Noviembre 16, 2024

Veinte años no es nada

Como en el tango de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, veinte años no es nada y es febril la mirada errante en las sombras. Pero hay situaciones por las que vale la pena detenerse a analizarlas aun cuando hayan trascurrido 20 años.

Más bien, precisamente por eso.

 

 

Es el caso de la presentación, aquel 12 de enero de 1998, en nombre y representación del Partido Comunista de Chile, de la primera querella criminal directamente dirigida en contra del dictador Augusto Pinochet por el conjunto de crímenes de lesa humanidad perpetrados a partir del 11 de septiembre de 1973 y de los que fue su principal responsable.

Una acción judicial que realizamos junto a la inolvidable Gladys Marín que encabezaba ese grupo, y acompañados de los abogados Graciela Alvarez, ya fallecida, de Julia Urquieta, Ramón Vargas, José Cavieres y Alberto Espinoza.

No fue una idea súbita sino el resultado de una larga reflexión y análisis de varios años acerca de  la situación objetiva del poder judicial chileno, su integración, las conductas de sus miembros y el aliento permanente que daban las luchas de las agrupaciones de familiares de las víctimas.

Todo azuzado además por el hecho vergonzoso de que Pinochet, que había continuado siendo  comandante en jefe del ejército durante esos años – que algunos irónicamente  llamaron “transición” – había sido además promovido a ¡¡Senador Vitalicio!! Una de las peores vergüenzas de aquellos sectores  que negociaron con la dictadura. Una povocación al pueblo de Chile.

No era sencillo predecir el futuro de la querella, puesto que aunque las normas jurídicas nacionales e internacionales favorecían su procedencia, el poder de la Derecha golpista estaba intacto. Favorecido además por la actitud de los gobiernos de la época.

Pero se impuso la razón y triunfaron la verdad y el Derecho. Los tribunales aceptaron a trámite la querella y a las pocas horas estaba designado para asumir su tramitación el juez Juan Guzmán Tapia.

Y, sencillamente, cambió la historia del país. No sólo la judicial. También cambió – para bien – la política, la ética, la conciencia social.

Se acabó para siempre el invulnerable Pinochet. Un par de meses luego que presentáramos la querella rol N° 2182 – 98 ( que hasta hoy individualiza a una buena parte de todos los procesos en curso ), ya se habían sumado decenas y decenas de nuevas querellas. Juan Bustos, Carmen Hertz, y tantos otros excelentes abogados patrocinaban casos específicos de la mayor importancia y hacia fin de año los abogados superábamos la veintena y las querellas eran más de quinientas.

El dictador – que juró en marzo de ese mismo año como senador vitalicio – viajó luego a Londres sin importarle la existencia de otra querella en su contra, esta vez en España a cargo del juez Baltasar Garzón y que impulsaba un grupo de juristas españoles, entre ellos Joan Garcés que había trabajado en Chile durante la Unidad Popular junto al presidente Salvador Allende.

Pero la prepotencia del dictador llegó a su fin cuando la policía británica le informó que estaba detenido y en trámite para ser extraditado a España. Allí debió haber llegado el tirano. Sólo le salvó de la cárcel en Madrid la actitud cobarde del gobierno chileno de la época. Otro ejemplo de lo que fue la conducta política de la coalición gobernante esos años.

Chile es hoy el país del continente con mejores resultados concretos en materia procesal penal relacionada con crímenes de lesa humanidad. Estamos cerca de las 2 mil causas en movimiento en manos de jueces de dedicación exclusiva ; hay decenas de condenados, muchos a cadena perpetua y una larga lista de procesados a la espera de su condena. Se avanza en los juicios por detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados. Hay reparación material en muchos casos a los familiares de las víctimas.

Nada de esto habría sido posible sin el paso dado hace 20 años.

Una palabra especial para el juez Juan Guzmán Tapia que no vaciló en procesar a muchos de los culpables, incluído Pinochet. Aunque se ha tratado de ignorar la realidad, lo concreto es que el dictador falleció estando en condición legal de procesado y con detención domiciliaria. El valor del magistrado hizo posible una nueva realidad en el país.

El curso de los procesos interrumpió además de algún modo el contubernio político y económico entre el pinochetismo y parte de los sectores que habían sido oposición a la dictadura, pero que terminaron asumiendo el modelo impuesto mediante el golpe del 73. De nada  les valió ni la “mesa de diálogo” ni otras medidas tendientes a impedir el curso de los trámites judiciales. La investigación de tribunales ha ido dejando en claro paso a paso la responsabilidad de muchos uniformados y civiles que trataron de posar como blancas e inocentes palomas.

 

Claro está, lamentablemente no todos los culpables están en prisión.

No son pocos los militares, carabineros, policías, políticos, empresarios y personajes vinculados a los medios de comunicación que han eludido – hasta ahora – el rigor de la justicia. Esperamos que se logre reducir el número de los que han eludido su responsabilidad.

Con todo, el balance es extraordinariamente positivo. Estamos convencidos que más adelante el 12 de enero del 98 – hoy ignorado en general – será sin duda valorado como un día especial. Porque además honra todo el heroico trabajo anterior de aquellos abogados y abogadas que se jugaron la vida desde los primeros años de la dictadura en defensa de los derechos de los perseguidos por la derecha terrorista. El esfuerzo de los juristas de primera hora, como de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad, del Codepu y de todas las organizaciones humanitarias y de familiares, está muy presente en la victoria lograda ese 12 de enero. 

Fue el día en que se impuso el respeto a la ley penal, a los tratados internacionales suscritos por Chile respecto de los llamados crímenes contra la Humanidad. Es preciso que las jovenes generaciones conozcan de esta realidad, la estudien y analicen, porque además bien sabemos que, aunque de modo diferente, la historia puede repetirse. Sobre todo si los factores del poder concreto y efectivo sigue estando en las mismas manos.

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