictado por el juez Pedro García.
Resolución que agrega: “Que se hace lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral de fojas 200, deducida por doña IRENE SUSANA GONZÁLEZ PÉREZ en contra del demandado FISCO DE CHILE, todos ya individualizados, y se condena a éste a pagar en favor de la demandante la suma ascendente a $70.000.000 (setenta millones de pesos)”, concluye.
Decisión adoptada con el voto en contra del ministro Gajardo.
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