La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo que condenó al exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) César Manríquez Bravo a la pena de 13 años de presidio, por su responsabilidad en el secuestro calificado de Antonio Sergio Cabezas Quijada, ilícito perpetrado a partir del 17 de agosto de 1974, en el marco de la denominada Operación Colombo.
En fallo unánime (causa rol 878-2016), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Carlos Gajardo, Leopoldo Llanos y la abogada (i) María Cecilia Ramírez– confirmó la sentencia impugnada, dictada por el ministro Hernán Crisosto.
Asimismo, el tribunal de alzada ratificó la absolución por falta de participación de los agentes Ricardo Víctor Lawrence Mires, Alejandro Francisco Astudillo Adonis y Demóstenes Eugenio Cárdenas Saavedra.
En primera instancia, el ministro Crisosto logró establecer los siguientes hechos:
“Que en horas de la mañana del día 17 de agosto de 1974, Antonio Sergio Cabezas Quijada, militante del Partido Socialista (PS), fue detenido en su domicilio ubicado en calle Agustinas N° 1442, Depto. 902, de Santiago, por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo trasladaron a un lugar que se desconoce.
Que nunca más se supo de paradero de Cabezas Quijada, quien se encuentra desaparecido hasta la fecha.
Que el nombre de Antonio Sergio Cabezas Quijada apareció en un listado de 119 personas, publicado en la prensa nacional luego que figurara en una lista publicada en la revista “LEA” de Argentina, de fecha 15 de julio de 1975, en la que se daba cuenta que Cabezas Quijada había muerto en Argentina, junto a otras 59 personas pertenecientes a grupos de izquierda, a causa de rencillas internas suscitadas entre esos miembros.
Que las publicaciones que dieron por muerto a Antonio Cabezas Quijada tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior para encubrir la desaparición de personas detenidas por sus agentes”.
En el aspecto civil, la Primera Sala confirmó la resolución que acogió demanda y condenó al fisco a pagar una indemnización total de $300.000.000 (trescientos millones de pesos), a la cónyuge, hijos y hermanos de la víctima.